La alcaldesa, Gema Igual, ha presentado como una especie de victoria municipal el auto judicial que rechaza la reapertura total del tráfico bajo el arco de la antigua oficina número 1 del Banco de Santander en el Paseo Pereda, desde hace escasas semanas reconvertido a equipamiento cultural privado, el Proyecto Faro. Para Igual, la decisión judicial en la que ve un respaldo es «de lógica y sentido común».

En su reacción tras conocerlo, la regidora asegura que el Ayuntamiento actuó “desde el primer momento” apoyando en informes técnicos. Pero no es cierto: el propio juez corrobora lo obvio, que esos informes no se aprobaron cuando se cerró el paso al tráfico, sino después, cuando se decretó el primer auto en respuesta a la petición de medidas cautelares planteada por el concejal de Izquierda Unida, Keruin Martínez.

De hecho, la confirmación del cierre al tráfico, que nunca pareció prevista ni en planes municipales ni en las infografías del propio Banco, se conoció hace poco más de un año y se confirmó, a regañadientes y por capítulos, hasta desembocar en la confesión de que fue por una petición del gigante financiero global nacido en la ciudad. Y para cuando se admitió eso, seguía sin haber  informes que aparecieron apenas hace dos semanas.

La alcaldesa trata de presentar como un respaldo a la decisión “municipal” (ahí va el primer concepto erróneo, que nunca fue un acto impulsado por el propio Consistorio) esa tanda de informes de Policía Local, Fomento, Obras, Transportes y hasta el de Estadística —ese que decía que no vive nadie debajo del arco–. Más que un respaldo previo es una justificación a posteriori, como constata el juez simplemente mirando las fechas de los documentos oficiales que le ha enviado el propio Consistorio.

TODO VENTAJAS … NO PENSADAS HASTA QUE LO QUISO EL BANCO

La regidora ha defendido que el debate sobre la movilidad debe abordarse atendiendo a criterios técnicos, de seguridad vial, accesibilidad y calidad del espacio público, que no han aparecido hasta que se los ha pedido el juez.

Igual  trata de erigirse en la mayor defensora de las peatonalizaciones. De hecho, cuesta entender por qué no se cerró antes el tráfico, ya que según los informes armados a posteriori, la medida mejora el tráfico, la seguridad de los peatones y además el nuevo recurrido de la línea circular es mejor que el de antes lo cojas por donde lo cojas.  Suponemos que tal defensa de las peatonalizaciones se traducirá en más zonas, pero, mientras tanto, conviene recordar que esta en concreto no estaba ni en programas electorales ni en planes de movilidad. Y eso que, defienden ahora, permitir el paso de coches, como sucedía antes, supondría que«se colapsaría la arteria principal e incluso la rotonda del Centro Botín», un colapso que el Consistorio vendría tolerando durante años y sobre el que no actuó hasta que lo pidió el Banco.

El argumentario municipal llega a enredarse presentado como defensa del interés general la respuesta a la necesidad de una empresa privada, el Banco Santander, y su disposición de la calle para el funcionamiento de su edificio cultural, y presentar al “grupo político” (al que no concede ni nombre, Izquierda Unida) como defensor de unos “controvertidos intereses”  y acusa de  “frenar o entorpecer el desarrollo de la ciudad”, incluso achacándole unos intereses electorales que parece no tener el PP de Santander en su intento de apropiación de una obra que no ha pensado ni pagado, pero cuya cinta cortó y que presentará como suya en la campaña mientras sus competencias reales –mantenimiento o limpieza– languidecen.

YOU HAD ONE JOB

Todo mientras el juez, en su auto, reitera lo obvio: que una institución tiene que hacer las cosas bien, sobre todo cuando hablemos de trámites en un ente público, el Ayuntamiento, que se los exige profusamente a empresas, familias, comunidades vecinales, autónomos, profesionales y particulares.

Nadie lo dirá en público, pero seguramente en algún despacho bancario no se esté precisamente aplaudiendo la gestión municipal, que tras cambiarle las normas urbanísticas a medida –sin el cambio, el proyecto las incumplía- sólo tenía una obligación, cerrar el tráfico con la profesionalidad que se le supone a una institución que básicamente se dedica a eso, a tramitar cosas, y que en realidad ha acabado empañando los fastos triunfales de la apertura del proyecto: toda la inversión publicitaria mediática no pudo empañar ese punto negro informativo provocado por el Ayuntamiento de Santander.

En lo que no deja de ser un evidente y desperado intento de desvío de la atención de quien tiene la responsabilidad de lo mal hecho –el Ayuntamiento- a quien lo denunció –un argumento que no se aceptaría en ninguna otra infracción administrativa o ilegalidad–, Igual ha cuestionado la posición mantenida por IU respecto a este tramo concreto y ha señalado que “resulta difícil entender que se defienda de manera general una ciudad con más espacios para los peatones y, al mismo tiempo, se convierta en una batalla política la circulación ordinaria de vehículos por menos de 40 metros en uno de los lugares con mayor presencia peatonal de Santander”.

Pero en realidad, esto no va tanto de tráfico de vehículos como de quién manda en la ciudad y si su capataz es capaz al menos  de cumplir con las mismas normas que les exige a los demás.