La manifestación en defensa de la sanidad pública de Cantabria, convocada para el sábado 4 de julio a las 12:00 horas desde la Plaza de Numancia hasta el Ayuntamiento de Santander por el Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública en Cantabria, pone el foco en el crecimiento de las privatizaciones dentro del sistema sanitario. Las entidades convocantes sostienen que el problema no se reduce a las listas de espera o a la falta de profesionales, sino que forma parte de un cambio de modelo en el que el sistema público pierde capacidad asistencial mientras aumenta la actividad derivada al sector privado.

El primer dato que resume esa radiografía es económico: según datos de los convocantes, en 2025 se destinaron 10.935.228 euros a actividad sanitaria externalizada. En ese mismo ejercicio, el documento cifra en 4.166 las intervenciones realizadas en Santa Clotilde y en 352 las derivadas a Quirón Bizkaia. Además, entre enero y mayo de 2026 recoge 414 TAC, 522 resonancias magnéticas y 1.019 ecografías realizadas en Santa Clotilde, junto a 152 resonancias y 125 ecografías en Xplora.

El caso de mayor alcance es el Convenio Singular con el Hospital Santa Clotilde. El convenio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria establece un techo máximo de financiación anual de 15.998.436 euros y una duración inicial de 16 años, prorrogable hasta cuatro años más, con una duración máxima de 20 años. Esa cuantía anual durante 16 años supone 255.974.976 euros, prácticamente 256 millones de euros.

El acuerdo no se limita a resolver una necesidad puntual. El convenio vincula a Santa Clotilde a la red hospitalaria pública del Servicio Cántabro de Salud (SCS) y prevé la prestación de procesos de hospitalización, actividad quirúrgica, consultas, pruebas diagnósticas y atención ambulatoria. En su estimación anual figuran 11.835 pruebas diagnósticas de radiología, 16.000 consultas médicas y 28.000 procesos de atención ambulatoria, entre ellos 6.000 mamografías, 20.000 lecturas de pruebas diagnósticas de mamografías y 2.000 endoscopias digestivas.

Para las entidades convocantes, este volumen de actividad consolida una infraestructura privada financiada con fondos públicos y condiciona la planificación sanitaria de Cantabria durante años.

El dossier advierte de que Santa Clotilde necesitaría ampliar medios materiales y personales para asumir los objetivos del convenio, con más habitaciones, quirófanos, consultas, puestos de rehabilitación y profesionales sanitarios,  y recuerda que el propio consejero de Salud, César Pascual, aludió a los planes de ampliación que tenía la orden religiosa, por lo que cuestionan que los motivos sean no tanto sanitarios como de ayudar en la inversión..

La movilización vincula la privatización con las listas de espera. A 30 de abril de 2026, según el dossier, 15.042 personas esperaban una intervención quirúrgica, con una demora media de 134,7 días. Además, 42.847 personas esperaban una prueba diagnóstica y 39.943 una consulta hospitalaria. Para los convocantes, esas demoras sirven como argumento para aumentar derivaciones, pero no para reforzar de forma estructural los recursos propios del SCS.

Por otra parte, la protesta incorpora una segunda dimensión de la privatización: los datos sanitarios. El dossier cita el proyecto VALDATA, ‘Cantabria hacia una Economía de Datos en Salud’, y el acuerdo entre Cohorte Cantabria y Regeneron Pharmaceuticals.

Las entidades convocantes sitúan todos estos elementos dentro de una misma radiografía: más derivaciones privadas, conciertos de larga duración, externalización de pruebas y actividad quirúrgica, entrada de empresas en el tratamiento de datos sanitarios y falta de órganos efectivos de participación ciudadana. La Ley de Ordenación Sanitaria de Cantabria prevé la participación de la ciudadanía en la política sanitaria y la existencia de Consejos de Salud de Área, pero los convocantes denuncia que Cantabria sigue sin esos espacios de participación. (

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