Hace hoy 51 años, España firmaba con Marruecos y Mauritania los denominados Acuerdos Tripartitos de Madrid. Con aquella decisión, el Gobierno español eludía sus responsabilidades como potencia colonial y abría el camino a la ocupación del Sáhara Occidental, sin haber garantizado el derecho de su pueblo a decidir libremente su futuro.

Más de medio siglo después, las consecuencias de aquel abandono siguen presentes. El pueblo saharaui permanece dividido entre los territorios ocupados por Marruecos, los campamentos de población refugiada de Tinduf, los territorios bajo control del Frente Polisario y la diáspora. Varias generaciones han nacido y crecido lejos de su tierra, mientras el Sáhara Occidental continúa figurando en la lista de territorios pendientes de descolonización de Naciones Unidas.

Los Acuerdos de Madrid no transfirieron la soberanía sobre el territorio ni otorgaron a Marruecos y Mauritania la condición de potencias administradoras. Tampoco extinguieron el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación.

Noviembre de 1975: de la invasión militar a los Acuerdos de Madrid

La firma de los Acuerdos de Madrid estuvo precedida por una operación de presión política y militar organizada por el régimen marroquí de Hassan II.

El 31 de octubre de 1975, unidades del Ejército marroquí penetraron en el Sáhara Occidental por su sector oriental, avanzando sobre posiciones previamente abandonadas por las fuerzas españolas y enfrentándose a combatientes del Frente Polisario.

El 6 de noviembre tenía lugar la denominada Marcha Verde, conocida por el pueblo saharaui como la Marcha Negra. Unos 350.000 civiles marroquíes, movilizados por Hassan II, avanzaron hacia el territorio en una operación que concentró la atención de los medios de comunicación internacionales.

Sin embargo, mientras las imágenes de aquella marcha recorrían el mundo, la penetración militar marroquí ya estaba en marcha por otros puntos del territorio. La movilización civil formaba parte de una estrategia más amplia de presión política y militar.

Todo ello sucedía apenas tres semanas después de que la Corte Internacional de Justicia, en su dictamen del 16 de octubre de 1975, concluyera que los vínculos históricos examinados no impedían la aplicación del principio de autodeterminación al Sáhara Occidental. El propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, mediante su Resolución 380 del 6 de noviembre, deploró la Marcha Verde y exigió la retirada de sus participantes.

Ocho días después, España firmaba los Acuerdos de Madrid, renunciando a culminar un proceso de descolonización que debía haber permitido al pueblo saharaui expresar libremente su voluntad.

Noviembre, un mes marcado por la resistencia saharaui

El mes de noviembre ha vuelto a concentrar, a lo largo de las últimas décadas, algunos de los acontecimientos más significativos del conflicto.

El 14 de noviembre de 2009, la defensora saharaui de los derechos humanos Aminetu Haidar fue expulsada por las autoridades marroquíes y trasladada contra su voluntad a Lanzarote. Al día siguiente inició una huelga de hambre que se prolongó durante 32 días y despertó una extraordinaria movilización internacional hasta conseguir su regreso a El Aaiún.

El 8 de noviembre de 2010, las fuerzas de seguridad marroquíes desmantelaron el campamento de protesta de Gdeim Izik, levantado por miles de saharauis cerca de El Aaiún para reclamar derechos sociales, económicos y políticos. La intervención desencadenó graves enfrentamientos, víctimas mortales y detenciones. Los posteriores procesos judiciales fueron cuestionados por organizaciones internacionales de derechos humanos, que denunciaron torturas y falta de garantías. Como resultado de esos procesos, varios presos saharauis siguen cumpliendo condenas de larga duración y cadena perpetua.

Diez años después, el 13 de noviembre de 2020, la intervención militar marroquí en Guerguerat provocó la ruptura del alto el fuego vigente desde 1991. El Frente Polisario anunció la reanudación de la lucha armada, poniendo fin a casi tres décadas de tregua durante las cuales Naciones Unidas no había conseguido celebrar el referéndum de autodeterminación previsto.

Estos episodios, separados por décadas, reflejan la persistencia de un conflicto sin resolver y las consecuencias de mantener indefinidamente bloqueado el derecho de un pueblo a decidir su futuro.

La no renovación de la MINURSO agrava la incertidumbre

Este 51 aniversario llega en un momento especialmente preocupante. El pasado 30 de octubre, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no logró aprobar ninguna de las dos propuestas presentadas para renovar el mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO).

