La Plataforma en Defensa de la UE ha celebrado una jornada centrada en las cláusulas abusivas en los contratos mercantiles y en el papel que desempeña el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la protección de los consumidores españoles. El encuentro contó con la participación del profesor Jorge Tomillo, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Cantabria (UC), y se desarrolló en el Paraninfo de la institución académica.

Durante su intervención, Tomillo explicó que una cláusula abusiva es aquella que no ha sido negociada individualmente con el consumidor y que se impone por una de las partes del contrato. Según señaló, este tipo de cláusulas vulneran el principio de confianza y generan perjuicios a los consumidores a partir de una situación de desequilibrio contractual entre grandes compañías y particulares.

El catedrático defendió la relevancia de la jurisprudencia europea en este ámbito y sostuvo que las resoluciones del TJUE han permitido corregir situaciones que, a su juicio, no habrían encontrado respuesta suficiente en el ámbito estatal. En este sentido, afirmó que las estimaciones conservadoras apuntan a que los bancos españoles han tenido que devolver más de 70.000 millones de euros a consumidores afectados por cláusulas abusivas gracias a la prevalencia de los criterios del tribunal europeo. Entre los casos citados se encuentran los relacionados con préstamos hipotecarios y determinados productos financieros comercializados entre particulares.

Tomillo vinculó parte de estos conflictos a la crisis financiera iniciada en 2008. Según expuso, la necesidad de las entidades bancarias de superar los test de resistencia en un contexto de deterioro de activos provocó la comercialización de productos que ocasionaron pérdidas significativas para numerosos clientes. En algunos casos, añadió, las consecuencias afectaron tanto a los ahorros familiares como a la conservación de la vivienda habitual.

Por otra parte, el profesor defendió que sin la intervención de las instituciones europeas muchas de las devoluciones económicas obtenidas por los consumidores no se habrían producido. En sus declaraciones, sostuvo que existe una tendencia en el Tribunal Supremo español que, en su opinión, favorece a las grandes compañías frente a los consumidores, una situación que considera contrarrestada por la actuación del TJUE.

Además, mostró una posición crítica con diversos organismos implicados en la supervisión y regulación del mercado financiero. Entre ellos citó al Banco de España, los notarios, los registradores, las entidades bancarias y el poder legislativo. A este último le atribuyó una falta de iniciativa normativa para abordar con mayor profundidad los problemas derivados de las cláusulas abusivas y de la protección de los consumidores.

En relación con la situación actual, Tomillo consideró que el problema sigue vigente pese a la existencia de normativa específica en materia de defensa de los consumidores. En concreto, hizo referencia a la reciente Ley de Defensa del Consumidor y a la obligación que establece para que los poderes públicos prioricen la protección de los usuarios. Sin embargo, afirmó que determinadas interpretaciones judiciales continúan beneficiando al sector bancario y estimó que esa situación podría acabar siendo revisada nuevamente por el tribunal europeo.

Asimismo, aseguró que las entidades financieras resultan derrotadas en la gran mayoría de los procedimientos judiciales relacionados con estas cuestiones. No obstante, advirtió de que el recurso constante a los tribunales obliga a los consumidores a afrontar procesos largos y costosos para hacer valer sus derechos. Según indicó, esta dinámica permite a las entidades ganar tiempo mientras se resuelven los litigios.

La jornada fue organizada conjuntamente por la Plataforma en Defensa de la UE y Cantabria Económica, con la colaboración de la Unión de Profesionales Progresistas. El encuentro sirvió para analizar la evolución de la protección jurídica de los consumidores en España y el impacto que las resoluciones europeas han tenido en la corrección de prácticas consideradas abusivas en distintos ámbitos de la contratación mercantil.

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