Este primer caso llega este martes a la Audiencia Provincial de Cantabria. Se trata de un caso donde el acusado lo es por abusar sexualmente de una mujer a la que conoció de madrugada en una discoteca de Santander.

Según el escrito de calificación de la fiscalía, ambos mantuvieron relaciones sexuales consentidas, pero en un momento dado el acusado se retiró el preservativo sin avisar a la mujer, la puso de espaldas y la penetró analmente de manera repetida.

Los hechos constituyen, según el ministerio fiscal, un delito de abuso sexual con penetración, merecedor de una pena de seis años de prisión, siete años de prohibición de acercarse o comunicar con la mujer, seis años de libertad vigilada tras la salida de prisión y cinco años de inhabilitación para desempeño que conlleve contacto con menores.

En concepto de responsabilidad civil, la fiscalía solicita que el procesado indemnice a la mujer con 5.000 euros por los perjuicios morales causados.

La acusación particular, que ejerce la mujer, eleva la petición de pena de prisión a ocho años. Además, pide nueve años de alejamiento y prohibición de comunicación, ocho de libertad vigilada y seis de inhabilitación para profesión con menores.

La petición de indemnización que realiza la víctima asciende a 15.000 euros.

Caso de agresión sexual

También el martes se producirá un juicio por agresión sexual. En esta ocasión, se trata de un hombre y una mujer que se conocieron a través de una red social de citas. Según la fiscalía, el acusado y la mujer intercambiaron mensajes y luego sus números de teléfono. A partir de entonces “fueron continuas” las conversaciones entre ambos.

A los pocos días, el acusado “se mostró muy interesado en visitarla” y concertaron una cita. Quedaron, comieron y se dirigieron a casa de ella donde él “se desnudó y, tras inmovilizar y golpearla”, le obligó a que le hiciese una felación, “sujetándola bruscamente” de la cabeza llegando a arrancarle pelo.

Después, “comenzó a golpearla, mediante azotes en el pecho y en las nalgas”, la llevó por la fuerza a la cama y, al tener problemas de erección, la penetró con sus dedos. La mujer logró abandonar súbitamente su casa.

Los hechos constituyen, según la fiscalía, un delito de agresión sexual merecedor de una pena de doce años de prisión, quince de prohibición de comunicar o acercarse a la mujer y diez de libertad vigilada.

El ministerio público solicita, asimismo, que el procesado indemnice a la mujer con 6.000 euros por los daños morales que le ha causado. La acusación particular que representa a la mujer se suma a la petición de penas de la fiscalía y eleva la solicitud de indemnización a 12.000 euros.

Delito de explotación sexual y corrupción de menores

El miércoles por la mañana llegará hasta las Salesas un juicio a un hombre acusado de contactar con cuatro adolescentes a través de Instagram y proponerles sexo a cambio de dinero.

Según la fiscalía, el acusado, que padece una discapacidad intelectual que le afecta levemente, contactó a través de una cuenta de Instagram con cuatro chicos, de entre trece y quince años de edad, a los que les propuso “en numerosísimas ocasiones” encontrarse para mantener relaciones sexuales. “Con el fin de convencerles de que accediesen a sus reiteradas peticiones, les ofreció diversas cantidades de dinero, que sin embargo los menores no aceptaron”, añade el escrito.

Los hechos constituyen, según el ministerio público, cuatro delitos continuados de explotación sexual y corrupción de menores, con la concurrencia de la circunstancia atenuante de la responsabilidad penal de alteración mental.

La pena solicitada para cada delito es de cinco años de prisión, así como siete de alejamiento y prohibición de comunicar con los adolescentes, diez de libertad vigilada y veinte de inhabilitación para desempeño con menores.

Como indemnización, la fiscalía pide que abone mil euros a cada uno de ellos en concepto de daño moral.

Juicio contra un hombre por abusar de su hija

Ya en la jornada del jueves se producirá un proceso con un hombre acusado de abusar, en repetidas ocasiones, de su hija de 13 años.

La fiscalía relata en su escrito de calificación que el acusado, al menos en tres ocasiones, aprovechando el régimen de visitas, cuando dormía con su hija en el sofá del salón que compartían, dado que la vivienda era de reducidas dimensiones, realizó diversos tocamientos en los órganos sexuales de la menor.

Califica los hechos como delito continuado de abusos sexuales y solicita una pena de seis años de prisión, prohibición de comunicar y aproximarse a la menor, libertad vigilada de ocho años, inhabilitación para desempeño con menores de doce y privación de la patria potestad sobre la menor hasta que cumpla la mayoría de edad.

En concepto de responsabilidad civil, pide la fiscalía 6.000 euros de indemnización, dado que la joven presenta estado de ánimo depresivo y sintomatología mixta ansiosa.

Delitos continuados de abuso sexual y corrupción de menores

El Instituto Cántabro de Servicios Sociales, como acusación particular, se dirige contra una mujer por obligar a su nieta a mantener relaciones sexuales con un conocido de la familia.

Según el escrito de acusación, la mujer trajo a su nieta a España, cuando esta tenía once años, con la promesa de que en nuestro país tendría una vida mejor. En fechas no determinadas, cuando la menor contaba con trece años, señala el ICASS que la acusada la obligó a mantener relaciones sexuales con un hombre mayor, ya fallecido. Añade que durante el confinamiento la obligó a realizarse fotografías y videos de contenido sexual para enviárselos a aquel. Junto a ello, relata el ICASS que la obligaba a realizar todas las tareas domésticas y de limpieza del hogar, recibiendo continuos desprecios y castigos.

Por eso, considera que es autora de un delito continuado de abuso sexual a menores y de otro continuado de corrupción de menores, merecedores de una pena que asciende a quince años de prisión, alejamiento y prohibición de comunicar con su nieta durante ocho años, libertad vigilada tras la prisión de diez años e inhabilitación para desempeño con menores durante otros diez años.

En concepto de responsabilidad civil, pide una indemnización para la menor de 30.000 euros, por los daños morales y en atención a la continuidad y gravedad del delito, la gran diferencia de edad con el fallecido, la relación de parentesco de la menor con la acusada y su especial vulnerabilidad por estar sujeta al control absoluto de esta.

Por su parte, la fiscalía y la defensa no respaldan el mencionado relato de hechos y, por tanto, solicitan la absolución. En este sentido, el ministerio público explica en su escrito la situación de la chica, que al año de llegar a España comenzó a recibir atención de los Servicios Sociales por situaciones de agresividad.

Su situación escolar se agrava y comienza a no asistir a clase a primeras horas de la jornada, tiene respuestas violentas hacia sus compañeros y presenta bajo rendimiento escolar. En el domicilio familiar, la menor considera que está siendo injustamente tratada al tener que realizar las tareas domésticas.

La situación se agrava cuando parece que debe regresar a su país. Ella rechaza volver y prefiere vivir en un centro alejada de su familia, donde permanece actualmente.