Una de las polémicas que se han abierto en esta legislatura es sobre la retribución que recibe Cristóbal Palacio. Comenzó la legislatura cobrando por dedicación exclusiva, mientras que mantenía su otra ocupación, como abogado. Ahora ya se ha resuelto actualizar esa retribución para ajustarla a la realidad laboral del diputado.

La Mesa del Parlamento zanjó el asunto el pasado 14 de marzo, en una reunión a la que se adjuntó un informe del Letrado Secretario General de la Cámara que explicaba que la incompatibilidad en cuanto a la retribución de Palacio se daba «sólo cuando ha sido apreciada por el Parlamento y desde ese momento».

El escrito prosigue en su argumentación diciendo que «la normativa aplicable no prevé la regularización con efectos retroactivos del cambio de régimen de dedicación de los Diputados», por lo que no procedía pedir al diputado que devolviera las cantidades que había percibido de más en los meses precedentes.

En la reunión de la Mesa todos los presentes dijeron estar de acuerdo con el informe, pero Joaquín Gómez decidió mantener su postura a favor del escrito que había presentado el Grupo Parlamentario Socialista, que iba en la dirección de solicitar la devolución de esas cantidades, por un episodio que había tenido con Palacio en la cafetería del edificio.

Según Gómez, Palacio le dijo que si seguía adelante con esa petición de que él tuviera que devolver parte de lo percibido, iría en contra de personas de su partido que habían tenido responsabilidades de Gobierno. Por eso se sintió presionado y coaccionado, y quiso que así se reflejara en el acta de la reunión.

Consultado por El Faradio, Gómez certifica esta versión, remarcando que el episodio no fue más allá de esa frase puntual, referida a compañeros suyos de partido y no a él mismo, que fue presidente del Parlamento en la legislatura pasada.

También consultado por este medio, Palacio desmiente rotundamente esa versión de los hechos. Remarca que no hizo ninguna apreciación sobre compañeros del PSOE, sino que solamente le dijo que le sorprendía el cambio de criterio de Gómez, después de que la pasada legislatura también se debatiera sobre la retribución que recibía como presidente del Parlamento y la incompatibilidad con la pensión de incapacidad que cobraba.