La adjudicación del servicio de atención al público en los centros de interpretación de Cantabria incluía , mucho más allá de la mera adjudicación de un contrato, una interesante disputa en la que una asociación muy ligada al territorio como es la Red Cántabra de Desarrollo Rural se postulaba frente a empresas importantes de dimensión estatal como la multiservicios EULEN o directamente globales, como una filial de la omnipresente ACS que finalmente se ha revelado como la mejor posicionada.

En concreto, se trata de un contrato de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Y distinto al de Naturea, también ligado al conocimiento de los espacios naturales a través de los centros de interpretación, y que ya viene gestionando la Red Cántabra de Desarrollo Rural, que precisamente trataba de hacer valer esa experiencia acumulada en la gestión del contacto con el territorio y el  medio ambiente a la hora de conseguir este proyecto.

Al concurso (4,5 millones de euros durante 5 años) concurrieron empresas como Talher, Eulen o Salzilo Servicios Integrales, según la tramitación consultada por EL FARADIO.

Salvo esta última, una empresa murciana que presta distintos servicios para administraciones públicas, las otras son empresas potentes cuyo ámbito de actuación excede de lo local y que pueden encuadrarse en el mundo multiservicios, una fórmula que se ha generalizado en los últimos años como vía de prestación de distintos trabajos, a la que han ido evolucionando gigantes de las infraestructuras como Ferrovial –lo que le permitió en su día hacerse con la gestión de servicios en Valdecilla, ahora en manos de fondos financieros–.

Así, Eulen es una empresa estatal especializada en prestar servicios externalizados (servicios públicos que la administración deriva a empresa), que comenzó su actividad con la limpieza, sumando después la seguridad y añadiendo más empresas y especializaciones. El grupo cuenta con más de 7.000 clientes en 14 países, más de 75.000 empleados en plantilla, más de 60 servicios en el mercado y ventas que superan los 1.400 millones de euros en 2020.

Y Talher, encaminada a asumir el contrato a falta de los últimos pasos, es una empresa de servicios  ambientales presente en todo el territorio nacional, englobada dentro del grupo Clece (palabras mayores: 75.000 personas en España, Portugal y Reino Unido, con servicios que van de la atención a mayores a la jardinería, el alumbrado público, entre muchos otros.

Y que a su vez forma parte del grupo ACS, empresa español de alcance global con presencia en Alemania, Argentina , Australia, Austria, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Hong Kong, India, Indonesia, México, Nueva Zelanda, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Singapur y una treintena de empresas o filiales integradas en el conjunto del grupo, que hace tiempo que va más allá de la construcción o las infraestructuras, llegando también a la gestión de servicios sociales, urbanos o energéticos.

Talher cuenta con un equipo multidisciplinar de más de 1.200 trabajadores y  entre sus clientes se engloban Endesa, gobiernos autonómicos como los de Castilla y León o La Rioja, entre otros, en áreas como los parques y espacios verdes, la gestión forestal,educación ambiental o gestión turística y cultural.

Frente a esos dos gigantes se había logrado posicionar la Red Cántabra de Desarrollo Rural, que llegó a presentar una baja temeraria –un descuento respecto al precio planteado por la administración, y una fórmula a la que, paradójicamente, suelen recurrir muchas de las empresas grandes para conseguir la adjudicación–, y que se pudo permitir al ser una asociación que no tiene el ánimo de lucro entre sus obligaciones más allá del mantenimiento del empleo, pero sin la exigencia del beneficio.

EL CONTRATO

En concreto, según la documentación consultada por EL FARADIO, el contrato se centra en el servicio de atención al público de los Centros de Interpretación de Cantabria, espacios ligados a la difusión del patrimonio natural que dependen directamente del Gobierno.

Esto engloba la atención al público a través de los guías, tareas de sensibilización sobre el patrimonio natural y biodiversidad, así como la limpieza de las instalaciones y la creación de contenidos de uso público en materia de educación ambiental ligados a estos espacios.

Son centros ligados a espacios protegidos, como el Monte Hijedo, el Embalse del Ebro, Santoña o los Collados del Asón, entre otros.

Y el contrato se fijaba en un valor de 4,5 millones de euros en dos lotes, por un período de 5 años de duración.

El arranque del contrato se fijaba, en principio, a partir del 1 de diciembre de 2022, o a partir de la fecha de formalización del contrato si se superaba ese plazo, como de momento está sucediendo.

El conjunto del proceso arrancó en octubre de 2021.

LA RED JUGÓ FUERTE

La Red Cántabra de Desarrollo Rural es una  asociación sin ánimo de lucro que busca poner en marcha iniciativas que persigan el desarrollo de las zonas rurales de Cantabria, que nace en el año 2002 bajo el lema ‘Cantabria Rural’ fomentando iniciativas europeas, nacionales y regionales entre los entonces seis Grupos de Acción Local de Cantabria (Asón- Agüera, Saja-Nansa, Campoo-Los Valles, País Románico -Interterritorial-, Liébana y Pisueña-Pas-Miera).

Durante el proceso se advirtió de lo que se conoce como baja temeraria, que significa que uno de los aspirantes planteó su oferta en términos económicos mucho menores que lo calculado por la administración.

Dentro de la competencia entre empresas por conseguir contratos con la administración, la baja temeraria o desproporcionada es una figura que se ha generalizado y que en muchas ocasiones emplean las empresas más grandes, que se pueden permitir rebajar los márgenes de beneficio o compensar esa cifra con otras empresas, cuando hablamos de grandes grupos.

Los propios pliegos (el documento del Gobierno en que se fijan las condiciones que deben cumplir los aspirantes al servicio, desde los costes hasta las prestaciones) tenían como principal criterio para puntuar quién lo lograba en base a la oferta económica.

En este caso, la baja la presentó la Red Cántabra de desarrollo Rural, a la que se pidió que se justificara el ahorro, de en torno a 185.000 euros, y que la Red explicaba como consecuencia de medidas en materia de personal, además de por disponer ya de vehículos propios para el trabajo por parte de la Red, lo mismo que los equipamientos informáticos.

Además, reivindicaba que dado que es una asociación y no una empresa, no busca el beneficio económico, por lo que no reflejaba esa búsqueda del beneficio en su propuesta, cifrando el ahorro por ahí en unos 60.000 euros, como estipulaba el pliego.

En una oferta que el Ejecutivo acabó considerando «notablemente inferior a la que se considera técnicamente suficiente para poder cumplir las necesidades que se pretenden atender y puede poner en peligro la futura ejecución del contrato».