UGT ha elaborado un informe que pretende servir de radiografía sobre el problema de la vivienda en España. Han estado buscando datos de numerosas ciudades españolas, desde las más caras, como San Sebastián, Madrid o Barcelona, hasta otras con precios mucho más asequibles, como Cáceres, Murcia, Gijón o Santander. Se ha buscado el precio medio de un alquiler y una hipoteca en esos municipios y también el salario medio por cada sector productivo, para ver cuánta parte de un salario hace falta para afrontar ese gasto.

La conclusión a la que llega UGT con los datos recabados es que, en el mejor de los casos, hace falta un 30% del sueldo para hacer frente a la letra o al alquiler. En los peores casos, un salario no es suficiente para tener una vivienda digna.

Valentín Fernández, secretario ejecutivo de UGT Cantabria, afirma, en una entrevista concedida a EL FARADIO, que no se está consiguiendo compensar la subida del precio de la vivienda con las subidas de salario que se consiguen en la negociación colectiva.

En el caso concreto de Cantabria, la economía está pivotando, cada vez más, en torno al sector servicios, donde, «por regla general, los salarios son menores» y las condiciones más precarias, pese a las mejoras logradas con la reforma laboral. Sin embargo, como ya ha explicado muchas veces el sindicato, la contratación indefinida es mucho menor en esta Comunidad que en el conjunto del Estado, y eso lastra a la clase trabajadora. Eso dificulta el poder compensar con los salarios las subidas de la vivienda.

«En las negociaciones de los convenios colectivos para la mejora de las condiciones de los trabajadores y trabajadoras podemos tener margen de influencia pero claro también somos conscientes que por mucho trabajo que pongamos en esos convenios, por mucha presión que ejercitamos en esos sectores va a ser muy difícil si no se ha dado otro tipo de medidas que corrija la realidad de la situación que se vive en cuanto a la vivienda», explica Fernández.

Por esto en UGT creen que «el Estado tiene mucho que decir» en esta cuestión. El coste de la vivienda se hace inasumible para cada vez más familias. La subida del IPC, que es la referencia principal en la mayoría de negociaciones salariales, se hace pequeño en comparación con la revisión de los precios del alquiler o si se quiere firmar una hipoteca que ya no concede el 100% del coste de la compra de un inmueble, algo que ha ido empujando a muchas familias en los últimos años hacia el mercado del alquiler.

Fernández estima que, del mismo modo que se atienden cosas como los gastos energéticos de una familia, el Estado «no puede ser ajeno» a esta realidad. Y, sobre todo, si se mira hacia los jóvenes, con muchas más dificultades que antes para poder independizarse.

El sindicato denuncia que se están alquilando inmuebles «con unos precios abusivos» y algunos que ni siquiera tienen las condiciones habitacionales mínimas, como puedan ser porterías o locales destinados al ámbito comercial.

Al hacer referencia al Estado, UGT piensa en el Gobierno central, pero también en las Comunidades Autónomas, que disponen de una Ley de Vivienda para actuar, y son muy pocas las que actúan. Fernández cree que es una Ley que no sirve para solucionar por completo el problema, pero sí añade herramientas para contener las subidas de precios, y muchas Comunidades «van por libre y están haciendo la guerra por su cuenta», sin adoptar medidas útiles.