La Coordinadora Cántabra de Pensionistas inició este martes en la plaza del Ayuntamiento de Santander la recogida de firmas para impulsar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que plantea completar las pensiones más bajas hasta alcanzar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El arranque tuvo un carácter “simbólico” y abre un recorrido que llevará la campaña a distintos municipios de Cantabria durante los próximos meses.

El objetivo inmediato es reunir las 4.000 firmas exigidas para que la propuesta pueda continuar su tramitación en el Parlamento de Cantabria. La Mesa de la Cámara admitió la iniciativa el ocho de mayo y fijó un plazo de seis meses desde la notificación del acuerdo. Esperan alcanzar 6.000 apoyos.

Podrán firmar las personas mayores de 18 años empadronadas en Cantabria. Para hacerlo deberán aportar nombre, apellidos, Documento Nacional de Identidad (DNI) y firma en los pliegos sellados y numerados por el Parlamento. Tras el inicio en Santander, las siete plataformas locales de pensionistas activas en la comunidad prevén organizar recogidas todos los lunes y anunciar nuevas paradas en otros municipios.

La propuesta reclama que el Gobierno de Cantabria cree un complemento económico personal e indefinido para quienes reciban una pensión contributiva o no contributiva y no lleguen, con el conjunto de sus ingresos, al SMI. El salario mínimo está fijado en 2026 en 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, según el Real Decreto aprobado por el Gobierno de España.

El texto registrado configura esta ayuda como un derecho subjetivo y plantea que se tramite de oficio. La cuantía sería la diferencia entre las prestaciones públicas y otros ingresos computables de cada persona y el 100% anual del SMI. El proyecto también incorpora requisitos de residencia y necesidad económica, tiene en cuenta los rendimientos y el patrimonio, y excluye de la valoración ordinaria la vivienda habitual, salvo que tenga un valor excepcional.

Además, el complemento se aplicaría de forma individual, con independencia de la convivencia de la persona beneficiaria. La proposición incluye entre sus posibles titulares a quienes reciben pensiones de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, invalidez no contributiva, jubilación no contributiva y prestaciones en favor de familiares, siempre que cumplan el resto de condiciones.

Uno de los argumentos centrales de la iniciativa es la brecha de género. El documento publicado por el Parlamento sostiene que más de 27.000 mujeres pensionistas de Cantabria tienen ingresos inferiores al salario mínimo y relaciona las pensiones bajas con trayectorias laborales marcadas por el desempleo, la parcialidad, la precariedad y los trabajos de cuidados no remunerados.

Por su parte, la Coordinadora calcula que el complemento podría alcanzar a unas 70.000 personas con pensiones contributivas por debajo del SMI, a las que se sumarían quienes cobran prestaciones no contributivas. La cifra corresponde a una estimación del colectivo, no a un cálculo presupuestario presentado por el Gobierno de Cantabria.

Pepa Moleón, también portavoz de la Coordinadora, animó a participar y definió la ILP como “una manera de hacer democracia”, más allá de votar cada cuatro años.

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