Hace ya cinco meses que trascendió, publicada por EL FARADIO, la condena por dos delitos de violencia de género a Francisco Javier Gallego, policía local de Santander que lleva varias legislaturas ejerciendo funciones de asesor, primero para la Concejalía de Festejos, ahora para la de Barrios.

Cuando trascendió, y ante las lógicas críticas de la oposición municipal y de las asociaciones feministas integradas en la Comisión 8 de Marzo, la defensa del Ayuntamiento fue negar la mayor: que se tratara de un asesor: el PP insistía, y lo ha hecho hoy en declaraciones a la agencia de noticias Europa Press, en que era un funcionario (aferrándose a su condición de policía local, que lleva sin ejercer desde que empezó a asumir esas responsabilidades).

Más allá del argumentario, lo que refleja la documentación, es decir, la realidad, es que Gallego es un cargo de libre designación, cuenta con un notable complemento económico  de 20.000 euros que eleva su nómina respecto a la que percibiría como policía local y tiene unas funciones definidas que incluyen áreas tan importantes para el Ayuntamiento –y para la forma de entender la gestión municipal que tiene el PP–como el contacto directo con las asociaciones vecinales o la organización de festejos y eventos, incluyendo la contratación de artistas o carpas.

En las visitas a los barrios, la actitud es la de un co-concejal en plano de igualdad con la responsable de Barrios, recabando opiniones de los dirigentes vecinales próximos y habituales, si bien desde que arreció la sentencia y las críticas ha desaparecido de las fotos, la única medida tomada hasta la fecha por el PP –partido del que el policía se declaraba en sus redes sociales entusiasta en plena campaña, así como amigo personal de la alcaldesa–

El asesor condenado por violencia de género se presentaba en redes como amigo de la alcaldesa, compañero de concejalas y entusiasta del PP

Sus argumentos llegaron a incluir que no trabajaba en el Ayuntamiento porque no pisaba el edificio del Ayuntamiento (su trabajo incluye visitas a barrios y logística de eventos), y la alcaldesa sorprendió anunciando que encargaría un informe jurídico para saber cómo se cesa a un cargo de estas particularidades. Sorprendió por el desconocimiento de un trámite –cesar a un cargo de sus funciones, o suspenderle–que desde luego no es una excentricidad Igual lleva dos décadas en el Ayuntamiento, desde que entró como concejala y dos legislaturas como alcaldesa.

Cinco meses después, parece que el informe jurídico existe, pero el PP de Santander no lo suelta, y menos a oposición municipal y asociaciones feministas, como ha denunciado el PSOE tras la reunión de este viernes del Consejo de Igualdad.

El papel de desconocer –o contar que desconoce, o ganar tiempo hasta que se elabore realmente el informe— sobre este asunto, le ha tocado, según ha relatado la concejala socialista Toñi Mora, a la concejala de Igualdad, Zulema Gancedo: desde su área se lanzan cada 8M ó 25N campañas de sensibilización que inciden en la importancia de detectar a tiempo los signos que acaban llevando a la violencia de género o que llaman a no tolerar ningún caso, o que la semana pasada ‘fardaba’ del despliegue de puntos violeta contra las agresiones sexuales, otra manifestación de la violencia machista–

“Hace falta coherencia y acción”: cuando el Ayuntamiento de Santander animaba a no mirar hacia otro lado con la violencia de género

Según ha explicado la portavoz adjunta y concejala del PSOE de Santander, Toñi Mora, “las asociaciones representadas en un ente concebido para fomentar la participación de las organizaciones que trabajan por la igualdad y contra la violencia de género han vuelto a insistir en que el trabajador sea apartado de inmediato de esas funciones, pero la alcaldía se escuda en un informe jurídico que ni comparte ni explica.

“Si de verdad existe, que lo publiquen y digan qué dice. Hasta que no se haga público, ese informe jurídico es solo una excusa: hoy por hoy lo único que hay es la decisión personal de la alcaldesa de mantener a este trabajador en funciones de confianza. Y esa decisión es política, no jurídica”, señala Mora, conocedora del funcionamiento de la administración pública ya que ha sido durante años directora del ICASS, el Instituto Cántabro de Servicios Sociales.

El caso está llevando a unas y otras a tener que explicarle al Ayuntamiento y al PP cuestiones básicas de funcionamiento de la administración –como que el cese de un cargo de libre designación puede hacerse siempre y cuando se aporte una justificación, como la interpretación de que sus funciones ya no son necesarias, aunque

Así, Mora ha recordado que no se trata de cesar a un funcionario de carrera, sino de retirarle las tareas que le fueron atribuidas por libre designación: “Representar al Ayuntamiento en reuniones vecinales, coordinar eventos y actuar como interlocutor político son funciones que dependen exclusivamente de la voluntad de la alcaldesa. Mantener en ese cargo a un condenado por violencia de género es su decisión, y esa decisión la retrata”, insistía.

La propia Igual, por cierto, avaló hace meses retirar a un policía del servicio –otra cosa que se puede hacer con un cargo— sin siquiera mediar sentencias, simplemente una sentencia.

Igual avaló apartar a un policía local del servicio por sospechas de filtrar información mientras estudia como cesar a un cargo de libre designación por dos condenas de violencia de género

En este caso, se está dando también desde los entornos cercanos el argumento que considera que la sentencia, contra la que cabía recurso, no cabe considerarla como real, al no ser firme, interpretando de esta forma una primera sentencia como una especie de borrador en lugar de la realidad jurídica existente en este momento. Ese argumento impediría muchos ceses o dimisiones en otras cuestiones, autonómicas o estatales, en las que ni siquiera ha habido juicio–

TRANSPARENCIA FRENTE A INCOHERENCIA

Además, la concejala socialista ha considerado que la posición del PP “es totalmente incoherente con los minutos de silencio que guarda por las víctimas” –en los que ha llegado a participar el condenado–.
Y ha lamentado que, en un órgano como el Consejo de Igualdad, seguramente el más adecuado para abordar el tema con detalla, la concejala no haya ofrecido ninguna explicación: “Se proclama la tolerancia cero con la violencia machista, pero a la hora de la verdad se mantiene en la estructura municipal a una persona condenada por maltrato y amenazas. Eso es complicidad institucional”.

Por último, Toñi Mora ha reiterado el respaldo del PSOE a las asociaciones y ha exigido a la alcaldesa que actúe “con transparencia y con coherencia”:“ no basta con proclamar principios, hay que aplicarlos. Santander merece un Ayuntamiento que sea ejemplo de tolerancia cero frente a la violencia de género, no un gobierno que esconde informes y se contradice con sus propias palabras. Y en esto estamos de acuerdo con las asociaciones: hay que cesar ya esas funciones de confianza”.