En 2024, los cerca de seiscientos mil habitantes de Cantabria estuvieron expuestos a niveles de contaminación del aire que superan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según el informe anual publicado por Ecologistas en Acción. El estudio, basado en datos de 790 estaciones oficiales —incluidas 12 en Cantabria—, analiza una década de registros y la adopción de los nuevos valores límite establecidos en la Directiva europea 2024/2881.

Durante el tercer año más cálido desde 1961, Cantabria mejoró la calidad de su aire en comparación con 2023 y previos a la COVID‑19. La reducción de partículas en suspensión (PM₁₀ y PM₂,₅), dióxido de nitrógeno (NO₂) y ozono troposférico osciló entre el 25 % y el 95 % respecto al promedio de 2012‑2019. Estas mejorías han sido posibles gracias a la reducción del consumo de gas y al incremento de las energías renovables, que cubrieron el 57 % de la demanda eléctrica, y al cierre de la mayoría de centrales térmicas de carbón. Por otra parte, el consumo de petróleo recuperó niveles prepandemia, lo que atenuó la mejora global.

Sin embargo, atendiendo a los límites recomendados por la OMS —más estrictos que los legales—, todo el territorio cantábrico superó dichos umbrales en 2024, lo que implica que toda la población respiró aire con un nivel de contaminación considerado perjudicial. En cambio, la caída significativa del ozono durante los episodios más cálidos evitó su efecto nocivo sobre la vegetación.

Episodios y zonas más afectadas

Durante los meses de invierno, la estabilidad atmosférica favoreció episodios de concentración de partículas suspendidas, principalmente en la Bahía de Santander y la Comarca de Torrelavega. En julio y agosto, las olas de calor provocaron picos de ozono, si bien no alcanzaron niveles dañinos para las plantas gracias al clima húmedo, de alta precipitación y baja radiación características de la región.

En el polo opuesto, el área urbana de Santander cumplió con el nuevo límite legal anual de NO₂. No obstante, ni Santander ni Torrelavega han desplegado medidas efectivas de reducción: la capital carece aún de zona de bajas emisiones (ZBE), a pesar de que la normativa lo exige para municipios con más de cincuenta mil habitantes, y la zona aprobada en Torrelavega, por su reducido alcance, resulta insuficiente para mitigar realmente la contaminación generada por el tráfico.

Contaminación cerca de colegios

Ecologistas en Acción llevó a cabo una campaña específica en accesos a centros escolares transitados en Santander. Los resultados evidenciaron que la contaminación infantil supera a menudo los valores registrados por las estaciones oficiales de control, lo que cuestiona su correcta ubicación y pone de manifiesto un riesgo añadido a la salud de los menores.

El coste humano y económico

La contaminación del aire es un problema sanitario de primer orden. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, en 2022 murieron hasta treinta mil personas en España debido a la mala calidad del aire, de las cuales aproximadamente doscientas cincuenta correspondieron a Cantabria. El Banco Mundial estima que los costes sanitarios y laborales derivados representan unos cincuenta mil millones de dólares anuales, equivalentes al 3,5 % del PIB español.

Medidas y recomendaciones

Ecologistas en Acción valora positivamente la aprobación de la nueva Directiva europea de calidad del aire, confía en que inste a los gobiernos a implementar sin retrasos medidas eficaces para cumplir los nuevos umbrales legales antes de 2030 y reclama la trasposición inmediata de la misma. Asimismo, insta al Gobierno de Cantabria y al Ayuntamiento de Santander a diseñar Planes de Mejora de la Calidad del Aire y protocolos de actuación frente a episodios de contaminación, que actualmente son inexistentes o ineficaces por falta de voluntad política.

Por su parte, las administraciones locales deben acelerar la implantación de zonas de bajas emisiones en todo el territorio, ya que el plazo establecido finalizó hace dos años y medio sin resultado. Solo así podrá lograrse el objetivo de disminuir la exposición poblacional y proteger la salud pública frente a futuras olas de calor o episodios transfronterizos de partículas.

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