Fondos financieros y capital riesgo ganan terreno en la sanidad pública gracias a los conciertos
La política de concertación de servicios (es decir, la subvención con dinero público a empresas privadas a a las que se les derivan determinadas especialidades) está ampliando la presencia de los fondos financieros o de capital riesgo en la propia sanidad pública.
Este fenómeno, que combina privatización indirecta, concentración empresarial y poca transparencia –toda vez que los intereses de los fondos cambian constantemente–, ha quedado patente en al menos tres ejemplos concretos en Cantabria: la gestión externalizada de los servicios no sanitarios del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, el servicio de diálisis del centro del Zoco en Santander, y más recientemente, la derivación de mamografías al grupo HT Médica a través del Hospital Santa Clotilde.
Santa Clotilde y HT Médica: mamografías y fondos europeos
El caso más reciente se produce con el nuevo convenio del Servicio Cántabro de Salud con el Hospital Santa Clotilde, que permite la derivación de mamografías y otras pruebas diagnósticas. En este marco, se confirma que parte de esa actividad ya la presta la empresa HT Médica (Health Time S.L.), que opera dentro del propio hospital. Según la documentación oficial de MUFACE, HT Médica – Santa Clotilde figura como dispositivo concertado en Cantabria.
Como publicó EL FARADIO, detrás de HT Médica está desde noviembre de 2023 el fondo de capital riesgo paneuropeo Fremman Capital, que adquirió una participación mayoritaria en alianza con la familia Luna, fundadora del grupo. El control societario se ejerce desde Luxemburgo, a través de una estructura en cascada (Annask S.à r.l., Topco y Midco), y fue autorizado tanto por la CNMC como por el Consejo de Ministros, al tratarse de una inversión extranjera en un sector sensible.
La entrada en HT Médica forma parte de una estrategia sanitaria europea más amplia del fondo, que incluye inversiones en empresas de radioterapia oncológica, rehabilitación, diagnóstico por imagen y tecnología médica.
Valdecilla: de Ferrovial a Portobello
Uno de los casos más relevantes es el del contrato de colaboración público-privada de Valdecilla, adjudicado en 2014 por el Gobierno de Cantabria a una UTE formada por Ferrovial y SIEC por valor de 800 millones de euros. El contrato incluía la gestión integral de servicios no clínicos (logística, limpieza, esterilización, alimentación, mantenimiento, etc.) durante dos décadas.
En 2021, Ferrovial vendió su participación en ese contrato a una sociedad controlada por el fondo de capital riesgo Portobello Capital, a través de la firma Serveo (anteriormente Ferrovial Servicios). La operación supuso que la concesión de servicios esenciales de Valdecilla y con efecto en lo sanitario (alimentación, mantenimiento…) pasara a estar en manos de un fondo de inversión, sin que se modificara formalmente la adjudicación ni se convocara una nueva licitación.
De Ferrovial a Sodexo: el catering de Valdecilla pasa por primera vez a manos extranjeras
Las diálisis del Zoco: un servicio crónico bajo control privado
Otro caso representativo es el del servicio de diálisis en Cantabria, adjudicado en 2007 a la empresa Diálisis Santander S.L., con centro en el polígono del Zoco (Santander). El contrato inicial fue de 16,4 millones de euros, con una duración de tres años. Posteriormente, fue prorrogado en 2013, ampliando la duración y el presupuesto en unos 3 millones de euros más.
La empresa fue absorbida por la multinacional alemana Fresenius Medical Care, líder global en el sector de la diálisis. De este modo, el tratamiento de pacientes crónicos derivados desde el SCS quedó en manos de una corporación internacional, sin reversión a la red pública ni creación de alternativas en Valdecilla.
El caso se vio rodeado además de irregularidades profesionales: seis nefrólogos de Valdecilla admitieron haber tenido vínculos empresariales con la compañía adjudicataria, y una investigación judicial señaló posibles sobornos por valor de hasta cinco millones de euros por la venta del centro, además de comisiones sobre la facturación, sin que finalmente se saldara con más consecuencias.
Ese servicio ha cambiado de manos: en 2023, ese contrato público fue adjudicado por cuatro años a la empresa Diaverum Servicios Renales. El nuevo contrato, valorado en más de 12 millones de euros, contempla la actividad en dos centros en el barrio de Peñacastillo con más de 50 puestos de tratamiento.
Diaverum es una multinacional con origen en Suecia, presente en 23 países y con 49 centros en España. En abril de 2023 fue adquirida por el grupo sanitario M42, con sede en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), como parte de una operación de compra por parte del fondo soberano Mubadala. M42 integra también a G42 Healthcare y actúa como plataforma sanitaria global del Gobierno emiratí, con más de 450 instalaciones sanitarias en 27 países. La operación supuso que el servicio de diálisis pública concertada en Cantabria pasara a estar gestionado por una red controlada desde Emiratos Árabes Unidos, lo que añade una dimensión internacional y financiera a la gestión de un tratamiento estructural y crónico en la sanidad cántabra.
La nueva adjudicataria de las diálisis en Cantabria, en manos de un fondo de Emiratos Árabes Unidos
De la colaboración al control financiero
En todos estos casos, el esquema es similar: servicios de la sanidad pública son adjudicados o derivados a empresas privadas, y éstas son posteriormente adquiridas, absorbidas o participadas por fondos financieros, que terminan gestionando prestaciones esenciales del sistema sanitario, con financiación pública garantizada y a largo plazo. En el caso de Portobello, además, sus empresas se han visto beneficiadas por rescates públicos (préstamos avalados por el Estado en mejores condiciones que las del mercado bancario general).
En ningún caso se ha producido una reversión a lo público ni exigencias de nuevos concursos al cambiar la titularidad empresarial, lo que permite que el sistema público funcione como garante de rentabilidad estable para inversores financieros, en un ámbito —la sanidad— donde se presume un interés general superior.
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