Las reacciones por parte del socio del PP en el Gobierno municipal, Ciudadanos, y de todos los grupos de la oposición, no se ha hecho esperar, ante lo que es un nuevo bloqueo in extremis de los populares para impedir que se celebre una Comisión de Investigación que ha sido solicitada y votada por todos los demás partidos de la Corporación municipal en repetidas ocasiones, ya desde que se planteara la modificación del Reglamento del Pleno a finales de 2021.

Ceruti: «Aberrante es mirar para otro lado cuando se está incumpliendo un contrato de 170 millones de euros»

«Aberrante es mirar para otro lado cuando se está incumpliendo un contrato de 170 millones de euros», ha manifestado el portavoz municipal de Ciudadanos, Javier Ceruti, ante las manifestaciones del portavoz del Partido Popular sobre el acuerdo plenario para contratar un abogado y un procurador externos «ojalá hubiera puesto la mitad de empeño en exigir que su antigua empresa cumpliera el contrato de basuras».

Ceruti considera que el único espectáculo lo está ofreciendo un Partido Popular «empeñado en hacer cada vez más evidente que tienen mucho que esconder respecto a los reiterados incumplimientos de la anterior concesionaria del servicio de recogida de basuras. Ni siquiera han tenido el menor reparo en utilizar los servicios municipales en contra de la mayoría de la Corporación».

El portavoz de Ciudadanos ha subrayado que el PP ha vuelto a invadir competencias de su socio de gobierno comunicando las gestiones de la Concejalía de Contratación sobre el acuerdo plenario que proponía acudir a profesionales del Derecho externos, en vez del personal del Servicio Jurídico. «Esa Concejalía la gestiona Ciudadanos, y una vez constatado a través de informes de la propia Concejalía y de los Servicios Jurídicos que ese acuerdo no se podía llevar a cabo en esos términos, se ha llevado a Junta de Gobierno con total normalidad».

«El PP monta todo este escándalo porque pretende tapar la montaña de basura que se ha acumulado desde 2012 y que han intentado tapar primero negando la evidencia. Después, cuando les hemos obligado a cumplir su obligación de sancionar y resolver el contrato, negándose a explicar no a nosotros o al resto de grupos sino a los santanderinos por qué el Partido Popular permitió el reiterado incumplimiento del contrato sin hacer nada, a pesar de que disponían de informes que así lo acreditaban».

Finalmente, Ceruti le ha recordado al portavoz del PP que «de informes contrarios y desfavorables sabe mucho el señor Díaz. Cuando es para escurrir el bulto como ahora se aferra a ellos como clavo ardiendo, cuando esos informes le dicen a él y a sus compañeros que deben hacer cumplir un contrato nada menos que de 170 millones, la cosa cambia».

Ceruti utilizaba la palabra aberrante porque es la misma que usaba César Díaz para referirse a la actitud del resto de partidos del Pleno, considerando que el único objetivo que tienen es «atacar políticamente al PP». Se refería al hecho de que se aprobase en el último Pleno la contratación de un letrado y un procurador externos «“cuando existen suficientes y reconocidos profesionales en el Consistorio para llevar a cabo la defensa de la Corporación municipal”.

Incluso VOX ha contestado a esto en particular, diciendo que el Reglamento de Asesoría Jurídica tiene contemplado que eso se pueda hacer. Este partido, que se ha asociado con el Gobierno municipal para cuestiones como los Presupuestos (no en 2022), califica de «cínica» la actitud del PP y también dijo su concejal, Guillermo Pérez-Cossío, que “lo que resulta aberrante es politizar los servicios jurídicos para que, faltando a la objetividad, no sirvan a los intereses municipales sino a los intereses partidistas de la Alcaldía y de los concejales del PP que impugnaron el acuerdo de creación de las comisiones de investigación”.

El PSOE habla de «atentado contra la democracia»

El portavoz del PSOE de Santander, Daniel Fernández, considera que esta nueva jugada del PP es «ilegal». «Sabíamos que el PP estaba dispuesto a todo para evitar la Comisión de Investigación, porque tienen pánico a que se conozca toda la verdad de lo que ha pasado con el contrato de las basuras para que la ciudad esté más sucia que nunca».

Sin embargo, los socialistas creen que ahora ya se han dado pasos que no esperaban. «Lo que no podíamos esperar que pudiera llegar a cometer actos ilegales a sabiendas. Y la alcaldesa lo ha hecho», afirma Fernández. Y prosigue: «Gema Igual ha cometido un grave error y esperamos que lo pague en dos frentes: en los tribunales, porque lo que ha hecho es ilegal, y en las urnas, porque se está vulnerando la voluntad de la mayoría de los santanderinos».

Este martes es cuando debía constituirse la Comisión de Investigación, pero desde el PP han esperado a la víspera para activar el mecanismo que les quedaba para evitar que comenzara. Sin embargo, en el PSOE reiteran que se trata de una ilegalidad: «la suspensión de la Comisión de Investigación es ilegal, como pondremos de manifiesto este mismo martes en la Junta de Portavoces».

