El aumento de población en la zona oriental por el turismo o las segundas residencias estables durante el verano o los fines de semana no sólo tiene efecto en los servicios sanitarios, como denunciaban este verano desde los sindicatos con presencia en la sanidad pública.

También en los juzgados se produce, según recoge la Memoria Judicial de 2022 elaborada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y consultada por EL FARADIO, un incremento de la litigiosidad, tanto en el orden civil como el penal, que no se corresponde con la distribución, fija por órgano, del personal que atiende cada Juzgado, si bien se considera que el funcionamiento general es adecuado.

La creación de nuevos Juzgados o refuerzos se canaliza a través de peticiones del TSJC o el Gobierno de Cantabria al Ejecutivo central, que es el que finalmente los aprueba.

En el caso de Castro, el partido judicial (la demarcación a la que afecta en términos de Administración de Justicia) abarca a Castro-Urdiales, Guriezo y Valle de Villaverde, e incluye tres Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, que deben asumir, aparte de los procesos que entren, funciones como la el registro civil o la violencia de género.

Se producen otras circunstancias, por ejemplo en el Juzgado número 1 de Castro, como una gran movilidad de personal (cambios, ascensos o sustituciones) que hace que en los dos últimos años, sólo permanezcan en el mismo puesto dos de los diez funcionarios con que se contaba.

En el número 2, que es el que tiene las competencias en violencia sobre la mujer, estas nuevas responsabilidades se suman al reparto habitual de casos, o a la falta de estabilidad en quién es el titular del Juzgado. Allí, de los datos estadísticos se desprende que existen numerosos asuntos pendientes de incoar, especialmente en penal. En cuanto a los asuntos civiles, destaca el número de ejecuciones abiertas, en torno a las 1.000, muchas de las cuales llevan paralizadas un tiempo considerable. Los datos revelan, en todo caso, el retraso que lleva el juzgado, no por falta de personal para tramitar la entrada normal de casos, sino por los acumulados, que requerirían algún refuerzo, aunque fuera personal

En el número 3, también con bastante movimiento en las plazas, se observa un repunte en los procedimientos ingre­sados, y un incremento de los juicios verbales, así como una subida de los procedimientos abreviados (los casos que desembocan en juicios) pendientes de tramitar.

OTRAS PARTICULARIDADES QUE AFECTAN A LA JUSTICIA EN CANTABRIA

Si en Castro Urdiales se cuentan con estos factores diferenciales del incremento de la población o la inestabilidad en las plazas, otros partidos judiciales presentan otros elementos diferenciales.

Así, en Santoña sucede que se reciben “constantemente” trámites que proceden de El Dueso y de los que se encarga el Juzgado local (en concreto, los exhortos, peticiones de documentación o colaboración que realizan otros juzgados, por ejemplo, de otras comunidades que gestionen casos, juicios, condenas, etc, que acaben en este penal).

Esto supone que, pe­riódicamente, una persona dedique gran parte de la mañana a tramitar estas peticiones, desplazándose físicamente al centro, “lo que le impide realizar de for­ma más eficiente su labor en este Juzgado”.

Por eso, el TSJC reclama, un año más, la creación de una oficina judicial en el propio centro penitenciario para la tramitación directa, sin necesidad de acudir al auxilio de los Juzgados de Santoña, de todas las dili­gencias requeridas por los órganos jurisdiccionales del territorio nacional.

Y en Me­dio Cudeyo existen dos centros de internamiento de menores, lo que con­lleva una importante dedicación de los recursos materiales y humanos, por lo que el TSJC considera que resultaría conveniente ampliar la plantilla de la sección civil con otro funcionario.

En el Juzgado de lo Social n.º 1 también se detecta la «acusada» inestabilidad de la plantilla, lo que repercute negativamente en el funcionamiento del ór­gano por la dificultad de adquirir la experiencia y formación necesaria para el adecuado desempeño de la actividad.

Allí se han continuado produciendo sucesivos ceses y bajas de parte del personal (en especial del cuerpo de tramitación y del de auxilio), y sucesivas coberturas por medio de diversas fórmulas (bolsa de interinos, sustitución verti­cal, comisión de servicios), lo que ha determinado que las mismas plazas hayan estado sucesivamente ocupadas por distinto personal, a veces sin experiencia previa en la tramitación en general o en el orden social, y sin formación específi­ca, teniendo que ser formado y ayudado en sus tareas por el resto del personal.

Ello ha provocado numerosas incidencias en la tramitación, con nece­sidad de numerosas subsanaciones o suspensiones (en ocasiones por falta de citación de partes o testigos).

Esta situación supone, además, un sobreesfuerzo para el magistrado, de­bido a la necesidad de un mayor control de las resoluciones de tramitación, como providencias, muchas de las cuales tienen que ser devueltas para su sub- sanación.

Sin olvidar que en general en la jurisdicción civil el hecho de que el Banco Santander tenga su domicilio social (su sede central) en la capital cántabra se traduce en que lleguen aquí, o puedan llegar, casos relacionados con productos financieros de la entidad de origen cántabro.