Aunque Cantabria por el Sáhara no participaba de manera directa en esta marcha a pie que iba desde Ivry, al sur de París, hasta Algeciras y, posteriormente, la cárcel de Kenitra (Marruecos, al norte de Rabat), sí que habían mostrado su apoyo con un par de marchas solidarias en Castro Urdiales y Laredo. Se trata de apoyar el que los presos políticos saharauis encarcelados en Marruecos sean liberados.

El caso que más representa esta movilización es el de Naâma Asfari. Es un activista que ha pasado varias veces por la cárcel, pero ahora lleva 15 años preso. Y la pena que se le ha impuesto es de 30, pese a que no estaba en el campamento saharaui de Gdeim Izik cuando se desmanteló. La policía le detuvo el día antes en otro lugar. Esa pena de 30 años fue después ratificada.

Cuando sólo tenía cinco años, en 1975, el momento en que España decidió desentenderse de ese territorio que había sido su colonia, su padre fue arrestado y no volvió a verlo hasta 1991. 16 años sin poder ver a su padre.

En esta marcha participaba su esposa, la ciudadana francesa Claude Mangin, que sólo ha podido visitarle una vez en la cárcel marroquí de Kenitra en los últimos nueve años, porque el caso de Asfari llegó hasta la ONU. Incluso llegó a ponerse en huelga de hambre durante un mes, en 2018, en protesta por no poder visitar a su marido. Como cuenta Gabriel Herrería, de Cantabria por el Sáhara, en una entrevista concedida a EL FARADIO, en la marcha ya esperaban que se les impidiera circular por Marruecos para cumplir con su objetivo.

Lo sucedido es que, ya en Tarifa para coger el ferry a Tánger, aparecieron ciertos elementos que empezaron a sacarles fotos con el móvil y a mirarles con agresividad. Pudieron embarcar sin problemas, pero les siguieron presionando en el barco. Y, al llegar a Tánger, desembarcó todo el pasaje menos el grupo de 14 activistas. Entre ellos había una periodista francesa a la que obligaron «a borrar contenidos de su teléfono». Tuvieron que volver en el mismo barco a España.

Este comportamiento no ha generado, denuncia Herrería, ninguna protesta formal por parte del Gobierno español y tampoco del francés, pese a que en el grupo había dos concejales de ayuntamientos galos y dos diputados de Izquierda Unida de la Asamblea de Extremadura e impedir desembarcar al grupo supone una vulneración de derechos fundamentales. «El silencio ante las tropelías cometidas por Marruecos es lo que indigna».

Este activista cántabro defiende la resistencia que sigue aplicando el pueblo saharaui, pese a que cada vez tiene más gobiernos europeos en contra. «El Frente Polisario ha llevado la situación muy inteligentemente en el campo del derecho internacional, pues está haciendo que esas batallas estén resultando favorables para el pueblo saharaui, al menos en los tribunales. Otra cosa es ver cómo eso se implementa y cómo se puede defender ese derecho de una manera efectiva». Mientras, Marruecos «sigue aprovechándose descaradamente de las riquezas del pueblo saharaui, vulnerando todos los derechos habidos y por haber, vulnerando las sentencias», y aprovechando también el silencio de una comunidad internacional que mira hacia Ucrania y Gaza, pero se preocupa mucho menos de los territorios ocupados.

Comunicado del Intergrupo Parlamentario por el Sáhara

Desde el Intergrupo Parlamentario por el Sáhara se ha expresado una condena ante la expulsión de los participantes en la Marcha por la Libertad de los Presos Políticos Saharauis, que exige la liberación de los presos, condenados por tribunales militares por su activismo no violento y su defensa del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui.

Recuerdan en el comunicado el juicio «plagado de irregularidades y basado en confesiones obtenidas bajo tortura» contra Naâma Asfari y que, en 2023, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas condenó al Reino de Marruecos por las vejaciones sufridas por Asfari.

La expulsión reiterada de Claude Mangin (por el mero hecho de intentar visitar a su esposo) «representa un acto simbólico de la criminalización de la solidaridad
internacional y de la represión sistemática que ejerce Marruecos contra quienes denuncian la ocupación del Sáhara Occidental».

Afirman también que este no es un hecho aislado. En los últimos años, diversas delegaciones parlamentarias españolas «han sido impedidas de acceder a los territorios ocupados, en un intento por silenciar toda observación o testimonio internacional sobre la situación de los derechos humanos en la región». En opinión del grupo, estas acciones constituyen un grave obstáculo para el trabajo de seguimiento institucional, y evidencian el temor del régimen marroquí a la transparencia y al escrutinio internacional.

Desde el Intergrupo Parlamentario por el Sáhara expresan:

• Su solidaridad con Claude Mangin-Asfari y con todas las personas expulsadas por su compromiso con los derechos humanos.

• Su apoyo firme a los presos políticos saharauis y a todas las personas defensoras de derechos humanos perseguidas por su lucha por la autodeterminación del pueblo saharaui.

• Su condena rotunda a la represión ejercida por Marruecos contra periodistas, activistas, representantes públicos y familiares de personas presas por motivos políticos.

Y lanzan una serie de exigencias al Gobierno de España:

• Que condene públicamente la expulsión de esta delegación internacional y denuncie la reiterada negativa a permitir el acceso de representantes institucionales españoles a los territorios ocupados del Sáhara Occidental.

• Que abandone toda postura ambigua y adopte una posición coherente con el Derecho Internacional y con el derecho inalienable del pueblo saharaui a la
autodeterminación.

• Que impulse, en el marco de las Naciones Unidas y de la Unión Europea, una solución política justa, duradera y conforme al Derecho Internacional

El programa ‘Vacaciones en paz’

Mucho más amable es hablar de la llegada de los niños saharauis este verano. Organizaciones como Cantabria por el Sáhara están con los papeleos necesarios para que todo esté en orden y puedan venir a finales de este mes. Ese es el «trabajo que no se ve» de la iniciativa que permite a los niños pasar el verano alejados del calor del desierto y aprovechando para comprobar su estado de salud.

«Afortunadamente, la cobertura de familia social de los niños que van a ir a acogimiento familiar está resuelta. Cantabria, como siempre, responde, la ciudadanía siempre es lo mejor de esta parte del proyecto, junto con los niños que llegan», dice Herrería.

Además, este año volverá un grupo de niños con discapacidad, que serán acogidos, al igual que en 2024, en el Centro Integrado de Formación Profesional La Granja, en Heras, que cede la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria. Allí será un equipo de voluntarios quienes les atenderán durante su estancia, que será de unos dos meses.

«Recibir toda la atención médica que precisen, disfrutar de la playa, de los ríos, de los helados, del circo, de las fiestas, de los pueblos, de todo eso. Y que vayan con las pilas cargadas y contándoles a sus padres, a sus madres, a sus abuelos y abuelas y hermanos que merece la pena el esfuerzo que están haciendo por solventar esta situación y poder recuperar algún día su país. Y disfrutar de todo esto donde lo deben de disfrutar, que sea en su propio país», expresa Herrería.

Las instituciones, desde el Gobierno regional hasta varios ayuntamientos de la Comunidad, siguen prestando su apoyo a estas organizaciones. Pero en Cantabria por el Sáhara sí que ven que, en administraciones donde la ultraderecha entra en los gobiernos, la cuantía se reduce, porque es una de las condiciones que pone para aprobar presupuestos, así como el recorte o la desaparición de partidas que tienen que ver con «cooperación al desarrollo, ayuda humanitaria o cuestiones de género».

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