La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria acoge este jueves, 6 de noviembre, a las 09:30 horas, el juicio correspondiente al Procedimiento Sumario Ordinario 80/2024 por un presunto delito de agresión sexual.

El caso se centra en un hombre acusado de mantener relaciones sexuales no consentidas con una mujer que, según el relato del Ministerio Fiscal, se encontraba en un estado de profunda somnolencia como consecuencia del consumo combinado de alcohol, medicamentos y cannabis.

Según recoge el escrito de acusación, los hechos ocurrieron en la vivienda del acusado, donde este se encontraba en su dormitorio acompañado por una mujer y otro hombre, con quienes había estado de fiesta esa misma noche.

Durante la madrugada, «con intención de satisfacer su ansia sexual y aprovechando que ella había caído en un estado de profunda somnolencia», el acusado comenzó a quitarle la ropa interior y a tocarle los genitales, intentando penetrarla.

El fiscal sostiene que la víctima se despertó momentáneamente y reprochó la acción, aunque volvió a quedarse dormida. Fue en ese momento cuando el acusado, según la acusación, consumó la penetración, hasta que la mujer recobró de nuevo la consciencia y volvió a recriminarle su comportamiento.

Para la fiscalía, los hechos constituyen un delito de agresión sexual, tipificado en el Código Penal, que considera consumado el acto cuando la víctima no puede prestar consentimiento libre por encontrarse en una situación de vulnerabilidad o inconsciencia, como la descrita en este caso.

Este tipo de delitos, en los que el agresor se aprovecha del estado de embriaguez, somnolencia o inconsciencia de la víctima, están reconocidos por la legislación y la jurisprudencia como formas especialmente graves de violencia sexual. Según el Ministerio del Interior, muchas de estas agresiones se producen en contextos de ocio y consumo de sustancias, dificultando la denuncia y la obtención de pruebas. Organismos como el Instituto de la Mujer subrayan la necesidad de reforzar la educación en consentimiento, así como la formación específica de operadores jurídicos y cuerpos policiales, para garantizar la protección de las víctimas y evitar su revictimización.

El Ministerio Público solicita una pena de siete años de prisión, a la que suma siete años de libertad vigilada, una inhabilitación especial de doce años para ejercer cualquier actividad laboral o voluntaria que implique contacto con menores de edad, y la prohibición de comunicarse o acercarse a la víctima durante un periodo de diez años.

Además, se reclama una indemnización de 10.000 euros en concepto de daños morales, valorando el impacto psicológico de los hechos en la víctima.

El procedimiento se desarrolla conforme a la actual legislación vigente en materia de violencia sexual, reforzada tras la aprobación de la Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, que establece nuevos marcos de protección y reparación para las víctimas, así como medidas para evitar la revictimización durante el proceso judicial.

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