El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha solicitado formalmente al Estado español la suspensión del desahucio de una vecina de Santa Cruz de Bezana, previsto para este jueves 4 de septiembre a las 8:00 horas. La medida se ha adoptado como parte de una resolución de urgencia tras registrar una denuncia ante el organismo internacional por vulneración de derechos humanos.

La afectada, Alexia, es una mujer con discapacidad reconocida que reside en una vivienda situada en la calle Respuela 4C (Bezana Lago), y que actualmente se enfrenta a una situación de extrema vulnerabilidad, tanto económica como de salud.

«Sólo deseo que se haga justicia, porque la ley está para cumplirse, no para que se haga una interpretación de aquella manera»

A pesar de la notificación remitida por la ONU al Estado español el pasado 2 de septiembre, en la que se pide que se eviten daños irreparables, el Juzgado de Primera Instancia nº8 de Santander no ha suspendido aún el procedimiento.

Según la comunicación oficial del Comité, se solicita que, mientras se resuelve el caso, se paralice el lanzamiento o, en su defecto, se ofrezca a Alexia una vivienda alternativa adecuada a sus necesidades, en el marco de una consulta genuina y efectiva. La solicitud se ampara en el artículo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmado por España y de obligado cumplimiento.

Propiedad de un fondo de inversión

La vivienda objeto del desahucio fue adquirida en subasta por la sociedad Zeus SA, un fondo de inversión con presencia en distintas partes del Estado. La subasta tuvo lugar tras un procedimiento de ejecución hipotecaria promovido por ING Direct. Según datos aportados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Santander-Cantabria, el fondo compró la vivienda por unos 50.000 euros, en una zona donde los inmuebles alcanzan actualmente precios superiores a los 150.000 euros.

La PAH denuncia que este caso refleja un modelo de especulación inmobiliaria en el que viviendas adquiridas a bajo coste en contextos de ejecución hipotecaria se revalorizan de forma significativa. Desde la plataforma insisten en que “la vivienda debería ser un derecho, no un negocio”.

Obligación internacional del Estado

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) advierte de que España, al haber ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tiene la obligación legal de cumplir las medidas cautelares emitidas por el Comité de la ONU. La negativa a suspender el desahucio supondría, según este colectivo, un incumplimiento grave de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Desde la PAH denuncian también la inacción de las autoridades judiciales y administrativas competentes ante una resolución internacional que solicita medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda y a la salud de la afectada.

Movilización social

Ante la falta de respuesta por parte del juzgado, la PAH ha convocado una concentración ciudadana este jueves 4 de septiembre a las 8:00 horas, coincidiendo con la fecha y hora previstas para el desalojo. La movilización tendrá lugar frente a la vivienda de Alexia en Santa Cruz de Bezana, con el objetivo de exigir que se cumpla la resolución de Naciones Unidas.

En Cantabria, los desahucios por motivos económicos siguen siendo una realidad que afecta a familias en situación de precariedad. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2024 se produjeron más de 140 lanzamientos en la comunidad autónoma, la mayoría derivados de impagos de alquiler o ejecuciones hipotecarias.

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