El Colegio Oficial del Trabajo Social de Cantabria ha reclamado  una respuesta integral en salud sexual y reproductiva con enfoque de género y diversidad, y ha instado a recuperar la figura profesional del trabajo social qen la línea que se venía haciendo en el clausurado Centro de Salud Sexual y Reproductiva ‘La Cagiga’, así como reforzar su papel en los centros de Atención Primaria.

Desde el Colegio se preguntan qué atención reciben las personas LGTBIQ+ cuando acuden con una infección de transmisión sexual recurrente, tras una agresión sexual o después de una pérdida gestacional. También plantean si las mujeres disponen de información completa sobre su derecho a interrumpir voluntariamente un embarazo.

En este sentido, han subrayado que la presencia de profesionales del trabajo social resulta clave para garantizar estos derechos, especialmente en contextos de vulnerabilidad, exclusión o desigualdad.

Sin trabajo social desde 2010 en ‘La Cagiga’

El Centro de Salud Sexual y Reproductiva ‘La Cagiga’, dependiente del Servicio Cántabro de Salud, contaba hasta el año 2010 con personal de trabajo social como parte del equipo interdisciplinar. Desde su eliminación, más tarde, se buscó trasladar esa atención a los centros de salud de Atención Primaria.

Sin embargo, el Colegio alerta de que más de una década después no se han asumido plenamente estas competencias por parte de los centros de salud, y que la atención especializada en salud sexual, así como la intervención social y la prevención comunitaria, han quedado relegadas.

Según indican, es necesario que el trabajo social cuente con dedicación exclusiva dentro del equipo de ‘La Cagiga’ y que, al mismo tiempo, se potencie su presencia en Atención Primaria como medida preventiva.

Derechos en salud sexual y reproductiva

La Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Sanidad reconoce la importancia de un abordaje integral con enfoque de derechos y género. Según datos del propio Ministerio, el acceso desigual a servicios de salud sexual afecta especialmente a mujeres jóvenes, personas migrantes, población LGTBIQ+ y personas con discapacidad.

Por otra parte, informes como el elaborado por Médicos del Mundo y la coordinadora estatal CESIDA  –presidida ahora por la cántabra Carmen Martín, de ACCAS-alertan de que la discriminación en el acceso a servicios sanitarios por motivo de orientación sexual o identidad de género sigue siendo una barrera en la atención a personas LGTBIQ+, particularmente en el ámbito de las infecciones de transmisión sexual.

Además, Cantabria no cuenta con un protocolo específico para la atención a personas trans en el ámbito sanitario, más allá de las indicaciones generales recogidas en la Ley LGTBI autonómica aprobada en 2020.

Trabajo social y enfoque comunitario

El Colegio Oficial del Trabajo Social de Cantabria subraya que la atención en salud sexual y reproductiva no puede limitarse a consultas médicas individuales. La prevención comunitaria, la educación afectivo-sexual y la detección temprana de situaciones de violencia o vulnerabilidad requieren una intervención social continuada, para lo cual el papel del trabajo social es fundamental.

La entidad defiende que puede no parecer una prioridad en el corto plazo, pero la atención integral evita consecuencias sociales graves a largo plazo, cada vez más presentes en la comunidad cántabra.

Actualmente, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva (Ley Orgánica 2/2010) establece que los servicios sanitarios deben ofrecer una atención que integre lo médico, lo psicológico y lo social. No obstante, el desarrollo práctico de esta ley varía entre comunidades autónomas, lo que deja a regiones como Cantabria con importantes retos en la implementación efectiva de estos derechos.

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