El Proyecto Acceso Vital desarrollado por EAPN-ES y sus redes territoriales revela que el 41,3 % de las personas con derecho a recibir el IMV desconoce su existencia, según se desprende del proyecto que acaba de presnetarse en el que EAPN Cantabria ha participado en el proyecto desarrollando el trabajo de campo en cuatro nodos de Cantabria ubicados en Santander, Torrelavega, Maliaño y Santoña. También ha participado en el Seminario de cierre del proyecto, con la presencia de Amparo Coterillo, técnica del proyecto, y Jesús Castanedo, en representación de la Junta Directiva de EAPN Cantabria.

Los resultados del Proyecto han evidenciado una preocupante falta de conocimiento sobre el IMV entre quienes pueden resultar beneficiarios. Así, el 41,3 % de las personas elegibles para la prestación aún no han solicitado la ayuda debido a su desconocimiento de la misma, bien porque no llega la información o bien porque esta no es percibida como importante.

Y no solo el desconocimiento, también la falta de información en lo referente al funcionamiento de la prestación se traduce en un obstáculo significativo para acceder a la misma. Según los resultados del estudio, aumentan las posibilidades de no solicitarlo en un 24,4 % cuando se tiene un conocimiento superficial y en un 37,8 % cuando solo se ha oído hablar de él.

Otro resultado a tener en cuenta para revertir el fenómeno de non-take-up es la propia percepción del IMV como un derecho y el conocimiento de los requisitos para solicitarlo: más de un tercio de las personas que podrían acceder a la prestación (33,6 %) no cree cumplir los requisitos y un 41,5 % cree que no les corresponde.

La investigación revela también que existen características sociodemográficas asociadas a la no solicitud del IMV, como el género, la ubicación geográfica, la presencia de menores a cargo y la edad avanzada. Así, los hombres presentan un 4,3 % más de probabilidades de no solicitar el IMV con respecto a las mujeres, mientras que no tener menores a cargo implica un 7 % más de probabilidades de no haber solicitado. Misma situación se aprecia por edad: las personas con 65 años o más tienen un 16,9 % más de probabilidades de no haber pedido el IMV frente al resto de los grupos de edad. En el caso de la distribución geográfica, habitar en centros urbanos favorece la solicitud de la prestación, un 5,9 % más de probabilidades frente a las zonas rurales.

Además, la percepción de seguridad económica aleja a las personas con derecho a la prestación de la solicitud del IMV: vivir de alquiler implica un 6,1 % de probabilidad de haber solicitado el IMV o estar en situación de desempleo supone un 11 % más de probabilidades de haber solicitado el IMV. Asimismo, las personas que perciben llegar con facilidad o mucha facilidad a fin de mes, tienen un 18,4 % más de probabilidades de no haber solicitado el IMV.

La investigación Acceso Vital es uno de los 34 proyectos piloto del Policy Lab desarrollado por la Secretaría General de Inclusión del Ministerio de Inclusión, Servicios Sociales y Migraciones. En este sentido, en el Seminario de cierre del proyecto han participado representantes del Ministerio, incluida la ministra Elma Saiz, que ha clausurado las jornadas.

La ministra ha querido agradecer la labor de EAPN-ES y de todas las personas que han formado parte del Proyecto Acceso Vital en todo el territorio estatal. «El proyecto ha sido fundamental, desde que se puso en marcha nuestro objetivo ha sido llegar al mayor número de personas que cumplan los requisitos. No es fácil, y quiero compartir todos los elogios y el despliegue en los 400 códigos postales donde hay mayor nivel de pobreza, habéis informado y acompañado» afirmaba Saiz.

Por su parte, Carlos Susías, presidente de EAPN-ES y EAPN Europa ha señalado que «el IMV funciona, con deficiencias y problemas, pero funciona. Está cubriendo a muchas más familias que con los anteriores sistemas de rentas mínimas, ahora tenemos que afrontar los retos». En este sentido, Susías ha querido poner en valor la importancia de la prestación para muchos hogares en situación de pobreza y exclusión social: «Las familias que han accedido al IMV no están recibiendo una paguita, están recibiendo un seguro de vida».

EL PUNTO DE FOCO: MEJORAR EL IMV

El IMV se estableció en mayo de 2020, en plena pandemia de COVID-19, como una política clave para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social, en el marco del llamado ‘Escudo Social’. Esta estrategia, impulsada desde la Unión Europea y el Gobierno estatal, evitó que un millón y medio de personas entrara en situación de pobreza en 2021, según el XII Informe ‘El Estado de la Pobreza en España’ de EAPN.

Sin embargo, la implementación del IMV ha planteado retos que deben ser abordados, como las importantes tasas de non-take-up. Además, dado el empeoramiento de los datos de pobreza y exclusión social evidenciados por el Avance de Resultados del XIII Informe ‘El Estado de la Pobreza’ publicado en febrero -alcanza ya a 12,7 millones de personas-, desde EAPN-ES se plantea la urgencia de ser más ambiciosos en la lucha contra esta problemática.

En este contexto, la Red ha aprovechado este seminario para lanzar una serie de recomendaciones que mejoren el diseño y el acceso al IMV, a la vista de los resultados de la investigación. Entre ellas, adecuar de forma efectiva la prestación con las rentas autonómicas, implementar medidas que promuevan un mayor conocimiento mediante campañas de información del IMV con enfoque social y local, así como simplificar los trámites y los plazos de resolución, para ajustarlos a las necesidades de la población vulnerable. La metodología outreach implementada en la investigación destaca la importancia de un acompañamiento a las personas en situación non-take-up para garantizar un acceso equitativo a la prestación.

El Proyecto Acceso Vital ha constituido una iniciativa fundamental para EAPN-ES y para el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en línea con los compromisos del Gobierno para que las políticas de inclusión y rentas básicas lleguen a las personas en situación de pobreza y de alta vulnerabilidad.

Se trata de una de investigación de gran calado para la Red, que ha implicado a 146 entidades de la sociedad civil y 54 entidades públicas colaboradoras, 13.000 personas encuestadas, 2.023 atendidas y 1.204 solicitudes tramitadas.

Los resultados del Proyecto llegan en un momento clave en el que el Gobierno está revisando la primera fase de aplicación de su sistema de ingreso mínimo, por lo que cualquier contribución que se haga a nivel nacional o europeo aportará un gran valor añadido a las políticas de inclusión social en los próximos años.