Maricarmen está muerta. Y dentro de ese hecho se esconde una pregunta que al Estado español probablemente le gustaría que no hiciéramos demasiado alto: ¿quién es responsable? No simplemente quién firmó el último papel, quién era propietario del piso, quién llegó a la puerta o quién ejecutó la orden, sino quién creó, entre todos, las condiciones que hicieron posible que una mujer de 87 años fuera expulsada de la casa en la que había vivido durante setenta años, sacada en una camilla, hospitalizada y muriera antes de poder regresar.

Y, sin embargo, España sigue adelante. Se pide un café. Se compra el pan. Los profesores pasan lista. Los padres acuestan a sus hijos. Llega la factura de la luz, con ese pequeño sobresalto que ya nos resulta familiar. Quizá eso sea lo más extraño de una catástrofe: lo poco que interrumpe el desayuno.

Aquí, en Santander, la lluvia caía con tanta fuerza que convertía los campamentos en ríos. Las tiendas se venían abajo, los colchones se empapaban y la ropa se pegaba al cuerpo. Yo también veía los campamentos camino del trabajo, como tantas otras personas, mientras la ciudad seguía con su rutina: los paraguas, los coches, la gente que llegaba tarde.

Después de años de disputas legales y varios intentos de desahucio, la expulsión de Maricarmen Abascal contribuyó a encender la acampada de la Puerta del Sol y una movilización más amplia en torno al problema de la vivienda, mientras la respuesta del Gobierno naufragaba en el Congreso y Pedro Sánchez anunciaba elecciones para el 29 de noviembre.

El propietario puede decir que se limitó a cumplir el contrato. El juzgado puede decir que aplicó la ley. La policía puede decir que ejecutó una orden. La Administración puede decir que siguió el procedimiento. Los políticos pueden discutir sobre legislación y culparse unos a otros de sus fracasos.

Todos pueden enseñar un documento. Todos pueden ofrecer una justificación. Y al final de esta cadena de legalidad, una mujer de 87 años está muerta.

Esa es la violencia de la burocracia. Puede producir consecuencias devastadoras. El Estado no contrata matones. A veces, el daño llega a través de las consecuencias acumuladas de decisiones en las que nadie se siente personalmente responsable del resultado final.

La lógica permanece: las instituciones protegen sus procedimientos, la responsabilidad se fragmenta, la indignación se acumula y, llegado el momento, alguien decide que tiene que haber un enemigo.

La extrema derecha se ha vuelto extraordinariamente eficaz a la hora de recoger la indignación producida por el fracaso institucional y darle un objetivo. No necesita inventarse las frustraciones de la gente. Solo tiene que ordenarlas dentro de un relato.

¿El piso es inasequible? Culpa al inmigrante. ¿El alquiler es imposible? Culpa al okupa. ¿Tu hija no puede permitirse independizarse? Culpa al feminismo. ¿Ya no confías en los políticos? Culpa a la democracia.

La crisis de la vivienda se convierte en una crisis migratoria; la inseguridad económica, en decadencia nacional; el fracaso institucional, en la prueba de que todo el sistema político conspira contra la gente corriente.

La extrema derecha tiene una explicación preparada para todo. Cuando las personas sienten que sus vidas son cada vez más inseguras, la complejidad resulta frustrante. Es mucho más fácil entender a un enemigo sencillo que un mercado de la vivienda condicionado por la especulación inmobiliaria, la falta de vivienda pública, las estrategias de inversión, el turismo, las presiones demográficas, las decisiones urbanísticas y décadas de decisiones políticas.

El atractivo es evidente. Alguien te ha hecho esto. Alguien te ha quitado lo que era tuyo. Alguien está siendo protegido a tu costa. Alguien es responsable de tu humillación.

Ese proceso puede verse también en lugares que rara vez ocupan los titulares políticos: las aulas. Basta con repetir un chiste ofensivo o jugar con contenidos políticos deliberadamente transgresores sin desarrollar una ideología coherente. Pero a veces el chiste deja de ser un chiste.

Un profesor percibe el proceso a través de fragmentos: un meme en un teléfono, un chiste sobre inmigrantes, un comentario sobre las mujeres, una referencia deliberadamente provocadora a algún símbolo radical. Lo que comienza como una provocación se convierte en familiaridad; la familiaridad hace que la idea resulte más fácil de repetir; la repetición hace que resulte más fácil de creer. La línea entre reírse de una idea y acabar adoptándola no siempre es tan fina como podemos imaginar.

Ninguna pantalla muestra las palabras «Ahora estás siendo radicalizado». Solo aparece el siguiente vídeo. Y después otro. TikTok se convierte en la clase de educación cívica. YouTube, en la de historia. Instagram, en la de economía. El algoritmo premia la certeza porque la certeza consigue que sigamos mirando.

La extrema derecha no ofrece simplemente opiniones. Toma un mundo caótico y traza un círculo alrededor de las personas a las que se supone que debemos culpar: el inmigrante, la feminista, el okupa, el progresista, el extraño. Una vez que la política se reduce a identificar enemigos, casi cualquier cosa puede convertirse en una prueba.

Maricarmen importa porque su muerte se encuentra precisamente en la intersección de varios fracasos políticos: un Estado cada vez menos capaz de garantizar algo tan básico como la seguridad de la vivienda y una extrema derecha cada vez más capaz de convertir la indignación resultante en hostilidad hacia otros ciudadanos.

Esa es la lección de la muerte de Maricarmen. Si nadie es responsable porque todo el mundo se limitaba a cumplir las normas, quizá deberíamos tener el valor de preguntarnos si el problema son precisamente esas normas.

En 2011, otra generación ocupó la Puerta del Sol. Los indignados llegaron con tiendas de campaña, cartones y la convicción de que el sistema político había dejado de escuchar.

Quince años después, vuelve a haber tiendas de campaña. La plaza se convirtió en un espejo nacional. Para algunos, era el lugar donde ciudadanos reclamaban un derecho. Para otros, era anarquía.

Quizá esa sea la crisis más profunda. Ya no discutimos únicamente sobre las soluciones. Cada vez discutimos más sobre qué está ocurriendo delante de nuestros propios ojos.

Una persona sin hogar se convierte en un okupa. Un refugiado se convierte en un invasor. Un manifestante se convierte en un enemigo. Una crisis de vivienda se convierte en una guerra cultural.

Mientras tanto, las instituciones responsables de afrontar los problemas pueden refugiarse en los procedimientos. Y así es exactamente como el centro político se vuelve más estrecho.

Los países rara vez anuncian el momento en que cambian. No hay trompetas, ni telón, ni una mañana en la que todo el mundo se despierte y descubra que se ha convertido en otra cosa.

Solo existe la acumulación: la factura del supermercado, el piso inasequible, la tienda de campaña inundada, el vídeo político visto a medianoche, el adolescente que puede pasar de un meme al porno y del porno a un discurso político en cuestión de minutos, el político que descubre que la indignación funciona y una anciana siendo sacada de su casa.

Maricarmen ha fallecido. Mañana por la mañana alguien abrirá una panadería. Alguien comprará un café. Alguien llevará a sus niños al colegio. Un profesor pasará lista. Un político saldrá en televisión. Alguien abrirá TikTok.

El Estado no necesita convertirse abiertamente en autoritario para fallar a sus ciudadanos. A veces solo tiene que volverse lo bastante indiferente como para que una anciana pueda ser sacada de su casa, morir antes de poder regresar y todos los que participaron en ello puedan seguir diciendo: «Yo solo hacía mi trabajo».

Lo que queda es preguntarnos qué clase de país sigue adelante sin ella.