La Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública de Cantabria ha alertado del «preocupante estado» del sistema sanitario regional, con un diagnóstico que combina el aumento de las listas de espera, las deficiencias en atención primaria y las políticas de colaboración con empresas privadas. Bajo el lema ‘Que no te roben la salud’, el colectivo ha presentado datos sobre la evolución de la atención sanitaria y ha cuestionado las prioridades del Gobierno de Cantabria en la gestión de los recursos públicos.

Uno de los principales motivos de preocupación son las listas de espera quirúrgicas. Según los datos recogidos en el informe presentado por la Plataforma, a 31 de diciembre de 2025 Cantabria tenía 24,92 pacientes pendientes de una intervención por cada 1.000 habitantes, frente a los 17,69 de media estatal. Esto supone una diferencia de más de siete pacientes por cada 1.000 habitantes y sitúa a la comunidad entre las que presentan peores indicadores del conjunto del Estado.

La evolución posterior tampoco apunta a una mejora. Entre noviembre de 2025 y octubre de 2026, el número de personas pendientes de una operación pasó de 14.872 a 17.086, lo que supone 2.214 pacientes más, un incremento cercano al 15%. La demora media también creció, desde los 135,5 hasta los 150,5 días. Es decir, quienes esperan una intervención acumulan, de media, 15 días más de demora que un año antes.

La situación presenta también problemas en las pruebas diagnósticas. Entre noviembre de 2025 y octubre de 2026, el número de pacientes pendientes pasó de 41.936 a 37.890, lo que supone una reducción de 4.046 personas. Sin embargo, la demora media aumentó de 62,7 a 66 días. La disminución del volumen de pacientes no se ha traducido, por tanto, en una reducción del tiempo de espera.

En las consultas externas hospitalarias, la tendencia es diferente. El número de personas pendientes de atención pasó de 37.368 a 39.681 en el mismo periodo, con 2.313 pacientes más. En cambio, la demora media descendió ligeramente, de 55,7 a 54,7 días.

Diferencias entre hospitales y pruebas

El informe también recoge diferencias importantes entre los hospitales públicos de Cantabria. Los datos de septiembre de 2026 muestran que las demoras dependen considerablemente del centro y del tipo de prueba solicitada.

En las resonancias magnéticas, el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla acumulaba 4.039 pacientes pendientes, con una demora media de 44 días. En el Hospital de Laredo había 1.195 personas en espera y 36,9 días de demora, mientras que en Sierrallana eran 2.816 pacientes y 95,6 días.

Las ecografías reflejan igualmente estas diferencias. Sierrallana registraba 5.338 pacientes pendientes y una espera media de 94,5 días, frente a los 42,9 días de Laredo y los 27,6 de Valdecilla.

Especialmente llamativa resulta la situación de las endoscopias, con 4.861 pacientes pendientes en el conjunto del Servicio Cántabro de Salud y una demora media de 126,6 días. En Valdecilla alcanzaba los 136,5 días, mientras que en Laredo se situaba en 111,9 y en Sierrallana en 44,9.

La denuncia del desvío hacia la sanidad privada

La Plataforma relaciona estas dificultades con las políticas de impulso de la asistencia privada. El colectivo recuerda las denuncias que ha realizado por las presiones a pacientes para que aceptasen hacerse pruebas en el hospital privado Santa Clotilde, en Santander, o en la clínica Quirón de Leioa, en Vizcaya, bajo la amenaza de quedar fuera de las listas de espera si rechazaban esa alternativa.

Según la organización, el consejero de Salud, César Pascual, terminó reconociendo la existencia de una circular que ordenaba estas actuaciones, aunque posteriormente aseguró que los pacientes serían atendidos. La Plataforma mantiene sus dudas y afirma que continúa vigilante.

También cuestiona el convenio especial con Santa Clotilde, al que atribuye una desviación presupuestaria de 256 millones de euros durante 16 años, y el proyecto del Parque de Innovación en Salud en los terrenos de la antigua Residencia Cantabria de Cazoña, que considera orientado a favorecer la iniciativa privada.

A estas críticas añade el proyecto de ley de salud digital del Gobierno regional. La Plataforma sostiene, basándose en un informe jurídico encargado por la organización, que el texto podría permitir el acceso de empresas privadas a historiales médicos sin garantías suficientes de protección de datos y plantea dudas sobre su constitucionalidad.

El diagnóstico incluye asimismo las carencias de atención primaria, con consultorios que permanecen sin actividad durante los meses de verano y núcleos de población que, según las denuncias recibidas por el colectivo, carecen de asistencia durante periodos prolongados. Como ejemplo reciente cita Miengo, Cudón y Cuchía, donde denuncia la ausencia total de personal sanitario durante el último mes.

Por último, la Plataforma expresa su apoyo a la huelga general del 11 de noviembre para reclamar soluciones al problema de la vivienda. La organización vincula ambas reivindicaciones al considerar que las dificultades para acceder a una vivienda digna también repercuten directamente en la salud pública.

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