El proyecto de restauración ambiental del litoral norte que el Ayuntamiento de Santander pretende ejecutar con carácter urgente apelando al riesgo de pérdida de fondos europeos no se limita a actuaciones de limpieza y plantación.

Según la documentación incorporada al expediente, consultada por EL FARADIO, también contempla intervenciones sobre elementos físicos existentes en el recorrido de la senda costera, algunos de ellos vinculados al mismo ámbito de actuación y al proyecto de origen de la senda costera y que afectan a terrenos que son propiedad del Ayuntamiento, pese a lo cual no se habían planteado acciones de restauración antes.

En detalle, la actuación ha sido adjudicada a la empresa EULEN S.A. por un importe de 92.022,33 euros (sin IVA), frente a un presupuesto de licitación de 99.118,69 euros, en un procedimiento en el que solo se presentó una empresa, sin competencia efectiva, pero sin rebaja económica ni mejora técnica pese a que las normas de contratación llevan a actuar así. El contrato se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística “Norte Litoral–Costa Quebrada”, financiado con fondos europeos NextGenerationEU, y contempla una intervención sobre distintos tramos del litoral mediante trabajos de restauración ambiental.

Según la documentación del expediente y el escrito remitido al juzgado el 27 de abril de 2026, las actuaciones incluyen la recogida de maderas caídas de empalizadas situadas en el trayecto de la senda litoral, en espacios municipales. Estas empalizadas fueron instaladas en el marco del proyecto global ejecutado en 2012 por la Dirección General de Costas del Gobierno central, dentro de la misma actuación que dio forma a la senda costera en ese entorno, una actuación licitada y adjudicada por el Estado, y pedida y defendida por el Consistorio.

El Ayuntamiento precisa que estas estructuras se encuentran “lejos de la estructura siniestrada”, en referencia a la pasarela cuyo colapso está siendo objeto de investigación judicial.

Sin embargo, al mismo tiempo reconoce que forman parte del mismo ámbito territorial y del mismo proyecto técnico original, lo que sitúa las actuaciones actuales dentro de un entorno perteneciente al mismo ámbito territorial que la obra cuya seguridad está siendo analizada tras acumular años de abandono las medidas de reversión acordadas cuando las empalizadas y la obra dura planteada causaron la alarma y rechazo vecinal.

En términos prácticos, las maderas —actualmente caídas o desplazadas junto al sendero— serán retiradas como parte de los trabajos previstos. El Consistorio señala que, una vez recogidas, serán trasladadas a dependencias municipales y conservadas a disposición judicial, lo que implica una intervención material sobre elementos existentes en la zona, aunque con la previsión de preservar su posible valor probatorio.

Es decir, no se trata únicamente de una actuación ambiental sobre vegetación o suelos, sino también de una intervención sobre elementos de infraestructuras previas, integradas en el paisaje litoral y vinculadas a un proyecto anterior promovido por la Dirección General de Costas.

El Ayuntamiento enmarca estas actuaciones no en una intervención correctiva derivada de la seguridad de la infraestructura tras el derrumbe, que viene asegurando que no le corresponde a esta institución, sinoa Costas, y sí en la necesidad de ejecutar proyectos financiados con fondos europeos dentro del plazo establecido.

En el escrito remitido al juzgado se insiste en que la ejecución es “inaplazable” por el riesgo de pérdida de financiación si no se culmina antes del 30 de junio de 2026, y se plantea su desarrollo “salvo indicación en contrario de la autoridad judicial”, para un proyecto que venía de acumular sus propios retrasos por un fallo en la redacción de los pliegos que obligó a reiniciar el trámite.

En este sentido, el argumento municipal sitúa el motor de la intervención en el cumplimiento de los hitos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y no en una actuación vinculada a la revisión o corrección de las condiciones de seguridad del entorno tras el siniestro.

Las actuaciones se desarrollan, además, sobre terrenos integrados en el dominio público marítimo-terrestre, cuya titularidad corresponde al Estado a través de la Dirección General de Costas. La senda costera, las empalizadas y otros elementos asociados forman parte de ese dominio, aunque su uso público y su mantenimiento se articulan mediante la intervención de distintas administraciones, entre ellas el Ayuntamiento.

Este encaje competencial explica que los elementos sobre los que ahora se actúa —como las empalizadas— tengan origen en un proyecto estatal previo, mientras que su intervención actual se produce en el marco de un contrato impulsado por el ámbito municipal y financiado con fondos europeos.

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