El activismo por la vivienda digna plantea de nuevo una acción en la calle para denunciar el punto en que se encuentra el asunto del acceso a un hogar, con muchas familias preocupadas por cómo evoluciona la situación.

La PAH de Santander llama a ir este miércoles por la tarde, a las 18:00, a la sede de Gesvican, situada en la calle Juan de Herrera nº4 de la capital de Cantabria. La intención es demandar medidas que sean realmente efectivas para que cambie la deriva actual, donde la cantidad de viviendas destinadas al turismo turístico y la subida de precios del alquiler complican la vida a numerosas familias.

Cacerolada 18 de junio a las 18 h C/ Juan de Herrera! Únete RT
El problema no es la ocupación y poner una oficina antiocupacion.
La dificultad radica en la
falta de vivienda asequibles y tener una oficina habicional que no ofrece respuestas. pic.twitter.com/1Zmx0JSwKb

— PAH Santander (@PAH_Santander) June 16, 2025

Hace referencia la PAH en su convocatoria, realizada mediante las redes sociales, a la ineficacia de la Oficina de Emergencia Habitacional. Su papel debería ser el de poder ofrecer una vivienda a una familia que se queda sin la suya. Sin embargo, esto hay varias veces que no sucede, porque no tiene suficientes inmuebles para poder alojar a personas desahuciadas.

También se refiere a la decisión del Ayuntamiento de Santander de abrir una oficina contra la ocupación ilegal de viviendas. Critican que esa sea la visión de una administración pública, porque no es forma de atacar el problema real.

Precisamente, hoy se ha conocido el informe del Consejo General del Poder Judicial sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales referente al primer trimestre de 2025, en el que se refleja que ha habido 67 lanzamientos de vivienda y sólo dos denuncias por ocupación.

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El activismo por la vivienda, no sólo a través de la PAH, sino también con la Asociación Stop Desahucios o la Red Antidesahucios, sigue poniendo el foco en varios temas que afectan directamente a la cuestión del derecho constitucional a la vivienda.

Por un lado, creen que no se atiende, de manera efectiva, a las situaciones de vulnerabilidad. Si están acreditadas mediante informe de un ayuntamiento, deberían ser suficientes para frenar un desahucio, en virtud del Decreto anticrisis que aprobó el Gobierno central durante la pandemia y que cuenta con varias medidas que se han venido prorrogando desde entonces en el Congreso de los Diputados. Una de ellas es la de que no se desahucie a familias vulnerables.

También han puesto el acento en que los desahucios cuentan con dispositivos policiales cada vez más amplios y que se presentan cada vez más pronto en las viviendas que se ha decidido, judicialmente, desahuciar. Las convocatorias de los lanzamientos de vivienda suelen ser programados a las 9 o las 10 de la mañana, pero las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se presentan en la dirección indicada incluso antes del amanecer, tres o cuatro horas antes de la llegada de la comitiva judicial que procede al desahucio. A esto se añade que, en varios casos, se ha procedido a multar a los activistas que pretenden apoyar a las familias desahuciadas, en virtud de la conocida como Ley Mordaza.

La falta de inmuebles no es algo que afecte únicamente a la Oficina de Emergencia Habitacional, sino que se trata de un problema que se va volviendo estructural. Aunque haya administraciones que apunten en la dirección de la necesidad de construir vivienda protegida, esa solución no es rápida, no es válida para las necesidades actuales, porque aumentar el parque público es algo que podría producirse dentro de algunos años. La falta de disponibilidad de vivienda es algo que está sucediendo ahora.

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A esto está ayudando la proliferación de pisos para uso turístico, que se cuentan por miles sin necesidad de salir de Santander y que redundan en la escasez de oferta y, a la vez, en la subida de precios. Aún se está esperando a que haya una normativa autonómica que regule este tipo de inmuebles, y también que se vayan identificando aquellos que operan de manera ilegal.

La suma de todas las circunstancias va complicando una situación que deriva en lo contrario de lo que es el espíritu del artículo 47 de la Constitución, que valida el derecho a la vivienda y llama a las administraciones públicas a hacerlo verdadero y a impedir la especulación con el suelo. Esto es algo que el activismo por la vivienda viene reclamando desde hace varios años, especialmente desde que comenzara la crisis económica y financiera de 2008, que es cuando el drama de los desahucios empezó a intensificarse.