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Protocolo y desahucios
||por Iñaki Vía, miembro de la Comisión de Estrategias de la PAH||
Mes a mes, nuevamente y sin descanso, se incrementa el número de lanzamientos. De desahucios.
Hechos traumáticos donde los haya.
No se me ocurre otra situación , instalada ya en la vida cotidiana social, tan traumática. Situación que puede desembocar incluso en suicidio. Bueno … sí. Sí se me ocurre. Los asesinatos de mujeres producto de la violencia de género. Pero .. a lo que iba.
Los desahucios no paran , y las administraciones públicas no están preparadas para paliar las consecuencias que acarrean para quienes los sufren.
Y no están preparadas, porque no tienen la voluntad de hacerlo.
Porque no les importa lo más mínimo el sufrimiento de los desahuciados.
Y no es opinión. Son hechos.
Llevamos muchos años en ésta situación, y sin un protocolo de actuación concreto, efectivo y eficaz ante los desahucios.
Un PROTOCOLO que contemple:
– La información precisa al afectado sobre su caso particular.
– El asesoramiento concreto por parte de la abogacía de oficio, sobre su contrato hipotecario o de alquiler, en coordinación con los servicios sociales.
– La intermediación , en búsqueda de soluciones , y la urgencia necesaria en emitir los informes de vulnerabilidad pertinentes.
– Y finalmente, en caso de no haber podido evitar el desahucio, activar respuesta urgente que proporcione realojo, escolarización, servicio de guardamuebles y ayuda psicológica.
Protocolo que debe ir acompañado de una normativa legal que obligue a bancos y grandes tenedores, a facilitar un interlocutor autorizado, con nombre, dirección física y electrónica, y estar permanentemente localizable, con el fin de poder proceder a la intermediación.
Porque ése es el sencillo truco que utilizan para no prestarse a negociar.
Estar ilocalizable.
Y la administración no hace nada al respecto.
En lugar de éso , recibimos siempre la misma respuesta. La misma cantinela: » No tenemos vivienda para ofrecer alternativa habitacional. No tenemos presupuesto «.
Mentira miserable.
Sólo en Santander, según datos del propio Ayuntamiento, hay del orden de 2.500 viviendas vacías.
Luego la solución ya está construida. Pasa por movilizar ese parque. Por dotar presupuesto correspondiente para ésa movilización.
En eso consiste gobernar.
En tener claro las prioridades. Y de un presupuesto para Cantabria de 3.500 millones de euros, se tiene que dotar partida suficiente para la solución habitacional y alquiler social.
¿ Cómo si no , se va a conseguir «la Cantabria de las oportunidades y solidaria » que promete Buruaga ?
El resto son escusas de mal pagador.
¿ Saben para qué, año tras año, legislatura tras otra , sin fallar una , sí preparan partida presupuestaria ?
Para subir exponencialmente el sueldo de la clase política.
Porque son , mejor dicho se sienten, de otra clase.
Aunque muchos no sepan hacer » la o con un canuto » .
Distan mucho de ser élites profesionales e intelectuales. La mayoría, por no decir casi todos , jamás cobrarían ésos sueldos de no estar y vivir de la política.
De vivir de nuestros impuestos.
¿ Y qué recibimos a cambio ?
Yo se lo digo. Desahucios sin alternativa.