La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Eugenia Gómez de Diego, ha calificado de “histórico y profundamente social” el texto del Proyecto de Ley de Vivienda de Cantabria, aprobado por el Consejo de Gobierno y que ahora debe afrontar la tramitación parlamentaria.

Durante la reunión del Observatorio de Vivienda y Suelo, que ha tenido lugar hoy en el Palacio de Festivales, Gómez de Diego ha resaltado que “era un compromiso de la Consejería presentar en esta legislatura un proyecto de ley de Vivienda”, un texto que recoge un amplísimo conjunto de iniciativas que facilitan la incorporación al mercado de más viviendas en alquiler asequible y medidas que promueven la movilización de la vivienda vacía.

Según ha indicado la consejera, el texto define por primera vez la función social de la vivienda y define expresamente los conceptos de vivienda vacía, infravivienda o vivienda sobreocupada. “A través de esta ley nos obligamos los poderes públicos y al Gobierno de Cantabria a tener una estrategia clara para el acceso a la vivienda; aumentar la oferta de vivienda de alquiler, la reducción del número de viviendas vacías e incentivar actuaciones de regeneración urbana y la rehabilitación de edificios bajo criterios de accesibilidad y eficiencia energética, son los objetivos a alcanzar en el medio y largo plazo”.

La nueva ley permitirá contar con una base legal para poder luchar contra los problemas que ocasiona que sea exclusivamente el mercado el que decide “quién tiene acceso a la vivienda y quién no, a quienes expulsa y a quién no, cuando se trata de una necesidad vital de la que va a depender el desarrollo de otros derechos.”

La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Eugenia Gómez de Diego, preside la reunión del Observatorio de la Vivienda y el Suelo de Cantabria.

La norma se asienta sobre tres pilares básicos; el primero, favorecer el acceso a la vivienda en alquiler como medio de acceso universal a la vivienda, de manera que pueda adaptarse a las situaciones socio económicas de las personas a lo largo de su vida y nadie quede en situación de exclusión por no tener acceso a un crédito.

El segundo pilar es el fomento de la rehabilitación, la renovación y la regeneración urbana como una fórmula para optimizar recursos, recualificación los espacios de convivencia y preservar los recursos naturales.

El tercer pilar es la protección de los sectores con mayores dificultades en acceder a una vivienda mediante la ampliación del parque público de vivienda en alquiler.

El texto normativo, que ahora pasa al Parlamento de Cantabria para su aprobación, establece el tratamiento de situaciones ‘anómalas’ que supongan un incumplimiento de la función social (vivienda vacía, infravivienda y vivienda sobreocupada) con la puesta en marcha de un registro de viviendas deshabitadas que deben haber sido declaradas, previamente, vacías.

Prevé también la puesta en marcha de herramientas para promover la transparencia y profesionalización del sector inmobiliario, para lo que contempla la creación del Registro Autonómico de Agentes Inmobiliarios con el fin de garantizar la protección de los consumidores y el Registro Autonómico de Arrendamiento de Viviendas para el control de los contratos de arrendamiento.

El documento recoge la obligación por parte del Ejecutivo de definir una estrategia de vivienda cada 5 años.

Marcado carácter social y un Plan de Vivienda

Eugenia Gómez de Diego ha explicado que esta Ley de Vivienda detalla los principios y objetivos de la acción pública en materia de vivienda, así como el régimen competencial de las Administraciones implicadas en llevarlo a cabo, unas políticas que quedarán plasmadas en un Plan de Vivienda dirigido a favorecer el acceso a la vivienda en alquiler, ampliación del parque público de alquiler y la promoción de la rehabilitación edificatoria y la regeneración urbana.

Se presta una atención especial y se regulan las posibilidades de acceso de las personas en situación de riesgo o vulnerabilidad, con la propuesta de que se elabore un Plan de rehabilitación y ampliación del parque público de vivienda autonómico, con la posibilidad de que puedan establecerse convenios con entidades sin ánimo de lucro o privadas para la gestión de alojamientos dotacionales o de las viviendas.

Se establece el tratamiento de las situaciones anómalas de las viviendas que supongan un incumplimiento de la función social de la propiedad y el régimen sancionador en materia de vivienda, con el procedimiento de detección y acreditación del uso inadecuado y las medidas para su corrección, como son el registro de viviendas deshabitadas para las que hayan sido declaradas vacías, la declaración de inhabitabilidad de las viviendas, o la expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad.

En las zonas de mercado residencial tensionado, la Administración autonómica podrá imponer la obligatoriedad de la construcción de viviendas de alquiler asequible en todas las reservas de suelo del entorno.
Transparencia y profesionalidad

Para garantizar y fomentar la transparencia y profesionalización del sector inmobiliario, así como la calidad del proceso edificatorio de las viviendas, se crea el registro autonómico de agentes inmobiliarios para garantizar la protección de los consumidores, y se establece con carácter obligatorio, la suscripción de una nota de encargo para poder ofertar y publicitar inmuebles de terceros.

Con este mismo fin se establecen los requisitos que debe cumplir la publicidad e información en la oferta de viviendas en venta o arrendamiento, así como el proceso de venta de viviendas o de alquiler. Se crea el registro autonómico de arrendamientos de viviendas para el control y conocimiento de los contratos de arrendamiento.

Además, el conocimiento del valor real de las rentas permitirá realizar políticas de vivienda en materia de alquiler más ajustadas a la realidad del mercado.

Por último, la ley crea el marco de desarrollo de las actuaciones de rehabilitación y de renovación, y regeneración urbana, un campo “prioritario”.

Observatorio de vivienda y suelo

El Observatorio de vivienda y suelo es un grupo de trabajo formado por representantes de la administración, FEMP, agentes sociales, sindicatos, entidades financieras para el estudio, seguimiento, y debate en materia de vivienda, cuyas conclusiones y propuestas pueden ser utilizadas por la Consejería competente en materia de vivienda, a la que se adscribe el Observatorio, en el ejercicio de sus competencias.