La empresa TK Elevadores España, S.L.U., encargada del mantenimiento de ascensores y montacargas en edificios municipales del Ayuntamiento de Santander, sumará a sus ingresos habituales por la relación que mantiene con el Consistorio otros 58.089,86 euros.

Estos ingresos se han producido a través de tres contratos menores, es decir, no están abiertos a la competencia con otras empresas que pudieran presentar ofertas, y supone una adjudicación directa desde el Ayuntamiento, además de no figurar en los documentos más expuestos sobre licitaciones públicas municipales.

En detalle, según la documentación municipal consultada por EL FARADIO, se trata de al menos tres contratos menores encargados en septiembre por conceptos como la modernización y sustituciones de sistemas: 31.169,60 euros por el suministro e instalación de equipos de seguridad en ascensores; 17.987,74 euros para la modernización del sistema de control del ascensor de la Casa Consistorial y 8.932,52 euros para la modernización del ascensor del edificio Ribalaygua.

Es importante precisar que estamos hablando del contrato de mantenimiento de ascensores municipales (es decir, de elevadores en edificios que son del Ayuntamiento, como el de su sede principal o la de Ribalaygua, que alberga dependencias municipales). Este contrato no es el mismo que el de las escaleras mecánicas, del que se encarga la misma empresa tras renovarlo este año al no tener competencia alguna.

UN CONTRATO CADUCADO…

El contrato de mantenimiento de asecensores municipales fue adjudicado en agosto de 2021 por un importe anual de 34.791,37 euros, con una duración inicial de dos años, prorrogable por otros dos.

Tras aprobarse la primera prórroga en septiembre de 2023 y la segunda en agosto de 2024, el contrato finalizó legalmente el 30 de septiembre de 2025, tal como establece el artículo 29.4 de la LCSP. De momento, no consta públicamente ninguna apertura de proceso de licitación.

…Y CON LAGUNAS QUE ABREN LA PUERTA A CONTRATACIONES EXTRA

Según los pliegos del contrato, su objeto incluía tareas como mantenimiento periódico, sustitución de piezas por desgaste, ajustes y revisiones.

En cambio, no contemplaba actuaciones como modernizaciones completas o instalación de nuevos sistemas, que podrían considerarse mejoras sustanciales. La definición del contrato así ha abierto la puerta a que otro tipo de obras queden fuera del contrato, y la elección de la figura del contrato menor ha permitido menos competencia, transparencia y más discrecionalidad a la institución a la hora de adjudicárselo a esta empresa.

MÁS INGRESOS Y SIN COMPETENCIA EN EL NUEVO CONTRATO DE LAS ESCALERAS

Además del contrato de ascensores municipales, TK Elevadores también es la responsable del el mantenimiento de escaleras mecánicas, rampas móviles y otros elementos de movilidad urbana, que venía siendo muy cuestionado por las constantes averías. El contrató sumó, además, reparaciones, es decir, gasto para el Ayuntamiento e ingreso para la empresa, fuera del contrato.

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Dado que ya se había avanzado que el siguiente contrato tendría mayores cifras económicas, en ese caso no se procedió a la prórroga del anterior para la que había margen (y que hubiera perjudicado a la empresa concesionario al hacerse con las condiciones anteriores, peores, en lugar de con las futuras, mucho mejores). El nuevo contrato supuso un aumento de 1,47 millones de euros en el valor total del contrato frente al anterior.

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Al proceso sólo se presentó TK Elevadores. Estos concursos son en su definición anónimos, es decir, quien se presenta no sabe hasta la apertura de sobras cuántas más empresas se han presentado y con qué ofertas. La dinámica de la competencia en los contratos públicos les lleva a presentar ofertas económicas a la baja –se premia con más puntos– y a respetar lo más posible las especificaciones técnicos –sucede lo mismo–.

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Pero TK Elevadores se comportó de una forma que en cualquier proceso se hubiera visto imprudente o poco inteligente, ya que apenas realizó una baja económica (sólo un 5%), mientras que sí que presentó una oferta técnica que se alejaba (25 de 40 puntos) de los parámetros marcados por el propio Ayuntamiento –algo que no sólo no suele pasar, sino que se castiga cuando hay competencia-.

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