La Audiencia Provincial de Cantabria celebra esta semana dos vistas orales centradas en delitos de violencia de género y agresiones sexuales, según la agenda hecha pública por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que se suman al goteo semanal de casos en esta línea.

El miércoles, 25 de junio, a las 10:00 horas, está señalado un juicio en la Sección Tercera contra un hombre acusado de agresión sexual a su compañera de piso. Los hechos, según el escrito de acusación del ministerio público, ocurrieron mientras la mujer dormía bajo los efectos del alcohol. El acusado accedió a su habitación, comenzó a tocarla sin consentimiento, y pese a las reiteradas negativas verbales de la víctima, terminó consumando la agresión.

La fiscalía califica los hechos como un delito de agresión sexual y solicita diez años de prisión, así como doce años de alejamiento y prohibición de comunicación con la mujer, cinco años de inhabilitación para ejercer profesiones que impliquen contacto con menores y ocho años de libertad vigilada tras el cumplimiento de la pena. En concepto de responsabilidad civil, se pide una indemnización de 15.000 euros por daños morales y secuelas psíquicas. La acusación particular eleva la petición a 20.000 euros.

Por otra parte, el jueves, 26 de junio, a las 11:30 horas, se celebra otro juicio en la misma sección contra un hombre acusado de intentar asesinar a su pareja, en lo que la fiscalía considera un delito de homicidio en grado de tentativa. Según el relato del ministerio fiscal, el acusado, bajo los efectos de drogas y en un «alto estado de agresividad», intentó asfixiar a la mujer introduciéndole en la boca varias medias enrolladas y fijándolas con cinta adhesiva. Posteriormente, intentó asfixiarla con una almohada y estrangularla con un cable mientras le decía: «te voy a matar».

La fiscalía estima que el hombre padecía esquizofrenia y sufría un brote psicótico durante los hechos, por lo que solicita su absolución con eximente completa por alteración psíquica, proponiendo su internamiento en un centro psiquiátrico durante ocho años, así como una medida de libertad vigilada de diez años. Esta medida incluiría la prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima, además de la obligación de seguir tratamiento psiquiátrico. La acusación particular, sin embargo, niega que existan eximentes y solicita una pena de seis años de prisión, junto a las medidas de protección e indemnización para la mujer.

Estos procedimientos se enmarcan dentro de una realidad judicial que refleja la persistencia de la violencia machista. En la mayor parte de los casos, las denuncias fueron presentadas por la propia víctima, aunque también por intervención de cuerpos policiales o servicios sociales. Los agresores, en su mayoría, son personas cercanas a la víctima: sus parejas o exparejas, familiares directos o parejas de los familiares, vecinos, profesores, entrenadores…

Desde instituciones y entidades sociales se insiste en la necesidad de reforzar la prevención, la protección a las víctimas y la formación especializada de los operadores jurídicos para abordar estas violencias desde una perspectiva de derechos humanos y con garantías de reparación.

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