El nuevo contrato de basuras, una autoenmienda a la propia gestión municipal… sin garantías claras de cumplimiento
Con un lenguaje rimbombante y autolaudotorio, el PP de Santander informaba este lunes de la adjudicación definitiva del contrato de las basuras: en la presentación, la concejala a la que el PP le ha encomendado lidiar con la propia herencia recibida, Margarita Rojo (Medio Ambiente), vendía que este nuevo contrato “cambiará completamente la limpieza en la ciudad” y treará unos “estándares altos de limpieza”, con unas mejoras que “se apreciarán de forma inmediata”.
El mensaje supone una enmienda a la totalidad a la propia gestión del PP de Santander en algo de lo que no puede culpar a nadie más que a ellos mismos: la limpieza de las calles es competencia municipal y las empresas que lo han ido gestionando fueron seleccionadas por ellos, la principal de ellas –ASCAN GEASER, del Grupo SADISA, gestionado por los Díaz y con la constructora ASCAN como gran referente– de forma reiterada para esta y otras funciones. Los propios pliegos en los que se definía el servicio sonaban a rectificación sin decirlo expresamente: tras varios lustros de quejas por un evidente deterioro del servicio (calles más sucias, contenedores rotos, ratas en las calles). El fracaso se ha extendido a la recogida neumática, suspendida en Castilla-Hermida.
En detalle, se encargará del servicio la unión de empresas Acciona-Oxital –una unión de empresas entre una de las grandes estatales y una empresa cántabra especializada en gestión de residuos ligada a la familia Huerta, cuyo patriarca fue alcalde de Santander–, con un presupuesto total de 253.841.901 euros por 10 años de duración.
Esta oferta desbancó incluso a una de las empresas de cabecera del PP municipal, COPSESA, que quedó muy bien posicionada y que gracias a las adjudicaciones públicas en Santander estaba cobrando unas dimensiones importantes que le han llevado, por ejemplo, a encargarse de la reforma del Museo de Arte de Santander o del Banco de España (teniendo en cuento que sus encargos antes venían siendo básicamente asfaltados de calles).
LA AUTO-ENMIENDA
El Ayuntamiento asegura que el nuevo contrato “cambiará completamente la limpieza en la ciudad”, y subraya un refuerzo tecnológico y operativo sin precedentes: 30,4 millones en maquinaria de última generación, un 62% de vehículos eléctricos y una renovación total del parque de contenedores.
También destaca la creación de una oficina presencial en la calle Rualasal y una nueva App para comunicar incidencias con fotografías y geolocalización. En teoría, esto debería reforzar la relación con el ciudadano. Sin embargo, el Ayuntamiento no detalla los protocolos de respuesta, los plazos ni los recursos humanos asignados para garantizar que esas incidencias se resuelvan de forma efectiva.
En realidad, esta falta de precisión ya se ha producido en ocasiones anteriores: la digitalización se ha anunciado como un avance, pese a que el impacto real ha dependido más de la capacidad operativa que de la herramienta en sí.
Otro elemento central es la gestión integral de la recogida neumática y soterrada, que estará en manos de la adjudicataria mediante acuerdos con URD Group y Contenur. El Consistorio anuncia inversiones específicas y tiempos de respuesta inferiores a 24 horas, tras haber llevado a colapsar esta misma modalidad en Castilla-Hermida o El Ensanche.
La nota municipal subraya que el contrato incorporará auditorías económicas a los cinco y diez años, así como informes mensuales e integración en la plataforma Smart City. Pese a ello, no se especifica qué indicadores serán públicos, quién realizará el control externo ni cómo se garantizará su independencia. En anteriores contratos, la evaluación llegó a privatizarse también, y la integración en Smart City –el teórico y pregonado proyecto integral se pasó años sin funcionar sin que trascendiera ni hubiera consecuencias hasta que se supiera en público.
Un informe advirtió en 2018 de la falta de eficacia de la plataforma de las basuras de Santander
Uno de los compromisos más detallados es el plan de choque inicial, centrado en grafitis, manchas y papeleras. El Ayuntamiento afirma que todas las papeleras se vaciarán al menos una vez al día y se lavarán cinco veces al año. También se anuncia un plan de desratización integral, con campañas específicas y tratamientos sistemáticos cada 15 días.
Pese a que este tipo de medidas son habituales en contratos de esta magnitud, el Ayuntamiento no explica por qué se intensifican ahora ni cuál ha sido el desempeño real en periodos anteriores, cuando distintas zonas de la ciudad han expresado su preocupación por la presencia de roedores.
Finalmente, la subrogación de la plantilla y el mantenimiento de los derechos laborales aparecen mencionados, aunque sin el nivel de detalle que correspondería en un servicio cuya calidad depende directamente del personal. El énfasis institucional se sitúa en la maquinaria y la tecnología, mientras que los aspectos laborales se abordan de forma más general, pese a su relevancia operativa.
El relato oficial presenta el nuevo contrato como una transformación integral de la limpieza en Santander. Sin embargo, la propia dimensión de los cambios anunciados —una renovación total de contenedores, una flota completamente nueva, refuerzos inéditos y un rediseño total del sistema— funciona, a la vez, como una enmienda implícita a la gestión previa. Pese a ello, la nota no ofrece explicaciones sobre los fallos del modelo anterior ni detalla los mecanismos concretos que garantizarán que esta vez sí se cumplan los estándares prometidos.
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