El proyecto impulsado por Estados Unidos, que contemplaba modificar la denominación de la misión y reforzaba la referencia a la autonomía bajo soberanía marroquí, fue vetado por Rusia. Una segunda propuesta, presentada por Rusia para prorrogar la misión sin introducir esos cambios, tampoco obtuvo los votos necesarios.

Como consecuencia, el mandato de la MINURSO expiró el 31 de octubre de 2026 sin ser renovado. Creada en 1991 para supervisar el alto el fuego y preparar la celebración de un referéndum de autodeterminación, la misión ha llegado al final de su mandato sin haber cumplido el objetivo que justificó su establecimiento.

La falta de acuerdo en el Consejo de Seguridad constituye un grave retroceso y abre un escenario de incertidumbre sobre la continuidad de los mecanismos internacionales de supervisión del conflicto.

En un territorio donde las hostilidades se reanudaron en 2020, el debilitamiento de la presencia internacional puede aumentar el riesgo de nuevos enfrentamientos y dificultar todavía más la búsqueda de una solución pacífica.

No puede descartarse un recrudecimiento del conflicto si persisten el bloqueo político, la ausencia de garantías y la incapacidad de la comunidad internacional para ofrecer una salida conforme al derecho internacional.

El fracaso de la MINURSO en la celebración del referéndum no puede convertirse en el abandono definitivo del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.

Una responsabilidad de Estado que no termina con una legislatura

La conmemoración de este aniversario coincide con la campaña de las elecciones generales que se celebrarán en España el próximo 29 de noviembre.

Esta circunstancia recuerda que la responsabilidad histórica española respecto al Sáhara Occidental no corresponde exclusivamente a un Gobierno ni puede quedar condicionada por los resultados electorales.

Durante más de cinco décadas, gobiernos de distinto signo político se han sucedido en España sin que se haya culminado el proceso de descolonización del territorio.

En marzo de 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez modificó la posición tradicional española al considerar la propuesta marroquí de autonomía como la base más seria, creíble y realista para resolver el conflicto.

Desde Cantabria por el Sáhara consideran que aquella decisión supuso un grave retroceso en la defensa del derecho de autodeterminación, al respaldar una propuesta que contempla la autonomía dentro de Marruecos, pero no la independencia del Sáhara Occidental. Sin embargo, la responsabilidad española es anterior a aquel giro político y seguirá existiendo después de las próximas elecciones.

Las relaciones diplomáticas con Marruecos, los intereses económicos y comerciales o las consideraciones estratégicas no pueden situarse por encima del respeto al derecho internacional.

España, como antigua potencia colonial, tenía la responsabilidad de culminar la descolonización del Sáhara Occidental. Conoció la penetración militar marroquí de 1975 y firmó unos acuerdos que no podían disponer legítimamente de la soberanía sobre el territorio ni de los derechos de su población.

Esa responsabilidad histórica y política no desaparece con el paso del tiempo ni puede considerarse saldada mediante la cooperación humanitaria con los campamentos de población refugiada o con la concesión de la nacionalidad española bajo determinadas condiciones.

51 años después, la descolonización sigue pendiente

Desde Cantabria por el Sáhara reiteran nuestro compromiso con la defensa de los derechos del pueblo saharaui y reclaman al Gobierno que salga de las urnas una implicación activa en la búsqueda de una solución justa y duradera.

Consideran imprescindible que España contribuya a restablecer mecanismos internacionales eficaces de supervisión del conflicto, promueva la protección de los derechos humanos en los territorios ocupados y defienda un proceso político que garantice el ejercicio efectivo del derecho de autodeterminación.

Reclaman igualmente a Naciones Unidas y a los miembros del Consejo de Seguridad que adopten medidas para evitar un vacío de supervisión internacional y prevenir una nueva escalada de las hostilidades.

Reiteran también su solidaridad con la población saharaui que vive bajo ocupación, con quienes llevan décadas resistiendo en los campamentos de población refugiada, con las personas encarceladas por defender sus derechos y con todas aquellas que siguen reivindicando pacíficamente un futuro en libertad.

Han pasado 51 años desde la Marcha Negra y los Acuerdos de Madrid. Más de medio siglo de exilio, ocupación, guerra, promesas incumplidas y oportunidades perdidas.

El pueblo saharaui no puede seguir condenado a una espera indefinida mientras los intereses geopolíticos se imponen sobre sus derechos.

51 años después, la descolonización sigue pendiente. El derecho a la autodeterminación sigue vigente. Y la responsabilidad de España sigue siendo ineludible.