Colectivos de Castro Urdiales denuncian la «cacería» de un menor no acompañado por las calles del municipio

Según Castro por la Igualdad y la Vigilia por Gaza, este viernes uno de los menores que están en el centro de acogida de Mioño fue perseguido por la calle
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Primero fue Cartes y después Castro Urdiales. Los municipios de Cantabria que, en la actual crisis de acogida de menores de migrantes en Canarias, Ceuta y Melilla fueron designados por el Gobierno de Cantabria para recibir a menores y alojarlos en centros donde puedan vivir con una mínima dignidad. Una recepción hecha a regañadientes. Curiosamente, una decisión que afectó a dos ayuntamientos gobernados por el PSOE.

La alcaldesa de Cartes no ayudó nada a mantener un clima de sosiego ante la llegada de un puñado de clavales. Expresó argumentos similares a los que se tienen que escuchar por parte de personas y colectivos que promueven el odio, el racismo y la xenofobia. En Castro Urdiales, el gobierno municipal estuvo más acertado.

Sin embargo, desde que llegaron los menores a Castro, surgió un movimiento para señalar y tratar de expulsar a los nuevos habitantes del municipio, alojados en un centro de acogida en Mioño. Se manifestaron y también hubo manifestación de respuesta, porque en el tercer ayuntamiento de Cantabria por población también hay gente que piensa que lo primero es atender a niños y niñas que han dejado una familia atrás y tratan de tener un futuro más esperanzador en nuestra sociedad.

Este pasado viernes se produjo una persecución por las calles de Castro Urdiales a uno de los menores acogidos en Mioño. Lo denuncian Castro por la Igualdad y Vigilia por Gaza. Dos colectivos distintos, pero con puntos en común. La una es una asociación de jóvenes castreños que ya ha promovido diversas acciones en la calle (como la acogida debida a los menores) y el otro es un movimientos que, cada martes por la tarde, se reúne en la Plaza del Ayuntamiento para denunciar lo que sigue sucediendo en la Franja de Gaza, desde hace 78 años, pero sobre todo desde hace casi tres.

Cuentan las asociaciones que uno de los menores estaba dando un paseo el viernes por la tarde y se encontró rodeado de un grupo de personas que querían intimidarlo. Ante esa situación echó a correr hasta que encontró personas que pudieron defenderle. Se trataba de gente que estaba en un homenaje a mujeres asesinadas en casos de violencia machista, algo que se produce cada último viernes de cada mes.

Castro por la Igualdad muestra su preocupación porque nunca se había producido un episodio de este tipo en el municipio. Un grupo organizado para aprovechar una oportunidad de que uno de los menores esté solo y así poder ir a por él. Creen que el cambio se produjo hizo visible cuando se llevó a cabo la concentración para rechazar la llegada de estos menores extranjeros.

Vigilia por Gaza refleja que este hecho pone a las claras que los menores acogidos están «perfectamente identificados y controlados en todo momento, a la espera de que se produzca una situación como la de ayer». Es decir, que esas personas corren un riesgo importante.

La organización propalestina define como «cacería» lo sucedido, algo que las autoridades locales deberían evitar. Y señalan que, desde la política, se podrían hacer las cosas mejor para intentar que no se propaguen los mensajes de odio. Por ejemplo, no mirar hacia otro lado.

Resaltan que resulta mucho más sano promover y apoyar actividades o eventos que hablen de término como convivencia, empatía o colaboración antes que centrarse en señalar a menores no acompañados y ligarlos a conceptos que tienen más que ver con la exclusión y el racismo.

Y apuntan, administrativamente, a todas partes. «La cacería humana, la tergiversación de la verdad y la realidad y las nefastas consecuencias que se adivinan en un futuro muy próximo son posibles porque la corporación municipal que padecemos, el gobierno autonómico que sufrimos y el maniqueísmo y la extrema tolerancia con el fascismo de los partidos que conforman el gobierno nacional y los partidos que lo apoyan no cumplen con los mínimos estándares democráticos exigibles», denuncian.

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