El juzgado ha admitido que el recurso de Izquierda Unida contra el cierre del paso bajo el arco de Faro Santander incluya también el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 7 de septiembre. Ese acuerdo cambió la categoría del tramo de calle bajo el arco de “viario de uso rodado” a “viario compartido/restringido”, después de inaugurarse las obras, y con ello el Ayuntamiento daba cobertura administrativa a posteriori a la política de hechos consumados.

En su primera resolución cautelar, el juez apreció que el Ayuntamiento había dado cobertura legal a una situación material que ya se había creado; es decir, apreció una vía de hecho. Por ello, ordenó reabrir el paso, pero días después de notificarse esa decisión, durante el periodo de alegaciones a la cautelar dictada, la Junta de Gobierno Local del PP, aprobó el cambio de uso por vía de urgencia. Para ello, se apoyó en seis informes municipales emitidos durante una misma mañana por encargo de la alcaldesa Gema Igual.

El Ayuntamiento alegó que el acuerdo había cambiado las circunstancias porque no prohibía formalmente el paso bajo el arco. Por ello, el juzgado levantó provisionalmente la orden de reapertura provisional para el autobús, taxis, residentes, mercancías y emergencias al entender que, con esa nueva situación, ya no existía riesgo de que el cierre del paso fuera definitivo.

“Es una buena noticia porque el acuerdo queda incorporado al recurso y será revisado por el juez, ya que presenta muchas dudas sobre su legalidad”, ha explicado el concejal de IU, Keruin Martínez. “Para nosotros, queda claro que su aprobación posterior no borra la actuación material que denunciamos como hecho consumado; al contrario, la confirma. Se aprobó mientras seguía abierto el plazo para que el Ayuntamiento alegara sobre las cautelares, con el único fin de sortearlas”.

El juzgado ha abierto una pieza separada para estudiar la nueva petición de IU de suspender cautelarmente el acuerdo. Antes de resolver, da diez días al Ayuntamiento para presentar alegaciones. “Lamentablemente, los tiempos de la justicia son los que son, pero el asunto sigue tan abierto como al principio y veremos cómo acaba, más allá de que ha quedado demostrado que Gema Igual, de la mano del Banco Santander, han pretendido actuar al margen de la legalidad para favorecer el interés privado frente al de los vecinos de la ciudad”

LA CAUSA DE LOS VECINOS SE TRAMITARÁ JUNTO A LA DE IU

El juzgado también ha acordado acumular al procedimiento presentado por IU la causa de una comunidad de vecinos que pidió intervenir como afectada por el cierre. Ambas se tramitarán juntas y se resolverán en una misma sentencia.

“Los vecinos tienen que estar presentes en el proceso porque sufren directamente las consecuencias del cierre, ya que haber actuado de esa manera, sin ofrecer alternativas, afecta a su accesibilidad y a su seguridad”, ha señalado Martínez.

El concejal ha recordado que hace apenas un año se aseguró formalmente a los vecinos que, al terminar las obras, recuperarían servicios como el paso de la línea 5C2 del TUS. El recorrido de la línea se ha alterado de forma sustancial y, según IU, deja sin cobertura directa a todas las calles incluidas en la ladera sur de Santander para los desplazamientos hacia el este.

De igual modo, Martínez ha emplazado a la alcaldesa, Gema Igual, a explicar, “ya que hasta ahora siempre ha eludido el fondo de la cuestión” por qué el Ayuntamiento aprobó “con nocturnidad y alevosía” un cambio “que beneficia al Banco Santander mientras perjudica a los vecinos de la zona”.

“El espacio público no puede organizarse para favorecer a una entidad privada y dejar a quienes viven aquí sin un paso accesible ni alternativas. Y la alcaldesa debe explicar para quién trabaja y cuáles son sus prioridades”, ha remachado.

“El PP habla mucho del interés general”, ha recordado el edil, que ha recordado que es el mismo argumento del Gobierno de Cantabria, también del PP, para intentar imponer el PSIR Bosques de Santander. “Pero no puede invocarse el interés general para justificar una decisión aprobada por urgencia y fuera del orden del día, mientras sus consecuencias recaen en la ciudadanía. El espacio público debe servir a los vecinos, no organizarse en los despachos para favorecer a una entidad privada y dejar a toda una zona sin un paso accesible ni alternativas”, ha concluido.