La actividad fue convocada por el Comité de Solidaridad con los Pueblos – Interpueblos, con el respaldo de unas cuarenta organizaciones sociales de Cantabria en un recorrido que partió desde Puertochico y finalizó frente a la Delegación del Gobierno. Durante la manifestación se escucharon consignas que denunciaban la ocupación, el apartheid, el colonialismo y el genocidio que sufre el pueblo palestino y se hicieron llamamientos para reivindicar la justicia, la paz y el respeto al derecho internacional. En el trayecto también hubo pronunciamientos contra las instituciones bancarias señaladas de patrocinar la industria armamentista.

Esta acción se enmarca en la convocatoria estatal de la Red Solidaridad contra la Colonización y la Ocupación de Palestina (RESCCOP) y coincide con el 78.º aniversario de la Nakba, término árabe que significa “catástrofe” y que designa la expulsión forzosa y sistemática de aproximadamente 750.000 personas palestinas de sus hogares y tierras en 1948 por parte de las fuerzas sionistas. Este proceso, acompañado de la destrucción de aldeas, masacres y una intensa guerra psicológica, supuso la desposesión y el exilio forzado de la mayoría del pueblo palestino, marcando el inicio de una ocupación y un proceso de colonización que persisten hasta hoy.

La manifestación se sumó también a una jornada internacional de solidaridad con el pueblo palestino y sus derechos inalienables, con actos simultáneos en ciudades de todo el mundo. En este contexto, las organizaciones convocantes leyeron un comunicado en el que exigieron al Gobierno español: El embargo total de armas y el fin de todo tipo de relaciones comerciales, militares y diplomáticas con Israel; el cierre de las bases militares estadounidenses en territorio español; la derogación de la Ley Mordaza y el fin de la criminalización de la solidaridad con Palestina.

En el manifiesto difundido con motivo de las protestas, las entidades denuncian que el proceso de “colonialismo de asentamiento” sigue avanzando mediante la destrucción de viviendas, la expulsión de familias palestinas y la negación del derecho al retorno de millones de personas refugiadas.

El texto centra buena parte de sus denuncias en la situación de la Franja de Gaza, donde aseguran que continúa el “genocidio” contra la población palestina. Acusan al Estado de Israel de mantener los bombardeos y el bloqueo de ayuda humanitaria, así como de utilizar “el hambre, el frío y la destrucción como armas de guerra”. Además, alertan del agravamiento de la violencia en Cisjordania por parte de colonos israelíes armados y protegidos por el ejército.

Las organizaciones convocantes también señalan la situación de la población palestina que reside dentro de Israel, a la que atribuyen la existencia de decenas de leyes discriminatorias, y recuerdan que más de ocho millones de personas refugiadas palestinas siguen sin poder regresar a sus hogares.

Por otra parte, el manifiesto amplía la denuncia a la actuación de Estados Unidos e Israel en otros países de Oriente Próximo, con referencias a ataques en Líbano o Irán, dentro de lo que describen como un “orden internacional imperialista basado en la guerra, el saqueo y la imposición colonial”.

En este sentido, los colectivos relacionan el conflicto con la industria armamentística y critican que “los beneficios económicos” se sitúen “por encima de la vida”. Bajo lemas como “Ni Nakba ni genocidios ni guerras ni mordazas”, las movilizaciones también incorporan críticas a la represión contra activistas y movimientos de solidaridad con Palestina.

El manifiesto menciona expresamente el reciente “secuestro” de los activistas Saif Abukeshek y Thiago Ávila, ya recientemente liberados, junto a la de miles de presos políticos palestinos encarcelados en Israel y las personas desaparecidas desde el 7 de octubre.

Además, las organizaciones consideran que la presión social ha influido en el posicionamiento del Gobierno de España, al que reconocen haberse convertido en una de las voces más críticas con la actuación israelí. No obstante, reclaman “coherencia” y exigen la ruptura de todas las relaciones militares, económicas, académicas, culturales y diplomáticas con Israel.

En este apartado, citan datos del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, según los cuales las relaciones armamentísticas entre España e Israel apenas se habrían reducido. Por ello, reclaman un embargo integral de armas que incluya venta, compra, tránsito, subcontrataciones y cualquier tipo de colaboración militar o de seguridad.

Asimismo, las entidades piden la suspensión del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel, el cierre de las bases militares estadounidenses en el Estado español y la derogación de la Ley Mordaza.

El manifiesto también alerta del aumento de la represión contra el movimiento de solidaridad con Palestina. En referencia a un informe de la organización Defender a Quien Defiende, denuncian detenciones, sanciones económicas e infiltraciones policiales contra activistas.

Además, sostienen que muchas tecnologías de vigilancia y control utilizadas posteriormente en otros países son probadas previamente sobre la población palestina, vinculando así la situación en Palestina con mecanismos globales de represión.

Las organizaciones convocantes concluyen defendiendo que la solidaridad internacional, los boicots y las campañas de desinversión están aumentando el aislamiento internacional de Israel y aseguran que continuarán movilizándose “por la descolonización y liberación de Palestina”.

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