El Ayuntamiento de Santander ha deslizado este miércoles que los agentes de la Policía Municipal podrían reducir su colaboración con la Nacional si el Estado no refuerza con más efectivos sobre el refuerzo que ya de por sí se hace en un momento, el verano, en que se acumulan los eventos masivos –el verano pasado el mismo Consistorio presumía de que la ciudad estaba «maravillosamente desbordada».

El Ayuntamiento de Santander advierte de una menor colaboración con la Policía Nacional si no llegan más refuerzos

Hay varios contextos en esta frase: el Ayuntamiento hizo esa petición de refuerzo, que no ha sido rechazada, sino simplemente matizada con una obviedad, y es que los policías nacionales no podrán –cuestión de competencias básicas– sustituir funciones de los locales, como la regulación del tráfico. Y el Consistorio ha interpretado ese matiz como una negativa, prácticamente una agresión, e incluso un uso partidista de la institución –un desplazamiento o proyección argumental de lo que está haciendo literalmente la parte municipal–. El segundo contexto importante es que la exigencia del Ayuntamiento al Estado no se hace por una necesidad de más efectivos por más eventos o gente, sino porque no puede recurrir a horas extras debido a que la policía municipal no las está asumiendo –no es obligatorio–, dentro de un conflicto laboral que el Ayuntamiento está siendo incapaz de desatascar.

Más allá de esos necesarios contextos –importantes para recordar que el origen del problema es una competencia municipal y que el Consistorio está presentando como un ataque algo que ni siquiera es una negativa–, sorprende la pensada –plasmada por escrito- advertencia que ha hecho el Ayuntamiento como respuesta a Delegación de Gobierno: que si se rechaza su petición –cosa que no se ha hecho, tal y como se desprende de las declaraciones de su responsable, Pedro Casares, que tampoco pueden enmarcarse, basta con leerlas, en un clima de confrontación-, los agentes de la Policía Local no podrán ofrecer su colaboración a los de la Nacional.

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Al margen de que el Consistorio esté intentando trasladar al día a día de los agentes una colaboración que sale de manera natural, en esas declaraciones lo que aflora es una contradicción notable, la sensación que intenta trasladar de que hay control sobre los movimientos y la forma de funcionar de los policías.

Y es una contradicción si se mira a algo tan básico como las propias palabras de los responsables políticos del Ayuntamiento, alcaldesa a la cabeza.

Porque durante todo este curso, la regidora, Gema Igual, ha presentado en varias ocasiones a la Policía Local como una especie de cuerpo con vida propia, incontrolable –pese a que sus mandos sean de su confianza– y sobre el que no existe margen de acción.

Así lo hizo cuando empezaron a proliferar multas, en un contexto de conflicto laboral por falta de medios y recursos –agentes y sindicatos llevan prácticamente una década advirtiendo de sus problemas, y la oposición municipal de la falta de cobertura de plazas–: en ese momento la regidora habló de una «sobreactuación» policial. La incapacidad de acabar con el conflicto está en la base de todo: de hablar de «ruido sindical» e incluso de, como sugirió en una criticadísima entrevista, «depurar» el cuerpo.

El distanciamiento respecto a la Policía se hizo más agudo en la gestión de la crisis de El Bocal, cuando el derrumbe de una pasarela de la fracasada senda costera causó la muerte a seis jóvenes y heridas a una séptima.

En su empeño en rehuir cualquier tipo de responsabilidad –si bien la obra fue licitada y adjudicada por Costas, el Ayuntamiento actuó como portavoz de la obra, tomó decisiones sobre su trazado, gestionó expropiaciones y promocionó turísticamente la senda, además de actuar como portavoz el día del derrumbe –, el Consistorio ha tratado de reducir el peso municipal en la gestión a un fallo humano, el de un efectivo policial al que responsabilizan de la atención a la llamada.

Es un argumentario, un relato, que tardó hora en elaborar y días en plasmar en sanciones o escritos al Juzgado, a pesar de no disponer para entonces de toda la información que ha ido aflorando en la instrucción judicial y que ha contado estos meses EL FARADIO: que faltaba una línea de atención en la nueva sede policial , que los llamados protocolos eran documentos genéricos, o más bien el manual de uso de un programa informático con descripciones muy básicas de acciones.

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De hecho, la alcaldesa llegó a decir:  “No voy a ser culpable de las responsabilidades individuales que tiene cada uno”, cuando en el pasado aseguró –cuando un funcionario cometió un error que llevó a la pérdida inicial de fondos europeos– que todo lo que pasa en el Consistorio es su responsabilidad. «Habrá que depurar responsabilidades, yo no puedo ser responsable de los 1.200 trabajadores que tiene el Ayuntamiento de Santander, no puedo responder de una persona que recibe un aviso y no hace nada”, insistó, obviando los años acumulados de quejas sobre los problemas con las emisoras, la falta de medios y tratando de convertir un problema estructural, de organización, en uno de respuesta personal e individual.

El propio concejal de Seguridad Ciudadana tardó 23 días en comparecer públicamente sobre El Bocal. Y cuando lo hizo, el 26 de marzo, admitió un dato especialmente grave: el sistema de grabación de llamadas de la Policía Local estaba incompleto, algo que sabía previamente pero que no había revelado entonces.

El caso es que ese distanciamiento del Ayuntamiento respecto a la Policía Local en la tragedia de El Bocal fue desmentido por el propio cuerpo, y no sólo por sindicatos o agentes a título personal, sino porque la propia Jefatura de la Policía Local, de su confianza, reconoció ante el juzgado que no se había impartido formación específica sobre gestión de emergencias ni actuación en derrumbes a los agentes que gestionan incidencias, desdiciéndose además respecto a sus primeras declaraciones y señalando como responsables de la gestión de la formación al Ayuntamiento como tal.

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En abril, Igual presumía de que la Policía Local de Santander había incrementado su número de agentes en un 40% en los últimos siete años y alcanzaba los 262 efectivos tras la incorporación de ocho nuevos policías. También recordaba que la Oferta Pública de Empleo aprobada el 2 de marzo incluía otras trece nuevas plazas. En ese momento no había distancia, sino apropiación de la gestión, hasta llegar al momento actual, en el que, tras meses de presentar a la policía como un ente incontrolable, pasa a sugerir como se comportarán si no hay respuesta a sus exigencias de carácter político a otra administración, la estatal. Es decir: parece decir que esos agentes replicarán en el día a día su argumentario. ¿En qué quedamos?