El Ayuntamiento de Santander tardó tres días en incriminar a la agente antes de que trascendiera el fallo técnico de grabación y de encontrar los «protocolos»
La secuencia documental de la investigación sobre la tragedia de El Bocal muestra que la primera respuesta interna de la Policía Local de Santander, asumida por el Ayuntamiento públicamente, se orientó rápidamente principalmente hacia la actuación de la operadora que recibió los avisos sobre la pasarela, cuando aún no se habían remitido al juzgado que investiga la muerte de seis jóvenes y heridas a una séptima los protocolos del 092 ni había trascendido públicamente el fallo técnico que afectaba a las grabaciones de llamadas.
Apenas tres días después del derrumbe, el 6 de marzo de 2026, la Policía Local ya había incoado un expediente disciplinario relacionado con la gestión de los avisos previos al accidente.
En ese documento aparece una de las primeras reconstrucciones oficiales de lo ocurrido durante las horas anteriores al colapso de la pasarela.
El expediente recoge también el fallo tecnológico que no tuvo tanta difusión ni en declaraciones públicas de la alcaldesa ni en las informaciones que han trascendido en una causa en la que el Ayuntamiento, al ser parte –como posible responsable civil– tiene acceso a toda la documentación: «comprobados los archivos de esta Policía, no figura en el programa de Gestión de Llamadas 092 incidencia alguna relativa a los hechos anteriormente descritos”.
En el propio expediente, la Policía Local reconoce que “no se ha podido obtener copia de la grabación de la llamada recibida” porque el terminal utilizado “no tiene habilitado, por parte de informática, la posibilidad de grabación de llamadas”.
Es decir, el mismo documento que inicia la reconstrucción disciplinaria ya constataba que existían limitaciones técnicas para reconstruir por completo las comunicaciones mantenidas en la Sala 092, algo que sería corregido nueve días después del derrumbe y que el concejal de Protección Ciudadana no reveló en público hasta 23 días después de la tragedia.
Sin embargo, el foco inicial de la respuesta institucional quedó situado principalmente sobre la actuación concreta desarrollada desde el puesto de operador, la principal estrategia que ha adoptado el Ayuntamiento para desplazar el foco de la investigación de los fallos generales en la organización de la Policía Local de los que los sindicatos profesionales llevan advirtiendo desde hace más de una década.
Todo ello ocurrió antes de que el Ayuntamiento de Santander remitiera al juzgado el núcleo principal de la documentación sobre los llamados protocolos operativos del 092. La jueza instructora no solicitaría formalmente esos protocolos hasta el 12 de marzo de 2026, nueve días después de la tragedia. Y el principal informe explicativo sobre el funcionamiento del sistema no llegaría hasta el 23 de marzo, veinte días después del derrumbe, pese a que el Consistorio había anunciado la creación de un órgano interno municipal para recopilar toda la información.
Fue entonces cuando la Policía Local aportó protocolos, anexos, manuales técnicos, documentación del programa informático y explicaciones sobre el funcionamiento interno del sistema de gestión de llamadas. En ese momento comenzaron a aparecer elementos que ampliaban el análisis inicial del caso.
La propia Jefatura sostuvo entonces que el personal del 092 “recibe formación específica” y “formación teórico-práctica”. Sin embargo, semanas después, una veintena de agentes y mandos del Centro de Coordinación de Servicios declararían que habían comenzado sus funciones “sin formación teórico-práctica reglada”. También añadieron que era “la primera vez” que tenían conocimiento de los documentos remitidos al juzgado.
El envío de documentación no fue suficiente por sí mismo para la jueza que investiga la causa, que tuvo que pedir aclaraciones y citar más mandos policiales para que declarasen como testigos.
El informe policial del 23 de marzo reconocía que el denominado “protocolo de actuación para la atención de avisos de ciudadanos” estaba vigente “con ocasión de la puesta en funcionamiento del programa de gestión de la Sala 092”, reforzando la tesis de que lo que había presentado como protocolos era en realidad un manual de uso de un programa informático.
Junto a esos documentos aparecieron manuales de utilización informática, listados de hechos, validaciones, cierres administrativos y pantallas de asignación de “protocolos mínimos”: documentos sin fecha ni membrete o con fecha posterior al derrumbe que coinciden en aplicar las mismas acciones a supuestos muy distintos entre sí y cuya práctica no refleja el automatismo que vendía el Ayuntamiento.
El fallo de grabación, que ya aparecía reconocido internamente el 6 de marzo, no trascendería públicamente hasta semanas después, cuando el concejal de Seguridad Ciudadana, Eduardo Castillo, admitió en el Pleno municipal del 26 de marzo que la quinta línea del 092 no estaba integrada en el sistema de grabación hasta después de la tragedia.
Y poco después, el 4 de mayo, sería cuando trascendería también que la Policía Local no recibía formación sobre esos protocolos –y la específica de emergencias se había limitado a dos horas—, asegurándose incluso que no se tenían competencias para ella, en un testimonio de la Jefatura de la Policía Local que contradecía su propio primer escrito.
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