Igual pronosticaba hace apenas dos semanas un “verano seguro” gracias a la coordinación con el Estado
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Las fechas son inmediatas: ha sido esta semana (29 de junio-3 de julio) cuando el Ayuntamiento de Santander ha pedido un refuerzo veraniego de la Policía Nacional –un refuerzo extra al que ya hay de por sí- culpando de ello al conflicto laboral con la Policía Local que el propio Consistorio –algo tendrá que ver en ello- está siendo incapaz de desastascar; y ha sido hoy mismo cuando, después de que el Estado le ha respondido afirmativamente, pero recordando que estos agentes no podrán sustituir a los locales en temas de movilidad, ha pasado a un aviso que sonaba casi a chantaje: la colaboración de los agentes municipales con la Policía Nacional “temporalmente no podrá ser tan notable como habitualmente”.
No hace ni dos semanas que el panorama era pero totalmente distinto, y en palabras del propio Ayuntamiento.
Era 16 de junio, y la alcaldesa Gema Igual y el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, presidieron la Junta Local de Seguridad de Santander –un órgano de coordinación para “analizar la evolución de la seguridad ciudadana” y fijar las actuaciones de cara al verano.
El comunicado municipal destacaba la “gran colaboración” entre los cuerpos policiales y el análisis conjunto de los dispositivos para las «múltiples actividades», los eventos culturales, lúdicos, festivos y deportivos previstos durante la época estival –que el verano pasado llevaron a ediles del Ayuntamiento a presumir de que la ciudad estaba «maravillosamente desbordada».
Igual aseguró que el objetivo era garantizar un verano seguro, optimizando la operatividad de las actuaciones policiales en el municipio: “Ayuntamiento y Delegación del Gobierno queremos que tanto los vecinos como los visitantes puedan disfrutar de un verano tranquilo y sin incidentes, en un ambiente de convivencia y seguridad, y en ese objetivo aplicaremos todo nuestro esfuerzo”, ha señalado.
En el caso de la Policía Nacional, el delegado del Gobierno, Pedro Casares, avanzó que un verano más el Ministerio del Interior reforzaría los efectivos de la Comisaría de Santander. Algo que al Ayuntamiento no sólo no le ha parecido suficiente, sino una obligación ante la que cualquier matiz –como recordar que un Policía Nacional no puede poner multras de tráfico en la ciudad– supone un uso político de la institución –que es el que en realidad está haciendo el Ayuntamiento–.
Esa coordinación de la que presumía la alcaldesa era para garantizar los dispositivos habituales en todos los barrios de la ciudad y los múltiples eventos estivales como la Semana Grande, los ciclos de conciertos en La Magdalena o los de la Virgen del Mar o los partidos del Real Racing Club tras su regreso a Primera División y que se retomarán el 15 de agosto.
Igual remarcó que Santander continuaba siendo una ciudad segura y trasladó el “compromiso del Consistorio de seguir colaborando con el Cuerpo Nacional de Policía para garantizar la seguridad en la ciudad”. Esa colaboración ahora no será posible si no llegan los refuerzos extra que Delegación de Gobierno NO HA NEGADO, por mucho que alcaldesa y el concejal responsable de la Policía estén presentando el recordatorio básico de las competencias como un rechazo.
También entonces la alcaldesa habló de un horizonte compartido con Delegación: “Ayuntamiento y Delegación del Gobierno queremos que tanto los vecinos como los visitantes puedan disfrutar de un verano tranquilo y sin incidentes, en un ambiente de convivencia y seguridad, y en ese objetivo aplicaremos todo nuestro esfuerzo”.
Eso hace sólo dos semanas. Hace cuatro meses, la alcaldesa presidió la toma de posesión de ocho nuevos agentes de la Policía Local y el Ayuntamiento difundió que el cuerpo alcanzaba los 262 efectivos, con un incremento del 40% en los últimos siete años. Igual dio la bienvenida a los agentes, defendió que Santander cumplía la ratio de 1,5 policías por cada 1.000 habitantes recomendada por las normas marco y recordó que la Oferta Pública de Empleo aprobada el 2 de marzo incluía otras 13 plazas.
La alcaldesa no se limitó a ofrecer cifras. Vinculó esas incorporaciones a una mejora directa del servicio. “La seguridad ciudadana es una responsabilidad compartida en la que la Policía Local desempeña un papel esencial. La llegada de estos nuevos agentes supone un refuerzo significativo para seguir garantizando la convivencia y el bienestar”, afirmó entonces.
“Nuestro objetivo es que este incremento se perciba en los barrios y en las calles, y que los ciudadanos se sientan cada vez más seguros y protegidos”, añadió.
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