El Ayuntamiento de Santander ha dado un paso más en su pulso con la Delegación del Gobierno por el dispositivo de seguridad del verano.

La petición de más agentes de la Policía Nacional de cara a un momento de muchos eventos masivos –«maravillosamente desbordados», llegaron a presumir en La Casona el verano pasado– ha quedado ahora acompañada de una advertencia política: “en la situación actual”, la colaboración que presta la Policía Local a la Policía Nacional en materia de seguridad ciudadana “temporalmente no podrá ser tan notable como habitualmente”, según ha señalado el concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo por escrito en un comunicado.

El Ayuntamiento de Santander ha tenido estos días que pasar porque otra administración le recuerde cuáles son sus competencias, es decir, las responsabilidades que evidentemente sabe que tiene.

Cuando el Consistorio le pidió más refuerzos policiales en verano –achacándole a la negativa de la Policía Local a hacer horas extras por su conflicto laboral–, el delegado de Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, le respondió dos cosas: la primera, que es algo que de hecho ya se hace, pero que estudiaría ampliar; y la segunda, que en todo caso, los Policías Nacionales no podrían ejercer funciones de la Policía Local, como tráfico y movilidad.

Lejos de producir bochorno en el Ayuntamiento esta obviedad de recordarle para que están sus propios recursos, su respuesta ha dado un salto más: si ya estaban presentando como básico algo extraordionario de lo que ya disponen, y en todo caso un ‘favor’ competencial como una obligación, ahora han dado un paso más que convierte la relación entre administraciones en algo más parecido a un chantaje.

El responsable de la Concejalía en la que se encuadran las competencias policiales ha estirado el argumento de las competencias para introducir un aviso: si Delegación del Gobierno no refuerza aún más la presencia de Policía Nacional –es importante recordar que el problema no es que no haya refuerzos, que los hay, sino que quiere más–, el Gobierno local avisa de que la cooperación habitual de la Policía Local puede resentirse.

El concejal ha trado de evolucionar la petición, presentando su exigencia de más refuerzos sobre los refuerzos de más que ya tiene como una «obligación de dotar de los medios humanos necesarios para que Policía Nacional pueda ejercer con garantías sus competencias”.

La advertencia de Castillo es que en la situación actual, los agentes de la Policía Local deben centrarse en las competencias propias. Por tanto, ha asegurado que la colaboración que le presta a Policía Nacional en materia de seguridad ciudadana, “temporalmente no podrá ser tan notable como habitualmente”.

Unas afirmaciones que ha tratado nuevamente de resituar defendiendo «la profesionalidad de los agentes de Policía Local y de Policía Nacional» e inssitiendo en que el extra que reclama es una obligación.

No es el único desplazamiento argumental en que incurre: tras hacer esa exigencia extra consecuencia de un problema interno municipal –su incapacidad negociadora–, pasa a presentar la reacción del Estado —que ha sido una oferta de colaboración y un mero recordatorio de sus competencias– como «utilizar su cargo para hacer oposición a los gobiernos de Cantabria y Santander», que es justo lo que está haciendo con el comunicado..

La petición de la alcaldesa, Gema Igual, consistía en reforzar la Policía Nacional en Santander mediante horas extraordinarias y la llegada puntual de agentes de otros territorios. El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, respondió que Interior refuerza la presencia policial “siempre, todos los veranos”, pero rechazó que la Policía Nacional asumiera tareas municipales: “Lo que no puede pretender Gema Igual es que la Policía Nacional haga el trabajo de la Policía Local”.

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