Teniendo en cuenta esas reiteradas votaciones en distintos Plenos municipales para que se produjera la comisión, de manera pública además (ayer el PSOE reclamaba su retransmisión como se hace con los Plenos), Fernández no duda en declarara que esto «es un atentado contra la democracia, es un montaje ilegal, es un atropello contra el Pleno y contra la mayoría de lo santanderinos. Y es un escándalo político sin precedentes, el mayor escándalo político de la democracia en Santander», concluye.

UxS asegura que la actitud del PP es propia de “una organización mafiosa”

“La actitud del Partido Popular es una estafa a los santanderinos, a los que les niegan cualquier tipo de explicación sobre el desastre al que han sumido los servicios públicos en Santander”. Con estas palabras ha calificado el concejal de Unidas por Santander (UxS), Miguel Saro, la última maniobra del Partido Popular para paralizar la creación de una Comisión de Investigación que analice en profundidad el anterior contrato de recogida de basuras y limpieza viaria.

“Esto refleja la esencia misma del PP de Santander, una mentira absoluta llena de bailes en agosto y photocalls, mientras dejan los servicios públicos en la mierda más absoluta”, ha calificado Saro, que ha comparado la actitud del equipo de Gobierno sobre el control y fiscalización de los daños que han provocado a los santanderinos, con “una organización mafiosa”.

“El PP presenta un recurso que acepta el propio PP para negarse a investigar los contratos del PP, es una burla, un chiste”, ha reclamado el edil, para quien esta es una prueba más de la connivencia del partido del Gobierno en la degradación de los servicios públicos y el robo de las arcas santanderinas.

“Con esta jugada demuestran ser una organización montada exclusivamente para robar a los santanderinos, y asegurar que ese robo y ese latrocinio no sea jamás investigado”, ha denunciado Saro.

Comunicado del Gobierno municipal

La convocatoria de la comisión de investigación respecto al contrato de recogida de residuos y limpieza se mantendrá suspendida temporalmente hasta que se resuelva el recurso contra la misma presentado por la concejal Margarita Rojo, como miembro de ese órgano, y en el que se solicita, además, la suspensión cautelar de esta convocatoria. Así lo anuncia el Ayuntamiento de Santander en un comunicado remitido a los medios de comunicación.

De acuerdo con el informe emitido por la Asesoría Jurídica Municipal, explican que procede suspender la convocatoria de la comisión, “a tenor del tipo de vicios invocados, de la posible irreparabilidad de los perjuicios que se producirían, así como de la correspondiente ponderación de los intereses en liza, y en cuanto no recaiga la resolución del procedimiento respecto al fondo del asunto”.

Según la citada nota, el informe jurídico estima que se puede constatar que la ejecución del acto administrativo objeto de la impugnación (la convocatoria de la comisión) puede tener una incidencia lesiva sobre los derechos de la concejala recurrente y que tales perjuicios podrían resultar irreparables.

“Entendemos que, mientras que la suspensión cautelar de la convocatoria podría evitar otros daños y no impediría constituir más tarde la Comisión de Investigación (restando, además, varios meses hasta el fin del mandato de la Corporación); en cambio, en el caso de estimarse el recurso, sin que se haya suspendido previamente la eficacia del acuerdo, los perjuicios causados a la recurrente y a terceras personas (la propia alcaldesa, los grupos políticos y el resto de ediles) ya no tendría fácil reparación o podrían verse afectados de forma irremediable”, recoge el informe de la Asesoría Jurídica Municipal.

Recuerdan que A esto se une el hecho de que aún se encuentra pendiente de ser resuelto el recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo del Pleno de 29 de julio de 2022, lo que puede hacer que pierda todo sentido la convocatoria emitida por la alcaldesa para la constitución del órgano, en el caso hipotético de que aquel resultase finalmente anulado y no se crease, por tanto, dicha Comisión de Investigación.

Por todo ello, añaden, la Asesoría Jurídica Municipal estima que debe ser admitido a trámite el recurso contra la convocatoria de la comisión y ser la alcaldesa en quien recaiga la resolución del mismo y la adopción de la medida de suspensión cautelar, dado que es la titular del órgano (presidenta de la Comisión) que ha dictado el acuerdo que se impugna.

Igualmente, entiende oportuno que dicha resolución final se emita una vez que se conozca el pronunciamiento del Pleno acerca del recurso de reposición interpuesto por el concejal César Díaz, como portavoz del grupo municipal popular, contra el acuerdo de creación de la comisión.

Por otro lado, la Secretaría General del Pleno ha emitido una nota de conformidad con respecto al contenido del informe jurídico sobre la suspensión cautelar de la convocatoria de la comisión de investigación del contrato de limpieza.

De esta manera, y basándose en estos criterios, la alcaldesa, como presidenta de la comisión de investigación, ha adoptado la resolución de admitir a trámite el recurso de reposición presentado por Margarita Rojo, suspender temporalmente la convocatoria de la comisión en tanto en cuanto no recaiga la resolución del procedimiento respecto del fondo del asunto y notificar dicho acuerdo a los miembros de la Comisión.

Igualmente, según explica el equipo de gobierno, está previsto dar traslado de todo ello a la Junta de Portavoces.