Registros y detenciones por parte de la UDEF y la Agencia Tributaria en la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria

Un equipo conjunto de la UDEF y la Agencia Tributaria ha llevado a cabo una investigación al aparecer presuntas irregularidades. El Juzgado nº5 de Santander ha ordenado registros en la propia Consejería, en domicilios particulares y también en varias empresas
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Fuerzas del orden registran durante esta mañana la sede de la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo. Fuentes consultadas por El Faradio confirman que se ha producido una detención relacionada con la Jefatura de Carreteras, pero también ha habido algunas más de administradores de empresas que han tenido relación, mediante contratos, con la Consejería.

Precisamente por esa investigación de contratos, se ha procedido a realizar registros en esas empresas y también en domicilios particulares. Concretamente son nueve localizaciones las que estaban señaladas en la investigación.

El caso se encuentra bajo secreto de sumario. Partió de la aparición de presuntas irregularidades, y de ahí que se formara un equipo conjunto entre la UDEF (la unidad de delitos financieros de la Policía Nacional) y la Agencia Tributaria para investigar, hasta que se judicializó el asunto y los registros y detenciones han sido ordenados por el Juzgado de Instrucción nº5 de Santander.

La Consejería de Obras Públicas ha cancelado su agenda para el día, y el consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, ha comparecido en rueda de prensa, aunque no ha podido dar mucha información, precisamente por el secreto de sumario.

Gochicoa ha explicado que el registro en la Consejería se circunscribe a una pequeña zona de una sola planta del edificio, y sí se ha referido a un funcionario afectado por esta investigación.

Gochicoa ha garantizado «transparencia máxima» y «colaboración máxima con la Justicia» para «esclarecer» los hechos, así como que «si hubiera cualquier tipo de irregularidad en cualquier tipo de contrato o con cualquier funcionario, nosotros nos personaríamos como perjudicados», si bien el secreto de sumario acordado no les permite disponer de más información.

El consejero ha admitido su «disgusto» y ha explicado que no tenían ningún tipo de información previa, ni de denuncia previa, recordando que se trata del Servicio de Carreteras, en el que trabaja gente con mucha experiencia y que ha trabajado con todos los partidos.

El titular de Obras Públicas ha confirmado que un funcionario «de dilatada experiencia» de ese servicio ha llamado por teléfono para asegurar que hoy no acudiría a trabajar por problemas personales, si bien ha evitado relacionarlo con la operación.

Ha defendido que es un servicio «eficaz», que ha trabajado «siempre bien» en competencias como las carreteras, mantenimiento o vialidad invernal, si bien ha aclarado que si hay alguna irregularidad, espera que «caiga todo el peso de la Ley».

No ha querido hablar sobre futuras consecuencias de estos sucesos, porque ha querido insistir en que primero quiere enterarse de lo que está sucediendo, en cuanto a personas afectadas, los motivos de la investigación y los hechos que se han detectado como irregulares.

 

 

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