El Gobierno de Cantabria ha expresado en respuestas parlamentarias su rechazo al incremento del porcentaje obligatorio de vivienda protegida en nuevos desarrollos urbanísticos, al considerar que esta medida puede comprometer la viabilidad económica de las promociones y, en consecuencia, su ejecución.

En concreto, el Ejecutivo autonómico cuestiona el aumento del mínimo del 30% al 40%, establecido en la Ley estatal por el derecho a la vivienda. Según recoge el documento oficial, este cambio «dificulta la viabilidad y por tanto la materialización de vivienda protegida desde el sector privado» .

El planteamiento del Gobierno sitúa el eje del debate en la rentabilidad de las promociones, más que en la ampliación del parque de vivienda asequible –que por otra parte viene defendiendo ampliar en sus propias políticas–. La argumentación apunta a que un mayor porcentaje de vivienda protegida podría afectar al equilibrio económico de las operaciones urbanísticas, reduciendo el interés de los promotores.

Además, el Ejecutivo defiende el papel del sector privado en este ámbito de la vivienda protegida. En su respuesta, destaca que este sector es «propietario de una importantísima bolsa de vivienda protegida» , lo que, a su juicio, obliga a tener en cuenta sus condiciones de desarrollo y, expresamente, rentabilidad.

El documento establece una relación directa entre el incremento de las exigencias normativas y el comportamiento del mercado, llegando a pronosticar su paralización de la misma forma automática con la que el PP en general viene sosteniendo que la construcción de viviendas abaratará por sí misma los precios. Según sostiene el Gobierno, «el incrementar artificialmente esos ratios sin contar con el sector supone la total paralización de las promociones de vivienda protegida» .

Esta afirmación introduce un escenario en el que el aumento del porcentaje de vivienda protegida no solo no incrementaría la oferta, sino que podría reducirla. En consecuencia, el Ejecutivo advierte de que esta situación derivaría en «la imposibilidad de generar oportunidades de acceso a la vivienda en propiedad» .

Críticas a la intervención pública en el mercado

Este posicionamiento se enmarca en un bloque más amplio de respuestas parlamentarias en el que el Gobierno también cuestiona otros instrumentos previstos en la normativa estatal, como la declaración de zonas tensionadas –una posibilidad legal en la que en función .

En ambos casos, la argumentación pivota sobre un mismo eje: la relación entre regulación pública y oferta de vivienda. El Ejecutivo sostiene que determinadas medidas pueden tener efectos «contrarios» a los objetivos perseguidos, al reducir la disponibilidad de vivienda en el mercado.

Asimismo, en el documento se vinculan estas políticas con un impacto negativo en los sectores más vulnerables, al dificultar su acceso al alquiler o a la propiedad. Esta línea argumental refuerza la idea de que el equilibrio entre regulación y mercado es un elemento clave en la política de vivienda autonómica.

Datos sobre el parque público y ayudas

Las respuestas parlamentarias incluyen también información sobre el parque público de vivienda y las políticas de apoyo en Cantabria. Según el documento, existen 240 viviendas destinadas a emergencia habitacional, gestionadas en parte por la empresa pública Gesvican y en parte por el propio Gobierno autonómico .

Además, el Ejecutivo señala que prevé ampliar el parque de vivienda social mediante el incremento del parque público y la optimización del existente, condicionado a la aprobación de un nuevo proyecto de ley autonómico de vivienda actualmente en tramitación .

En relación con las ayudas, el documento recoge distintos programas vinculados al Plan Estatal de Vivienda, como subvenciones al alquiler, ayudas para personas en situación de vulnerabilidad o programas dirigidos a jóvenes y al reto demográfico, con miles de beneficiarios en los últimos años.

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