Izquierda Unida Cantabria ha exigido este lunes al Partido Popular y a Vox que aclaren públicamente si votarán a favor del decreto estatal que permite la congelación de los contratos de alquiler que vencen entre marzo de 2026 y diciembre de 2027, una medida queprotegería a más de 7.000 inquilinos cántabros cuyos contratos vencen este año.

El decreto, ya publicado en el Boletín Oficial del Estado, establece la posibilidad de prorrogar dos años los contratos de alquiler sin incremento de precio y forma parte del paquete anticrisis aprobado por el Gobierno para mitigar los efectos económicos del conflicto en Oriente Próximo. Dicho texto congela los contratos a punto de vencer y fija topes del 2% a las actualizaciones anuales.

Izquierda Unida señala que la prórroga extraordinaria es esencial para evitar subidas que, según estimaciones nacionales, podrían afectar a más de un millón de contratos en España durante 2026 y 2027. “La situación es especialmente sensible en Cantabria, donde miles de hogares arrendatarios se encuentran expuestos a renovaciones en un mercado marcado por la escasez de oferta y el incremento sostenido de precios”, apunta Israel Ruiz Salmón, coordinador autonómico de IU.

El líder de IU ha reclamado al PP y a Vox que “dejen de bloquear cualquier avance en materia de vivienda” y que expliquen si mantienen su rechazo a una medida imprescindible para frenar la tensión del mercado y garantizar estabilidad a las familias.

IU recuerda que, a nivel estatal, la finalización de contratos firmados durante la pandemia está generando un repunte de renovaciones con incrementos de renta muy superiores a los de años anteriores. “Miles de hogares cántabros pagarán 2.000 euros más de media de alquiler este año si PP y Vox les dan la espalda el 26 de marzo, día en que se vota la convalidación del decreto”, incide Ruiz Salmón.

“No es aceptable que el Gobierno cántabro permanezca inmóvil mientras otras comunidades aplican medidas de alivio o reconocen zonas tensionadas”, ha señalado la formación, recordando que otros gobiernos autonómicos del PP, como el gallego, sí han habilitado mecanismos para declarar áreas tensionadas y aplicar límites en los alquileres”, afirma desde IU.

“Y tampoco es de recibo que centren sus políticas en atender únicamente a los propietarios y no a quien más vulnerable escuando, del 1 de julio al 30 de septiembre, hubo 36 desahucios en Cantabria por solo dos demandas por ocupación”, continúa Ruiz Salmón, en referencia a las últimas cifras en esta materia del Consejo General del Poder Judicial.

IU insiste en que el decreto estatal es “una herramienta ya probada, legal y efectiva” y que su rechazo en el Congreso —advertencia dirigida principalmente al bloque de derechas— “perjudicaría directamente a miles de inquilinos cántabros que ya viven al límite de sus posibilidades”.

“De nada vale descargar la responsabilidad sobre las medidas de vivienda en el gobierno central si cuando toca apoyar medidas en favor de las familias cántabras el PP prioriza su oposición al gobierno en lugar del rescate a las personas”, sentencia IU.