El próximo día 19 de mayo se cumple un año del suicidio de dos hermanas de 70 y 79 años que iban a ser desahuciadas de un piso de la calle Burgos de Santander.

Hace sólo dos días, un hombre de 54 años, vecino de Paiporta (València), se ha suicidado cuando la comitiva que iba a ejecutar la orden de desahucio se disponía a entrar en la vivienda en la que residía.

No son casos aislados. Según el INE, en 2021 (último año del que se conocen los datos completos) se produjeron 4.003 suicidios en España y los datos del primer semestre del 2022 informan de un aumento del 5,1% con respecto al año anterior. Extrapolando los datos, en 2022 el número de personas fallecidas por suicidio podría estar en torno a los 4.200 aproximadamente.

Existen numerosos estudios que vinculan las crisis económicas y, por ende, el aumento de los desahucios con tasas de suicidio significativamente más altas. Y está documentado el vínculo entre los desalojos y la aparición abrupta de sintomatología de ansiedad, de depresión y del trastorno por estrés postraumático. Y dicha sintomatología, así como los trastornos asociados, están en la base de la gran mayoría de los intentos de suicidio. En cualquier caso, no hace falta ser un especialista en Psicopatología para comprender la situación de desamparo, el aislamiento y los sentimientos de culpa e inutilidad que sufren las personas en riesgo de desahucio. No sabemos los datos específicos porque ninguna institución oficial los publica ni los analiza para evitar el supuesto “efecto llamada”. Por ello, no sabemos si son 200, 300 o 500 los suicidios por desahucios cada año, pero sí sabemos que son muchos, más de un centenar los casos contabilizados que son hechos públicos por los medios de comunicación.

Diferentes instituciones (Fundación para la Prevención del Suicidio, INE, Plan de Acción de Salud Mental del Ministerio de Sanidad) remarcan que en España se producen más de 10 suicidios al día (el doble de personas que por accidente de tráfico), que más de 8.000 personas intentan quitarse la vida cada año, que tres de cada cuatro suicidios los cometen los varones, que las causas económicas que conllevan la pérdida grave de la calidad de vida de la persona están detrás de casi el 50% de los suicidios o sus intentos y que el mayor número de suicidios (40 %) se produce entre los 40 y los 59 años. Con estos datos, lo lógico y ético sería que las distintas administraciones propusieran medidas para intentar solucionar o, al menos, paliar este grave problema. Sin embargo, la falta de medidas y de partidas presupuestarias dignas es notoria.

Se pide a los servicios sociales que emitan informes de vulnerabilidad sobre los afectados por los lanzamientos y, sin embargo, a pesar de la existencia de esos informes, no se hace nada. Políticos y jueces siguen mirando hacia otro lado aunque luego se lamentan de forma hipócrita cuando se hace pública la muerte por suicidio de alguna persona afectada por un procedimiento de desahucio. En particular, la propia Administración autonómica es especialmente responsable, ya que está obligada por ley a ofrecer una alternativa habitacional a todas aquellas personas o familias en situación de riesgo de desahucio. Pero todas las instituciones son cómplices en las muertes de cientos de personas al año.

Todo lo que invierten los poderes públicos consiste en colocar números de teléfono al alcance de las personas en riesgo de autólisis. Nadie puede estar en contra de ello, pero los teléfonos nunca son medidas suficientes en caso alguno. Son pequeños parches sobre una herida que afecta a miles de personas. Se necesitan, sobre todo, más medios de prevención y muchos más recursos en materia de salud mental. En concreto, más servicios con profesionales especializados en ayudar psicológicamente a las personas en riesgo inminente de desahucio. Y también son necesarias leyes que valoren la situación psiquiátrica y psicológica, mediante pruebas periciales sufragadas por el propio sistema público, de cara a la suspensión de los desahucios. Ahora mismo, la situación de salud, ya sea física o mental, no afecta lo más mínimo a los procedimientos judiciales que terminan en lanzamiento. Lo cual refleja, bien a las claras, la pobre sensibilidad de la mayoría de nuestros jueces y funcionarios. Pero, sobre todo, es necesario atajar una de las causas principales del problema. Es decir, las diferentes administraciones deben cumplir con su obligación y poner a disposición de estas personas viviendas de alquiler social.

Para muchas de ellas, el desahucio es percibido como la última hostia que te da la vida. Evitemos que lo sea.

Roberto Mazorra es portavoz de la Red Antidesahucios,  afectado por un desahucio inminente y neuropsicólogo de profesión