Un año después de que Ecologistas en Acción Cantabria presentara ante  al Defensor del Pueblo una denuncia sobre «la grave situación del vertedero de residuos químicos de Isla de Solvay», el informe recibido argumenta la necesaria limpieza del vertedero.

Ecologistas en Acción llegó a este punto, según explican sus responsables ante «la negativa del Gobierno de Cantabria a declararlo suelo contaminado y proceder a su limpieza». Argumentaban que tras las denuncias realizadas ante las consejerías para declara suelo contaminado el vertedero y proceder a su limpieza, solo obtenían negativas. Por eso  pidieron ayuda al Defensor del Pueblo que ha enviado su informe el pasado 22 de diciembre.

En el documento, elaborado tras recabar los informes solicitados a la CHC y la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente sugiere a la consejería «que inicie y resuelva el procedimiento de declaración de suelos contaminados, de acuerdo con lo establecido en la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular».

El informe también recomienda que «en la declaración de suelo contaminado establezca las medidas necesarias para proceder a su descontaminación, con el fin de recuperarlo y situar la concentración de contaminantes en niveles de riesgo aceptables para la salud humana y el medio ambiente, teniendo en cuenta el uso del suelo en el momento de producirse la contaminación».

Ecologistas en Acción recuerda que el vertedero de la conocida como Isla de Solvay «ha sido utilizado durante decenios para depositar los residuos generados por la empresa Solvay, como PCBs, hidrocarburos, metales, compuestos organoclorados,…con altas concentraciones en suelo y aguas subterráneas, quedando pendiente de estudio, en el capítulo de incertidumbres, los efectos sobre la salud humana por posible inhalación, contacto o consumo de pescado, en el entorno del vertedero, considerando el riesgo inadmisible si se considera activa la lixiviación, según refleja el informe realizado por la empresa Kepler Ingeniería».

Añaden que el informe de la empresa Kepler Ingeniería se realizó por encargo de SAITEC SA., contratada por la Confederación Hidrográfica, al ser esta ubicación la elegida en 2019 para la construcción de la EDAR que sustituirá a la actual, pero posteriormente fue descartada como consecuencia del citado informe.

Y recuerdan que «se descartó dicha ubicación a pesar de que, en el Estudio de Impacto Ambiental de las 7 posibles ubicaciones, sometido a información pública en 2017, se citaba que, de ser elegida la Isla de Solvay, se procedería a la retirada previa de los residuos allí depositados».

Ecologistas en Acción entiende que  «tanto la consejería competente como la empresa generadora del problema, Solvay, han de asumir sus responsabilidades dentro del marco legislativo y jurídico vigente, sobre todo después de la contundente llamada de atención del Defensor del Pueblo».

Y concluyen afirmando que «es inadmisible que los residuos tóxicos permanezcan almacenados en una isla como herencia envenenada para las futuras generaciones, provocando un progresivo deterioro ambiental en el entorno de la ría San Martín, víctima de una contaminación histórica».