Alrededor de 3.000 personas, según la cifra facilitada por la organización, se han manifestado este sábado en Santander para reclamar el refuerzo de la sanidad pública, denunciar el aumento de las listas de espera y exigir la dimisión del consejero de Salud, César Pascual, y de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga.

La movilización, convocada bajo el lema de defensa de la sanidad pública, ha partido de la plaza Numancia y ha recorrido las calles de la ciudad hasta la plaza del Ayuntamiento, donde se ha dado lectura a un manifiesto y han intervenido representantes de las organizaciones convocantes.

Foto: Ágora Solidaria Cultura y Memoria Luis Toca/Óscar Juárez

La convocatoria ha contado con el respaldo de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Cantabria, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cantabria, la Asociación Amigos de Cazoña, la Asociación de Vecinos San Joaquín, la Coordinadora Cántabra de Pensionistas, el Ágora Solidaria Cultura y Memoria Luis Toca, así como organizaciones políticas y sindicales como Izquierda Unida, Podemos, PSOE, Cantabristas, EQUO, la Confederación General del Trabajo (CGT), la Asociación de Trabajadores Independientes (ATI), la Intersindical Cántabra —integrada por el Sindicato Unitario de Cantabria (SUC), el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Cantabria (STEC), el Sindicato Cántabro de Asalariados del Transporte (SCAT) y el Sindicato Ferroviario (SF)—, además de la Corporación Municipal Socialista de Colindres y diferentes colectivos sanitarios de los hospitales universitarios Marqués de Valdecilla y de Laredo.

El manifiesto de la movilización fue leído por Charo Quintana, ginecóloga y activista por la sanidad pública, quien defendió que «la asistencia sanitaria es un derecho humano» que, según afirmó, se encuentra «seriamente amenazado» tanto en Cantabria como en el conjunto del Estado.

Durante la lectura recordó que la sanidad pública «reduce las desigualdades», constituye un «motor de cohesión social», contribuye a combatir la pobreza, genera empleo de calidad e impulsa la investigación y la innovación. Asimismo, planteó varias preguntas sobre los tiempos de espera para acceder a la atención sanitaria. «¿Cuántos días esperamos para que nos vea el médico de cabecera? ¿Cuántos meses para una consulta especializada? ¿Cuánto esperamos para una operación quirúrgica?», señaló.

El manifiesto sostuvo que, cuanto más dinero se destina a la sanidad privada, mayores son las listas de espera, por lo que reclamó que los recursos públicos destinados a conciertos sanitarios permanezcan en el sistema público. También reivindicó el mantenimiento de los consultorios rurales con personal suficiente para garantizar la atención sanitaria en el medio rural y apostó por recuperar «uno de los derechos conquistados», en referencia a una sanidad «universal y de calidad».

En nombre de la Coordinadora Cántabra de Pensionistas, Gonzalo Barredo aseguró que la protesta responde al «aumento de las listas de espera», a la «falta de financiación» de la sanidad pública y a una política que, a su juicio, deriva recursos hacia empresas privadas.

Barredo denunció los «recortes sistemáticos» que, según afirmó, está sufriendo el sistema sanitario público y defendió la necesidad de «revertir la situación» para recuperar la sanidad de hace «siete u ocho años». Además, advirtió de que la movilización «no va a ser la última» mientras no cambie la política sanitaria.

En este sentido, contrapuso dos modelos: «El nuestro es el de servicio a la ciudadanía; el del Gobierno es el del negocio». También sostuvo que el Ejecutivo cántabro sigue ejemplos desarrollados en comunidades autónomas como Madrid, Andalucía o la Comunidad Valenciana y acusó al Gobierno autonómico de impulsar un modelo que convierte la sanidad «en una mercancía» en lugar de garantizar una atención ajustada «a las necesidades de las personas».

Foto: Ágora Solidaria Cultura y Memoria Luis Toca/Óscar Juárez

Por su parte, María Toca, presidenta del Ágora Solidaria Cultura y Memoria Luis Toca, insistió en la cifra de 3.000 asistentes facilitada por la organización y aseguró que «nuestra sanidad la están malvendiendo». Además, contrapuso el modelo público y el privado al afirmar que, en este último, «el paciente es un cliente».

Toca también defendió la mejora de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, reclamando «un sueldo digno y un horario digno» para favorecer la estabilidad del sistema público.

La manifestación se produce en un contexto de debate sobre la evolución de las listas de espera en el Servicio Cántabro de Salud. Según los últimos datos difundidos por la Consejería de Salud correspondientes al cierre de mayo, la lista de espera quirúrgica alcanzó las 15.294 personas, con una demora media de 137,3 días. Las listas para consultas especializadas y pruebas diagnósticas experimentaron una evolución desigual, aunque las demoras medias también registraron incrementos en ambos casos.

Las organizaciones convocantes consideran que estos datos reflejan un deterioro del sistema sanitario público y sostienen que el incremento de los conciertos con centros privados no está resolviendo los problemas de acceso a la atención sanitaria. Frente a ello, reclamaron un aumento de la financiación pública, el refuerzo de las plantillas y la recuperación de recursos para garantizar una atención sanitaria universal y de calidad.

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