El tráfico general bajo el arco del Banco Santander seguirá cortado, aunque con algunas excepciones para determinados vehículos. Es la situación que se desprende del nuevo auto judicial, que levanta la orden de reapertura dictada a principios de septiembre al considerar que el posterior acuerdo del Ayuntamiento permite un acceso rodado restringido.

La resolución, que no cierra el camino judicial porque se centra en lo urgente, resolver el cierre, llega dentro del procedimiento impulsado por el concejal de Izquierda Unida (IU) Keruin Martínez contra el cierre total que había aplicado el Consistorio en el entorno del proyecto Faro Santander en respuesta a las necesidades planteadas por el Banco Santander para el desarrollo del proyecto.

Algunas claves del auto:

Uno. El Ayuntamiento no justificó el cierre cuando debía hacerlo

La primera orden judicial, dictada el dos de septiembre, respondió a la denuncia de que el tráfico rodado se había cerrado de forma definitiva bajo el arco sin una decisión administrativa que amparase ese cambio. El juez recuerda ahora que el Ayuntamiento no acreditó «con evidencia», a efectos cautelares, que no existiera la vía de hecho denunciada.

Dos. El Ayuntamiento no supo defender el interés general del cierre

 El Consistorio tampoco alegó entonces que la reapertura pudiera causar una perturbación grave de los intereses generales o de terceros. El magistrado rechaza valorar ahora como fundamento de aquella situación los argumentos posteriores sobre seguridad peatonal, fluidez del tráfico o ventajas del nuevo recorrido del autobús.

Tres. El acuerdo sobre el uso del vial llegó después de la orden judicial

El 7 de septiembre, cinco días después de la orden de reapertura, la Junta de Gobierno Local cambió la configuración de los 37,7 metros de la calle Marcelino Sanz de Sautuola situados bajo el arco. El tramo pasó de «viario de uso rodado» a «viario compartido y restringido».

El juez considera ese acuerdo una circunstancia nueva. Interpreta que permite el acceso de vehículos y que desaparece el cierre definitivo que había motivado su primera intervención cautelar. Esa modificación posterior es la razón por la que levanta ahora la orden provisional.

Cuatro. La licencia de obras no decidía cómo debía circularse

El Ayuntamiento había concedido el 12 de agosto la licencia para el proyecto reformado de Faro Santander, con planos modificados de urbanización. Uno de los informes municipales recogidos en el auto distingue esa aprobación técnica de las decisiones sobre el uso de la calle.

Según ese documento, la valoración de la resistencia del pavimento «no comprende determinaciones relativas a la ordenación o al régimen de circulación». La licencia de obras, por tanto, no equivalía al acuerdo específico sobre la configuración del vial aprobado después.

Cinco. El pavimento admite el paso de vehículos, según los informes municipales

El Servicio de Vialidad ratifica en el expediente que la pavimentación tiene capacidad para soportar vehículos. El informe señala que la solución construida, a la misma cota que el espacio peatonal, conserva esa resistencia y permite una configuración compartida o restringida. Es decir, se puede circurlar.

Seis. La primera orden incluía ambulancias; el nuevo acuerdo no concreta qué vehículos pasarán

La medida cautelar del 2 de septiembre ordenaba permitir expresamente el paso de la línea 5C2 del Transporte Urbano de Santander (TUS), taxis, residentes, vehículos sanitarios y de reparto.

El acuerdo posterior cambia la clasificación del vial y el juez interpreta que permite acceso rodado, pero el texto reproducido en el auto no enumera los vehículos autorizados ni establece sus condiciones de paso.

Siete. El pleito continúa: se ha decidido sobre una medida provisional

El auto, sin embargo, no resuelve si el cierre anterior fue legal ni convierte automáticamente en conforme a derecho la actuación municipal previa al siete de septiembre.

La revocación resuelve únicamente si debe mantenerse la orden de reapertura mientras se tramita el recurso, es lo que se conoce como cautelaras: una decisión urgente para evitar hechos consumados hasta que se resuelva el fondo. El juez deja para el procedimiento principal la cuestión de si existió la vía de hecho denunciada inicialmente y qué consecuencias tendría.

Y tampoco declara legal el acuerdo municipal del 7 de septiembre.

La valoración de Izquierda Unida

Izquierda Unida de Santander interpreta el auto como una «victoria inicial» para los vecinos del ensanche y de la ladera sur. Su concejal Keruin Martínez sostiene que el acuerdo aprobado después de la primera orden supone que «el propio Ayuntamiento reconoce que el vial admite tráfico rodado».

La formación distingue entre la revocación de la medida cautelar y el cambio administrativo que, a su juicio, ha provocado el procedimiento judicial. Martínez critica que el Ayuntamiento modificara el régimen del vial después de ejecutadas las obras y de dictarse la orden de reapertura.

«Lo que la alcaldesa sigue sin responder es por qué los expedientes que avalan su cambio han aparecido en las últimas semanas y no antes», afirma. IU considera que el equipo de gobierno actuó a posteriori para dar cobertura a una situación ya creada. Esa es la valoración política de la formación; el juez ha dejado el examen de la actuación inicial para el procedimiento principal.

IU reclama ahora que se concrete el acceso efectivo bajo el arco. «Si el arco sigue cerrado es por una mala decisión política», sostiene Martínez, que menciona las dificultades de movilidad de vecinos de Santa Lucía, Aguayos, San Celedonio, Río de la Pila y la ladera sur. El concejal asegura que la formación seguirá trabajando en el procedimiento principal para esclarecer la actuación municipal y buscar una solución para los residentes afectados.

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