Todavía hay gente que sale de los portales de la calle Burgos con bolsas de la compra. Son las menos, porque esta zona, pleno centro de Santander, hace tiempo que está dominada en las propias viviendas por oficinas y actividades comerciales. El mundo alrededor les fue cambiando a María Ángeles y María Mercedes y lo que fue un barrio con vecindario en el que el cuidado es colectivo simplemente por el hecho de verse -o no verse- pasó poco a poco a convertirse en otra cosa, en un proceso que se produce por todo el centro, en distintas fases de progresión. Con todo, la calle Burgos no es donde está más avanzado.

Hace tres años, María Ángeles y María Mercedes, dos hermanas de 70 y 79 años, engrosaron la lista de víctimas inmobiliarias en Cantabria: desde la expropiación de Amparo Pérez para construir un (otro) vial. hace ya una década, hasta Gumersinda, Jesús y Raúl, los vecinos del edificio del Cabildo de Arriba que se desplomó hace casi 18 años. Cada caso con sus matices (la construcción de una infraestructura redundante a beneficio de un constructor compañero de partido; el deterioro sin actuación en un barrio atractivo para la inversión inmobiliaria; o, este caso, la soledad no deseada de personas mayores y la falta de eficacia de los recursos institucionales). A los que habría que sumar los desahucios invisibles –aquellos que no llegan a la PAH o en las que las familias, directamente, desisten de una lucha larga, cansada y desigual, o las múltiples secuelas que deja el proceso: resentimiento de la salud mental y general.

El tigre de Dávila Park

La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) ha recordado este lunes, 19 de mayo, el tercer aniversario del fallecimiento de María Ángeles y María Mercedes, dos hermanas de 70 y 79 años, vecinas de Santander, que fueron halladas muertas en su domicilio en pleno proceso de desahucio. La PAH considera este hecho un “crimen social” y denuncia que, tres años después, las soluciones institucionales siguen sin llegar.

Según ha recordado la organización en un acto en la calle Burgos, donde residían las fallecidas, ambas se encontraban en una situación de vulnerabilidad social. El desahucio había sido pospuesto un mes, pero nadie se lo comunicó. La PAH insiste en que este hecho “no fue aislado” y que los desahucios continúan afectando a familias vulnerables en Cantabria.

En su intervención, la organización ha subrayado la falta de protocolos efectivos en las administraciones públicas para actuar ante los desahucios, así como el impacto que tiene la pérdida de una vivienda en la salud mental de las personas afectadas. “Perder tu casa no es solo perder un techo, es perder tu lugar de seguridad, de intimidad, de vida”, han señalado.

También han advertido que, aunque teóricamente los desahucios están prohibidos por el denominado “escudo social”, estos siguen produciéndose, en parte debido a la falta de recursos en el sistema judicial para que los abogados de oficio puedan ejercer su labor con dignidad.

En este sentido, la plataforma ha reiterado su exigencia de una prohibición inmediata de todos los desahucios sin alternativa habitacional, la regulación de los precios del alquiler y la aplicación efectiva de los índices de referencia previstos por la Ley estatal por el derecho a la vivienda.

Además, reclaman la prohibición de viviendas turísticas en municipios con necesidades habitacionales, y una inversión mínima del 15% del presupuesto autonómico en vivienda, como cuestión prioritaria de seguridad. “O hay seguridad en derechos humanos o no hay seguridad”, han recalcado.

Desde la PAH también se ha denunciado la existencia de viviendas vacías de uso especulativo, que, a su juicio, deben ser puestas a disposición para el alquiler social. “Ni gente sin casa ni casa sin gente”, han insistido, recordando que “las casas son para vivir, no para especular”.

En lo que respecta a las ayudas públicas, critican que la Oficina de Vivienda de Cantabria argumenta no disponer de pisos disponibles, mientras que la Consejería de Vivienda presume de ayudas al alquiler que, según reconocen en privado, tienen largas demoras y dificultades de acceso.

La PAH recuerda que en Cantabria hubo 257 desahucios en 2024, frente a solo 19 casos de ocupación, una proporción de 13 a 1, con la que buscan desmentir el discurso dominante que, aseguran, criminaliza a personas en situación de vulnerabilidad.

Los desahucios se disparan un 70 % en 2024, con 257 casos, mientras las demandas por ocupación ilegal se sitúan en 19 casos

Frente a ese enfoque, reivindican el artículo 47 de la Constitución Española, que establece el derecho de toda persona a una vivienda digna y adecuada, y obliga a los poderes públicos a garantizarlo. “Exigimos ni más ni menos que se cumpla la Constitución”, han zanjado.

El acto concluyó con un recuerdo a las dos vecinas fallecidas en 2022 y con un llamado a la justicia y la memoria. “Ni una más. Ni gente sin casas ni casas sin gente”, proclamaron las personas asistentes al homenaje, activistas antidesahucios, miembros de la Coordinadora de Pensionistas  y afectados por desahucios recientes en Cantabria.

El Movimiento por la Vivienda Digna de Cantabria ha convocado una asamblea abierta el lunes 26 de mayo a las 19:00 horas, en el local de CGT Santander (calle Joaquín Reguera Sevilla, número 2). Bajo el lema ‘¡Acabemos con el negocio de la vivienda!’, el colectivo llama a continuar la movilización social por una vivienda digna para todas las personas, y recuerda que “todas bajo techo, la vivienda es un derecho”.

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