Entre gritos de «absolución», «nos tocan a una, nos tocan a todas», «ni gente sin casas ni casas sin gente» o «violencia es subir el alquiler» han sido recibidos y arropados en los juzgados de la calle Alta, Javi y Borja, los dos activistas que hace tres años intentaron frenar un desahucio en Astillero y que hoy afrontan un juicio, acusados ellos.

Representantes de distintos colectivos sociales, organizaciones por el derecho a la vivienda, activistas o personas particulares, más de sesenta personas, se han sumado al llamamiento del colectivo ‘Ni desahucios ni represión’, creado a raíz de este caso y que ha tratado de sensibilizar sobre cómo esta causa aúna ambas cuestiones: el problema de la vivienda y el de la represión de las protestas. Una concentración esta mañana y una manifestación a la tarde, desde el Reenganche (la calle Burgos) hasta el Ayuntamiento, pasando por los juzgados y la Oficina de Vivienda, justo enfrente.

En el Juzgado hoy tocaba que se practicaran todas las pruebas, tantos las declaraciones de acusados y denunciantes, como las testificales, también ver los vídeos que se tenían de aquel día de julio de 2020, cuando Javi y Borja acudieron a impedir que una familia se quedara sin vivienda.

Javi y Borja están acusados de tirar vallas, provocar lesiones en la mano de un Guardia Civil o romper un casco, cuando, según recalcan, lo que sucedió fue que un miembro del colectivo fue “arrastrado por la fuerza por la Guardia Civil hacia dentro del portal”, esto es donde no se podía “ver lo que pasaba”, donde, añaden, fue agredido e insultado, sin que la denuncia que él interpuso como víctima fuera aceptada.

Al respecto, critican el “trato desigual” que han sufrido frente a sus denunciantes, que en su día sí pudieron declarar por escrito. Lo que plantean es que la acción de tirar la valla, que causó lesiones a un agente, según se plantea, no tuvo la intención de hacer daño.

Foto: Radio Argayo

Según el abogado defensor, ha quedado acreditado que Javi no cometió los hechos que se le imputan, y que queda en manos de la jueza dirimir si Borja tuvo intencionalidad a la hora de tirar la valla.

El caso es que ahora la Fiscalía ha rebajado su petición de pena para los acusados, de 18 a 12 meses de cárcel, una buena señal para los acusados. Aunque es posible que tarden semanas en conocer el veredicto.

Hay otra cuestión en la que la defensa ha querido hacer hincapié: son las dilaciones indebidas en el proceso. Los hechos se produjeron en julio de 2020, hace más de tres años, y apenas se han abierto diligencias durante este tiempo, con lo que se trata de una fase de instrucción demasiado larga, más de lo necesario.

Este hecho, como es lógico, afecta a los acusados, que ven una situación de estrés y angustia que se alarga en el tiempo. Por eso, el abogado de los acusados ha solicitado que, si al final el proceso tuviera una condena como resultado, se tomen esas dilaciones indebidas como una atenuante muy cualificada.

Por la tarde llegaba el turno de la manifestación, donde decenas de personas han pedido de manera insistente que no haya «ni desahucios ni represión», que era el nombre de la campaña impulsada en el caso concreto de Javi y Borja. Los compañeros de Radio Argayo han seguido esta movilización en directo.

Con un poco de lluvia acompañando a los asistentes, el recorrido no era el más fácil y cómodo para unir la Plaza del Reenganche con la del Ayuntamiento. La idea era volver a pasar por los juzgados y por la Oficina de Vivienda, el lugar donde se produjo la concentración matinal y que supone atravesar el Cabildo de Arriba, un barrio agujereado por los solares y donde la problemática de la vivienda se deja sentir, derribo de la Cuesta del Hospital aparte.

Esa calle sirve para bajar hasta la Plaza del Ayuntamiento, que es donde concluía la manifestación con la lectura de un comunicado. En él se reflejaba el camino de esta campaña, más de tres años desde el desahucio y los incidentes que hoy han desembocado en los tribunales.

Se subrayaban también las diversas luchas que confluyen en algo tan grave como dejar a familias sin su vivienda. La precariedad que sufren familias por no tener trabajo, por tener un precio cada vez más alto en las cosas que necesitan para vivir, mientras las administraciones no terminan de atender estas necesidades.

Y el fin de la vigencia del Decreto que ha servido como paraguas a algunas familias, el aprobado en plena pandemia, es hasta el 31 de diciembre. De momento, no se sabe si el nuevo Gobierno, el que comenzará, previsiblemente, su andadura este jueves, lo extenderá durante más tiempo.

LOS DESAHUCIOS

Desde el colectivo ponen el acento en lo que originó todo, los desahucios, la dificultad del acceso a una vivienda y de afrontar el pago cada vez más elevado de alquileres e hipotecas, así como el “chivo expiatorio” de la ocupación –estadísticamente irrelevante en Cantabria- para “desviar la atención” de las prácticas de expulsión de vecinos por parte de fondos de inversión o entidades bancarias.

Asimismo, inciden en que estas convocatorias para frenar desahucios son el “último recurso” para “impedir lo que a veces no es posible conseguir previamente con otras formas de presión y denuncia”, recordando que los colectivos de vivienda, como la PAH o STOP DESAHUCIOS, realizan un trabajo cotidiano de apoyo y asistencia a afectados en momentos de extrema preocupación.

En cualquier caso, abogan por no ver lo sucedido como “un hecho aislado”, sino que lo enmarcan en una “hostilidad permanente” contra el movimiento de vivienda y sus integrantes: sin ir más lejos, recientemente se ha conocido la sanción de 600 euros a uno de los participantes en la acción para tratar de frenar el desahucio del activista Roberto Mazorra.

LA PAH PIDE ANTE EL ENCUENTRO DE MINISTROS DE VIVIENDA EUROPEOS EN GIJÓN QUE SE HAGA PERMANENTE LA MORATORIA ANTIDESAHUCIOS

La otra cita del día relacionada con la vivienda era en Gijón, donde se celebra el encuentro de ministros de Vivienda europeos, dentro de los actos de la presidencia semestral española de la Unión.

Allí, miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca a nivel estatal, con presencia de representantes de la PAH de Santander, advirtieron de que si se acaba la moratoria antidesahucios aprobada durante la pandemia y prorrogada después, se dejará a miles de familias en la calle. Reclaman que estas medidas se conviertan en permanentes y un plan de choque para hacer frente al problema de la vivienda.