Izquierda Unida (IU) de Santander ha pedido al juzgado que incorpore al procedimiento y examine la legalidad del acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno Local el 7 de septiembre, con el que el PP pretende dar cobertura administrativa a posteriori al cierre del paso bajo el arco del Banco Santander.

IU ha presentado este martes dos escritos. En el primero amplía el recurso al nuevo acuerdo municipal, y, en el segundo, formulado en respuesta al traslado dado por el juzgado, se opone a la petición del Ayuntamiento de levantar las medidas cautelares y solicita que se mantenga la reapertura provisional para la línea 5C2, taxis, residentes, vehículos sanitarios y reparto.

“El PP tomó primero la decisión de cerrar el paso y abrió el expediente después de que el juez apreciara que el cambio de uso carecía entonces de una resolución administrativa. Ahora intenta utilizar un expediente elaborado a última hora para no cumplir el auto”, ha señalado el concejal de la formación, Keruin Martínez.

El edil ha recordado que la secuencia tras el auto judicial es clara: el auto se conoció el 3 de septiembre; ese mismo día la Alcaldía ordenó abrir un expediente y solicitó seis informes municipales para tramitar el cambio de uso de la calle; los informes se emitieron el día 4; y la Junta de Gobierno aprobó el acuerdo, fuera del orden del día, el día 7. Al día siguiente, el Ayuntamiento lo presentó ante el juzgado como un cambio de circunstancias.

“No estamos ante una circunstancia ajena y sobrevenida. Es el propio Ayuntamiento cuya actuación está siendo examinada el que ha creado, después del auto, el acuerdo que ahora invoca para intentar dejarlo sin efecto”, ha explicado Martínez.

De hecho, los informes municipales incorporados al expediente reconocen que la nueva pavimentación admite el paso de vehículos y que no existen bolardos ni obstáculos fijos. Asimismo, acuerdo tampoco determina qué vehículos quedan excluidos, en qué horarios o mediante qué sistema de control. “Sus propios documentos no demuestran que sea imposible permitir el paso limitado del autobús, los taxis, los residentes, los vehículos sanitarios y el reparto. Viario compartido y restringido no significa viario cerrado”, ha insistido el edil.

Martínez ha recordado que la solicitud de revocación presentada por el Ayuntamiento no suspende el auto ni lo deja sin efecto. Por tanto, la resolución continúa vigente mientras el juzgado no adopte una nueva decisión.

“El PP está confundiendo la defensa del interés general con la defensa de una decisión política de Gema Igual. Para sostenerla está utilizando al Ayuntamiento, sus servicios y sus recursos jurídicos, que son de toda la ciudadanía. Y será la institución, no el Partido Popular, la que tenga que asumir las consecuencias de prolongar esta situación y de incumplir unas medidas cautelares dictadas”, ha advertido.

“Una cosa es pedir al juez que cambie su decisión y otra actuar como si ya la hubiera cambiado. Lo que debe hacer Gema Igual, en lugar de poner los recursos municipales al servicio de una decisión personal, es cumplir lo que el juez ya ha dictado”, ha concluido.