La admisión a trámite de la denuncia por los préstamos en Gijón abre una nueva vía para frenar el desahucio de Gama

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La lucha por evitar el desahucio en Gama de la vivienda está forzando a Héctor, el hijo de la familia que ha tenido que afrontar la estrategia de defensa de la propiedad, a estar constantemente pendiente del calendario judicial.

En principio, la fecha que tenían marcada en el calendario como nueva cita para el desahucio era este jueves: el juzgado de Santoña entendió que no había posibilidad de encajar este caso en la paralización que se arbitró desde el Gobierno central a raíz de la pandemia y que se ha ido prorrogando.

Sin embargo, esta cita del jueves no implica automáticamente la expulsión de la vivienda: en realidad es, según explica el propio Héctor a EL FARADIO, lo que se fijó fue un plazo para el abandono de la vivienda por sus propios medios. Una vez vencido ese plazo lo que tendrá que hacer el juzgado es fijar ya una fecha concreta para el lanzamiento, y esto todavía no ha pasado.

En cualquier caso –en la lucha por la vivienda nada es sencillo- el caso de Héctor tiene otra derivada judicial, pues al final todo esto deriva de un préstamo al margen de los bancos que el padre de Héctor solicitó para adaptar la vivienda a la discapacidad de su hermano.

Tanto el padre –en ese momento en una difícil situación económica—como el hermano fallecieron, y Héctor se encontró con muchas dudas sobre el préstamo que le llevaron a contactar con más afectados por los mismos prestamistas asturianos y a iniciar un proceso judicial por ahí.

Esa parte también es complicada, pero hace días se admitió a trámite un recurso sobre la parte del proceso de la denuncia colectiva, de varios afectados, en Gijón, lo que puede llevar a que se tomen más declaraciones, tanto de afectados como de implicados en la concesión del préstamo. De hecho es tan densa que se ha detectado a más personas vinculados al préstamo de las localizadas inicialmente, en un grupo del que Héctor enumera antecedentes legales que cubren tipos como la estafa, el narcotráfico o la trata de mujeres.

Es ahí donde ambos procesos podrían cruzarse: dado que el proceso sobre el préstamo y sus circunstancias afecta al bien que podría perder Héctor, la vivienda, se pedirá, este mismo miércoles, la suspensión de todo lo relacionado con esa vivienda por cuestión de prejudicialidad penal, es decir, por haber un proceso vinculado a él al que podría afectar el otro.

De modo que ahora –no es el único proceso judicial, en cualquier caso—el caso está pendiente, por un lado, de como evolucione esa demanda colectiva, por lo penal, y, por otro, de o que se acepte la suspensión por este motivo o de que se fije una fecha nueva.

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