El coordinador general de Izquierda Unida Cantabria, Israel Ruiz Salmón, ha preguntado a la presidenta del Gobierno autonómico, María José Sáez de Buruaga, si “va a dejar pasar la oportunidad” de que el Estado condone casi 700 millones de euros a Cantabria, el equivalente al 21% de la deuda pública de la comunidad.

Así se ha dirigido el líder de IU a la presidenta del PP tras “las aireadas” declaraciones de ésta y su partido, “que deliberadamente leen lo que les interesa del acuerdo entre PSOE y ERC con respecto a Cataluña, pero se olvidan de que ese mismo texto recoge, literalmente, que a la condonación de la deuda se podrán acoger todas las comunidades del régimen común en el que está Cantabria”.

Ruiz Salmón opina que “lo que le molesta al PP es que no van a gobernar España y sus aspavientos sólo tratan de agitar el malestar de la mano de la extrema derecha, a la cual han unido su destino”.

IU desgrana que Cantabria tiene una deuda pública de 3.378 millones de euros (cifras de 2022), de la cual 3.100 millones se deben al Estado. Según cálculos de la coalición cántabra, la comunidad podría reducir 620 millones de deuda principal con el Estado y 77 millones de intereses. “¿Va a decirle Buruaga a las familias cántabras que va a renunciar a tener menos deuda y así poder dedicar más presupuesto cántabro a los servicios públicos? Si es así, que sea valiente y lo diga”, ha enfatizado.

Y recuerda que en la última legislatura el gobierno de coalición hizo transferencias extraordinarias a Cantabria por valor de 506 millones “sin que tengan que ser devueltos”, de los cuales 98 millones corresponden a condonación de liquidación negativa del año 2020, 161 fueron del fondo Covid, y 63 millones del IVA retenido por el ministro de Hacienda del PP en la etapa de Rajoy, Cristobal Montoro, el de la amnistía fiscal a defraudadores. “Dentro de la mala memoria del PP, seguro que de esto último sí que se acuerdan”, ironiza el portavoz de IU.

“Condonar deuda a las comunidades autónomas es de justicia y, además, hay que hacerlo con el compromiso de que los recursos públicos se dediquen al sostenimiento y la mejora de los servicios básicos como la educación, la sanidad o las políticas sociales, competencias transferidas a las comunidades”, continua.