Más de once años han pasado desde la muerte de Amparo Pérez, la mujer que fue despojada de su vivienda por el Ayuntamiento de Santander para construir un vial innecesario con el que llenar las arcas de una empresa constructora de un alcalde del PP de otro municipio de Cantabria.

Un día ha pasado desde la muerte de Maricarmen Abascal, la mujer desahuciada por la avaricia de quienes despojan a la gente de un bien básico como la vivienda para acumular riquezas en sus bolsillos.

Si Amparo Pérez se convirtió en el símbolo de la lucha por una ciudad y unos barrios para su gente y para evitar la gentrificación, Maricarmen es ya la referencia del movimiento por una vivienda digna en todo el Estado. Un movimiento que ha sacudido los cimientos del sistema político español, haciendo acto de presencia permanente en los espacios públicos que nos pertenecen hasta provocar la convocatoria de una huelga general y un adelanto electoral, ambos centrados en la cuestión del derecho a la vivienda como bien esencial.

Ambas fueron víctimas de un sistema al que Ernesto «Che» Guevara, asesinado hoy hace 59 años, llamó en la sede de la ONU «el genocida más respetado del mundo». Se refería al capitalismo, claro está. Un sistema para el que las ganancias de unos pocos están siempre por delante del bienestar e incluso de la supervivencia de las mayorías, como hemos comprobado tanto con Amparo como con Maricarmen.

Pero ese sistema no solo funciona en abstracto, sino que se personaliza en cada lugar y en cada momento concreto en rostros con nombres y apellidos.

Hace 11 años, quien fue responsable político de la muerte de Amparo se llamaba Íñigo de la Serna, entonces alcalde de Santander. ¿Su castigo? Llegar a ser ministro de Fomento del Gobierno de Mariano Rajoy.

Hoy, los culpables de la muerte de Maricarmen también tienen identidad. Desde el hipócrita presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que se ha pasado la legislatura entera obviando el problema de la vivienda y dando la bienvenida a las inversiones de los fondos buitre, hasta los líderes de una oposición, desde Feijóo a Abascal, pasando por Ayuso, que tan solo busca el acceso al poder político para, como sus ancestros, legislar sobre qué y quiénes merecen ser considerados como buenos españoles en función de su ideología o del color de su piel. Esto sin olvidar a Urbagestión, la sociedad limitada responsable directa del desahucio de Maricarmen y de su posterior muerte, derivada del mismo.

El reto del movimiento levantado en todo el Estado español es triple. Por un lado, conseguir de una vez por todas que la vivienda sea blindada como bien esencial. Sí, la Constitución española recoge el derecho a una vivienda digna, pero como un principio rector de la política y no como un derecho de primer nivel. Quienes la redactaron sabían bien lo que hacían y por qué lo hacían. Hay que apuntar alto para llegar lejos y un cambio constitucional sería necesario.

Por otro lado, impedir que, como entonces De la Serna, los responsables políticos y empresariales queden impunes. En España tenemos una larga historia de criminales con traje y corbata e impunidad. Y esa impunidad heredada y sedimentada en nuestro sistema es la principal causa de la corrupción sistémica en este Estado.

Y, en tercer y último lugar, ser capaces de permanecer como un movimiento independiente de la instrumentalización política de partidos que no han tenido ni la capacidad ni la voluntad de atajar, y menos aún resolver, el problema del derecho a la vivienda, por mucho que ahora se envuelvan en ello.

Y, además, intentar erigirse en el eje sobre el que levantar una nueva ola de movilización social que trascienda la reivindicación concreta de la vivienda, convirtiéndose en una movilización por una transformación integral del sistema hacia una vida digna. «Socialismo o barbarie», que decía Rosa Luxemburgo, ejecutada entonces por una socialdemocracia alemana que hoy en España quiere estar con Dios y con el diablo.

Tras años de permanecer a la defensiva frente a la ola reaccionaria, las calles se han vuelto a llenar de esperanza revolucionaria. Y de una manera que va más allá de lo que fue hace 15 años. Hay más ideología, más radicalismo y menos conformismo con los límites de la democracia liberal, que hace aguas en todo el planeta. No dejarse cooptar por el Régimen será el mayor desafío. Si se consigue, un horizonte de liberación se habrá abierto.