Son 159 las personas trabajadoras cuyo empleo está en serio riesgo. Si no aceptan el traslado a Viladecans (Barcelona) o Jaén, se quedarán en el paro. Trabajan en Maliaño, en lo que fue Unitono, ahora es Digitex, pero con las empresas Konecta y Comdata detrás, fusionadas el pasado verano. Al fondo del todo aparece Intermediate Capital Group (ICG), una firma de capital riesgo que tiene muchos más negocios en su cartera.

Según la página web de esta empresa, que fue creada en 1989, manejan activos por valor de más de 67.000 millones de euros (cifra del pasado 31 de diciembre de 2022), algo así como 20 veces el Presupuesto de Cantabria de este 2023. La cifra que aparece al lado es que tienen 575 empleados fijos. No parecen muchos para realizar operaciones de tanto valor económico. Ya se sabe, máximo beneficio en el menor espacio de tiempo posible.

Siempre según su sitio web, ICG cuenta con oficinas en 16 países: Estados Unidos, Australia, cuatro estados asiáticos y 10 europeos. Uno de estos últimos es España, con la sede de la oficina, abierta en 2003, en la calle Serrano de Madrid, en plena Milla de Oro, junto a la plaza de Colón. Un distinguido lugar de la capital.

Presumen de ser un grupo empresarial que busca grandes ganancias para sus clientes en «ambiciosos negocios», remarcando esa idea de que aquello en lo que emprenden tiene grandes garantías de éxito económico. Citan la compra de otras empresas, llamándolas transacciones «corporativas» y «oportunistas». Se podría pensar en movimientos estratégicamente bien pensados para invertir en los mercados de valores y así disparar su rentabilidad.

Sin embargo, en un vistazo por la hemeroteca, se puede ver que también el de las residencias de mayores es un sector por el que han decidido apostar. ICG está detrás de DomusVi, el mayor grupo empresarial de España en lo que a los geriátricos se refiere y el tercero de toda Europa.

Según una información de Infolibre, firmada por el periodista Manuel Rico, que acaba de recibir un premio por su trabajo de investigación respecto a lo sucedido en las residencias de mayores durante la pandemia, ICG es el máximo accionista de ese grupo desde el verano de 2017, y tiene montado un verdadero entramado empresarial para que los ingresos que percibe terminen en la isla de Jersey, pasando antes por Luxemburgo, dos territorios (uno británico y otro de la UE) que han sido señalados en numerosas ocasiones por ofrecer ventajas a las empresas asimilables a las de un paraíso fiscal.

Ese mismo artículo sostiene que el principal cliente de DomusVi en España es la Administración Pública, ya sea a través de gobiernos autonómicos, forales o locales. Es decir, que el dinero público es un sustento fundamental de la empresa, para que después busque vericuetos fiscales y que así el negocio le salga todavía más redondo.

Según la web del grupo, DomusVi también tiene presencia en Cantabria. Concretamente, tiene dos residencias: la Stella Maris, en la calle Guevara de Santander, y también otra en Liencres, en el municipio de Piélagos.

Otro de los movimientos que llama de la atención de ICG es del pasado otoño de 2022. En realidad, se trata de un movimiento del Grupo Carlyle, el fondo de inversión que está detrás de Comdata, la empresa fusionada con Konecta, que hizo una transacción de 500 millones de euros para adquirir la mayoría del grupo Garnica, una empresa española puntera en la fabricación de contrachapados, y que estaba en manos de ICG, según publicaba el diario Expansión.

También los proyectos de energías renovables entran dentro del radar de acción de este fondo británico. También el pasado otoño adquirían una empresa que se llama Dos Grados Capital. Dice llamarse así por el objetivo de mantener el incremento de la temperatura media global del planeta muy por debajo de los dos grados respecto a los niveles preindustriales. Se dedica a apoyar inversiones y que esos proyectos sean financieramente sostenibles.

Actualmente, esta empresa tiene su radio de acción en España y Portugal, pero anuncia que, a medio plazo, también tendrá proyectos en Francia. Se fija en inversiones relacionadas con proyectos eólicos y fotovoltaicos, y cuenta con la participación de una vieja conocida de la industria de Cantabria como Sidenor, también según Expansión.

En este caso, se anunciaba una inversión de 200 millones de euros para tratar de hacer avanzar a la empresa y que sus pasos sean cada menos pequeños y se conviertan en pasos más agigantados. Como los gigantes contra los que creía luchar Don Quijote de la Mancha, y que ahora son molinos con unas aspas enormes y muy distintas de las que eran típicas en el siglo XVII.

En Cantabria se ha vivido un movimiento vecinal que trata de frenar este tipo de proyectos. Hemos pasado de ver cómo no había avances en cuanto a la energía eólica, más allá del único parque construido en Soba, a que surgieran decenas de proyectos de golpe y pareciera que hubiera demasiada prisa por instalar varios. Uno de los argumentos aportados por personas de ese movimiento es que el rápido crecimiento que se pretende quedaría en manos de muy pocas empresas.

El pasado verano también surgió otro noticia de inversión de ICG en España. El Confidencial publicaba que había unión entre este fondo con otro también británico, Roebuck Asset Management, para invertir 400 millones de euros para poder crear una cartera conjunta de activos logísticos de última milla, es decir, plataformas desde las que poder repartir bienes a clientes a pequeñas distancias.

No se debe olvidar que ICG tiene un componente inmobiliario. Es lo primero que se suele pensar cuando se habla de fondos de capital riesgo. Intentan aprovechar oportunidades para hacerse con inmuebles también para sacarles la máxima rentabilidad, ya sea mediante su posterior venta, su alquiler o para utilizarlos como alojamientos turísticos.

Entre los movimientos de ICG en España, destaca la operación de compra que llevaron a cabo en 2021 de seis supermercados de Eroski, uno propiedad del grupo de distribución y otros cinco propiedad del grupo inmobiliario Armuco, en el que Eroski contaba en el momento de la compra (2018), con un 45% de su capital, como explicaba La Vanguardia.

En el pasado, ICG también tuvo la mayoría del accionariado de la cadena de clínicas dentales Vitaldent. Entró en 2016 y se salió en 2019, según webcapitalriesgo, portal especializado en operaciones de este tipo de empresas.

Eso nos hace recordar el caso, más cercano, de Portobello. Este es un fondo español, quien compró parte de la participación de Ferrovial en los servicios no sanitarios de Valdecilla, y que durante la pandemia vio como otras empresas con participación suya obtenían rescates con dinero público. Era el caso de Vivanta, otra cadena de clínicas dentales (nada menos que 40 millones de euros recibió), pero también la cadena hotelera Blue Sea Hotels, Mediterránea de Catering, servicio de restauración con mucho peso en lo sanitario y 15, al margen de la SEPI, para Sidecu, que gestiona la cadena de gimnasios Supera.

Bienes inmuebles, incluidas grandes superficies, clínicas dentales, residencias de mayores, industria de contrachapados, reparto de mercancías, energías renovables o el sector del telemarketing, donde ahora se juegan 159 empleos en Maliaño porque una empresa decide que es mejor que trabajen a centenares de kilómetros de distancia sin un motivo económico de peso, obligándoles a cambiar de vida o a ser despedidos.