APIA redactará el proyecto técnico de la Zona de Bajas Emisiones en Santander tras ser subcontratada por el Ayuntamiento
La empresa WSP Spain-APIA, S.A. será la encargada de redactar el proyecto técnico de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Santander -espacios en los que se limita la circulación a determinados vehículos en los lugares que se definan, obligatorios por Ley para ciudades del tamaño de la capital cántabra-, después de haber sido subcontratada por el Ayuntamiento, que llevaba años dilatando el proceso con distintos motivos.
Estos fueron desde el rechazo a que la Ley incluyera esa obligación hasta el intento de estirar el debate asegurando que no quería cerrar todo el centro al tráfico, cosa que tampoco venía reflejada en la legislación estatal, que daba margen de maniobra para definir el alcance; e incluso se pasó por la fase de ligarlo a sensores que midieran el tráfico, todo mientras Torrelavega sí lograba avanzar en el cumplimiento de la Ley.
La redacción técnica, según documentación examinada por EL FARADIO, se hace mediante un contrato menor –con menos requisitos para la competencia con tras empresas–, que se se adjudicó el pasado 20 de febrero por un importe de 18.000 euros y un plazo de 12 meses.
La redacción técnica a esta empresa, evolución de APIA XXI –autora del anterior plan general y en la que trabajó el anterior alcalde– llega más de un año después de que el contrato para el sistema de control de accesos fuera adjudicado a la empresa Estacionamientos y Servicios S.A.U. por un importe de 1,6 millones de euros, con un plazo de ejecución de ocho meses desde la entrega del plano ZBE, que aún no se ha hecho público.
En 2023, el Ayuntamiento solicitó financiación europea del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, vinculado a los fondos Next Generation EU, incluyendo actuaciones como el frustrado aparcamiento disuasorio de El Sardinero –el equipo de Gobierno modificó sustancialmente el proyecto al reducir las plazas de un espacio que ya era intermodal sin la cuantiosa inversión, ya que seguía pegado a la parada de autobús y a carril bici–.
En diciembre de 2024, la alcaldesa Gema Igual expresó que no veía necesaria la aplicación de restricciones al tráfico por niveles de contaminación. Sus declaraciones provocaron una respuesta pública por parte de Cantabria ConBici, que recordó que la legislación no permite sustituir la restricción de vehículos contaminantes por medidas informativas. Colectivos vecinales, de movilidad, políticos o medioambientales han recordado reiteradamente el incumplimiento.
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética (Ley 7/2021) establece que las ciudades de más de 50.000 habitantes deben contar con una ZBE operativa desde 2023. Esta medida tiene como objetivo reducir los niveles de contaminación del aire, una problemática que, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, causa miles de muertes prematuras en España cada año.
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